Programa de Gobierno 2022-2026

Agenda para transformar Andalucia

1.1 Fiscalidad y Financiación Autonómica

Tras las secuelas de la crisis anterior, que generó más desigualdad y que concentró la riqueza en pocas manos, llegó la crisis mundial desencadenada por la pandemia de la Covid-19. Desde los poderes públicos se entendió que las recetas de salida de la crisis anterior no valían para esta. Por ello, desde el Gobierno central se aumentaron las transferencias a las comunidades autónomas y se pusieron en marcha un paquete de medidas de escudo social para proteger a la ciudadanía y al tejido empresarial.

Sin embargo, el Gobierno andaluz no ha sido capaz ni de ejecutar la totalidad de las ayudas recibidas, ni de poner en marcha una fiscalidad justa, ni un modelo económico próspero y sostenible en el tiempo.

Bajo la premisa del agravio a Andalucía, el cinismo del Gobierno de las derechas se define por pedir con una mano más financiación externa, mientras que con la otra se dedica a amparar el escaqueo fiscal de las rentas más altas.

La “bajada masiva de impuestos” es una política a contracorriente que ataca a los principios constitucionales y el Estatuto de Autonomía en lo relativo a la progresividad que ha de caracterizar al sistema fiscal. Andalucía lleva sufriendo la misma durante más de cinco años, cuyo resultado es la contradicción de amparar que ser rico sale cada vez más barato, mientras que se siguen agudizando los problemas de desigualdad, paro o precariedad.

Para el próximo ciclo va hacer falta tener altura de miras para afrontar las secuelas de las crisis previas y combatir las consecuencias económicas y sociales derivadas de la Guerra de Ucrania iniciada por la invasión de Rusia, que, además de una desgarradora crisis humanitaria, está provocando un duro impacto en la economía internacional.

  1. Llevar a cabo una reforma fiscal que permita recuperar el principio de progresividad fiscal y la capacidad recaudatoria, recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, para garantizar unos servicios públicos de calidad:
    1. Presentar proyectos de ley de fiscalidad ecológica (emisiones de gases de efecto invernadero, uso energías no renovables, la generación de residuos, especialmente los peligrosos, o los vertidos a aguas litorales, entre otros supuestos), actualización de fiscalidad al juego o tasas a las grandes superficies, así como fortalecer todos los mecanismos de inspección para luchar frente al fraude fiscal y la economía sumergida.
    2. Limitar por arriba las bonificaciones fiscales que se puedan llevar a cabo, estableciendo tramos para que las mismas sean graduadas según el nivel de renta: a menos ingresos más bonificaciones. Incorporar ajustes de cara al desarrollo de distintas estrategias: reto demográfico o la lucha frente al cambio climático.
    3. Incorporar bonificaciones de hasta el 90% en la ley de tasas por precios públicos para los servicios que se prestan al sector agroalimentario para aquellas explotaciones tradicionales, que fijan población en el medio rural y con una producción sostenible medioambientalmente.
  1. Trabajar por y para que se produzca la reforma del sistema de financiación autonómica en todos sus términos, que comprenda establecer un nuevo reparto que deje de ser lesivo para Andalucía, así como una apuesta por la armonización fiscal para garantizar la igualdad entre comunidades autónomas.
  2. Exigir un aumento del Fondo de Compensación Interterritorial recortado durante el gobierno de Mariano Rajoy.

1.2 Repensar el modelo económico Andaluz

El modelo productivo andaluz sigue basándose en sectores que presentan una gran vulnerabilidad ante la situación actual de crisis energética global, deterioro ambiental y crisis climática. Son sectores principales, la agricultura, el turismo o el comercio, los que están sufriendo más fuertemente estas problemáticas. Además, hay que tener en cuenta que son sectores en los que la precariedad y el subempleo se ceban especialmente. El Gobierno de las derechas ha acelerado una tendencia ya iniciada en los gobiernos anteriores del PSOE, con políticas que han esquilmado el rico patrimonio natural andaluz, han acosado con un urbanismo especulativo todo el frente litoral y no han cuidado de los recursos de los que dependen los y las agricultoras andaluzas, así como el sector turístico.

En Por Andalucía queremos promover una transformación profunda del modelo productivo, para caminar hacia un modelo que tenga su base en la sostenibilidad económica, medioambiental y social, más diversificado, con capacidad de avanzar paralelamente en salvar los problemas estructurales que padecen los sectores principalmente consolidados en nuestra tierra. Todo ello con el objetivo de lograr unos sectores generadores de estabilidad, calidad y aumento del empleo.

 Agricultura, Ganadería y Pesca

  1. Diseñar y aprobar la Ley de Agricultura, Ganadería y Soberanía Alimentaria, que establecerá la base sobre la que se sustentará el nuevo modelo agroecológico andaluz para:
    1. Delimitar los márgenes comerciales a lo largo de la cadena agroalimentaria, regular el uso de las marcas blancas o de distribuidor y definir las prácticas consideradas como abusivas.
    2. Regular el acceso a la tierra y su función social. Aprobar un plan de uso social de la tierra, que contemple la creación y desarrollo de un banco de tierras públicas, medidas para la cesión de la explotación en transición por abandono o jubilación del titular y la paralización de venta de suelo público andaluz de carácter rústico de interés agrícola y forestal.
    3. Establecer medidas de fomento para la reutilización de subproductos agrarios.
  1. Poner en marcha el Plan de Ordenación Agrícola y Ganadero dirigido a la gestión adecuada de los distintos territorios agrícolas o ganaderos, con el fin de evitar el uso especulativo de los mismos.
  2. Poner en marcha un programa de ayudas para la instalación, modernización y ampliación de las industrias de transformación en el sector agroalimentario.
  3. Poner en marcha un programa de protección y defensa de los sistemas de cultivos y la ganadería sostenibles y tradicionales ligados a la conservación del patrimonio agrario y puesta en valor de los servicios ecosistémicos que prestan.
  4. Desarrollar de forma planificada, contando con la participación de todos los agentes implicados, y sostenida en el tiempo, los dragados de los puertos pesqueros tradicionales en nuestra tierra.
  5. Favorecer desde las instituciones públicas, los canales cortos de comercialización de la producción agroganadera ecológica de temporada y cercanía llevando a cabo, entre otros, un programa de puesta en activo e instalación de cocinas y comedores en centros públicos (colegios, institutos, universidades, centros penitenciarios/ hospitales, etc.) para usuarios y familiares, con productos agroganaderos de cercanía.
  6. Prohibir el cambio de uso del suelo de secano o forestal para su utilización con explotaciones agrícolas o ganaderas de carácter superintensivo.
  7. Planificar en colaboración con los sectores productivos las especies, el número de hectáreas y las características de dichos productos para reducir al máximo los excedentes de producción que se tiran cada temporada por falta de demanda o para que no bajen sus precios.
  8. Desarrollar la Ley 16/2021, de Cadena Alimentaria, y cumplir desde el Gobierno andaluz con todas las obligaciones y objetivos previstos en dicha norma para garantizar precios justos, poner fin a la venta a pérdidas y acabar con otras prácticas abusivas que asfixian a la agricultura y ganadería andaluza. Para ello, es imprescindible aumentar el número de inspecciones para el control de prácticas abusivas y poner en marcha el observatorio de precios.
  9. Proveer partidas presupuestarias que aseguren la cofinanciación necesaria para ejecutar la totalidad de los fondos europeos disponibles para el Pilar II de la Política Agraria Común (PAC).
  10. Adecuar de forma urgente el Plan Forestal Andaluz a la nueva PAC y a la Estrategia Forestal Europea fomentando la participación de los sectores afectados (municipios, propietarios de terrenos, empresas y habitantes de las zonas), dotando de la financiación necesaria para fomentar proceder a la conservación y el aprovechamiento cuidadoso y razonable de los montes andaluces mediante actividades madereras, agroganaderas, micológicas, uso de aromáticas, turismo de naturaleza, etc.
  11. Apoyar la implantación de ecoesquemas atractivos en el marco de la PAC, teniendo en cuenta que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor superficie destinada a la producción ecológica (1.065.259 hectáreas).
  12. Asumir el compromiso de crear una partida presupuestaria suficiente para establecer medidas para el relevo generacional y la incorporación de la mujer en el campo.
  13. Dar prioridad en Andalucía el modelo de la agricultura y la ganadería tradicional, familiar y sostenible, que al estar ligada al territorio genera población y puestos de trabajo, que tiene como objeto la generación de rentas del trabajo y no del capital, así como garantizar la soberanía alimentaria, como elementos para mantener un medio rural vivo.
  14. Realizar una apuesta decidida por la ganadería extensiva y por las explotaciones familiares, dado que previenen los impactos en el territorio, en los consumos de agua, la gestión de residuos, la alimentación, entre otras cuestiones.
  15. Trabajar junto al sector de la pesca para que en la Unión Europea se fijen cuotas equilibradas, especialmente en la flota mediterránea, e impulsar un plan de ayudas para amortiguar la afección al sector de manera que se asegure la viabilidad del sector pesquero andaluz de cara al futuro, implantando además la figura del guardapescas, que ya existe en otras comunidades.
  16. Adoptar medidas para frenar la expansión de Rugulopterix Okamurae e impulsar ayudas directas a la pesca por las pérdidas ocasionadas por la propagación del alga invasora. Destinar además recursos públicos para invertir en el aprovechamiento de las algas invasoras en la elaboración de productos como cosméticos o plantillas de zapatos, en toda Andalucía.
  17. Garantizar medidas para la protección del producto y denominación de origen andaluz, así como los procedentes de la agricultura, la ganadería y la pesca ecológica.
  18. Proteger a los cultivos tradicionales, de alto valor ecológico, como el olivar en pendiente o la uva pasa de la Axarquía. Lograr el aprovechamiento forestal e impulso a la industria de transformación de estos productos.
  19. Remitir a la Mesa del Congreso de los Diputados una Ley que aborde el cultivo, consumo y comercio del Cannabis y sus derivados, para poner bajo control público esta sustancia y los recursos que genera, limitar el poder de las mafias e impedir el acceso a los menores de edad.
  20. Establecer una estrategia de recuperación y mantenimiento de las vías pecuarias que permitan la actividad ganadera y que impida la usurpación de estos caminos públicos, así como del restante patrimonio asociado a la ganadería y al pastoreo.

Turismo

  1. Poner en marcha una estrategia de recuperación del sector contando con todos los agentes que lo conforman, con recursos suficientes, con el máximo objetivo de convertir al turismo en un motor económico sostenible económica, social, medioambiental y laboralmente sostenible a través de las siguientes medidas:
    1. Aprobar el Plan de Calidad de Empleo en el Sector Turístico, con medidas tales como el impulso de un distintivo de Sello de Calidad del Empleo en establecimientos del sector obligatorio para el acceso a cualquier iniciativa pública.
    2. Aprobar el Plan de Acción sobre la seguridad en el empleo específico para el sector turístico, acompañado de un refuerzo de la inspección para asegurar su cumplimiento.
    3. Llevar a cabo programas de formación profesional y fomento de empleo enfocados en torno a la calidad o seguridad del empleo y de recualificación y/o recolocación en otros subsectores de la hostelería o en otros sectores productivos, al menos mientras se recuperan los niveles de actividad turística.
    4. Impulsar el papel de la negociación colectiva sectorial, las Comisiones paritarias de los Convenios y los espacios de participación y consenso de los agentes sociales, sindicales y patronales, para abordar las implicaciones laborales de la actual situación del sector.
    5. Vincular al mantenimiento del empleo, las medidas económicas y fiscales para las empresas como criterio transversal, situando el principio de que “hay que salvar las empresas para salvar los empleos”, incorporando en estas medidas a otros sectores que dependen en gran medida del turismo (taxis, lavanderías, empresas suministradoras, etc.).
  1. Impulsar una ley de viviendas turísticas, para regular de forma integral y sostenible la comercialización de estancias en viviendas turísticas, con el objetivo de lograr una oferta turística equilibrada, evitando la competencia desleal, la especulación inmobiliaria de grandes mercados, garantizando el cumplimiento de las normativas urbanísticas y preservando los derechos de la población residente.
  1. Impulsar la Ley Andaluza sobre Clasificación Hotelera en la que se establezcan servicios mínimos obligatorios en cada categoría de obligado cumplimiento y se incorporen los siguientes conceptos para la clasificación: huella en la calidad del empleo, estacionalidad, huella carbono (compra de cercanía), así como otras cuestiones que han sido demandadas en Mesa de Turismo.
  2. Poner en marcha el Plan Andaluz frente a la Estacionalidad Temporal y Territorial del Turismo que incluya, al menos las siguientes medidas:
    1. Duplicar el presupuesto de los apartados del Plan de Acción que tengan que ver con el turismo de Interior, el medioambiental y/o histórico-cultural.
    2. Poner en marcha, en coordinación con otras consejerías competentes, un paquete de inversiones planificadas en el tiempo en el patrimonio natural, histórico, etnográfico y cultural de Andalucía, que mejore los atractivos turísticos fuera de temporada veraniega.
    3. Llevar a cabo un programa de promoción del turismo rural sostenido en el tiempo.
    4. Impulsar medidas fiscales que beneficien exclusivamente a los establecimientos abiertos durante todo el año.
  3. Impulsar la Guía para las Entidades Locales para la gestión sostenible de las administraciones de sus espacios públicos y entornos, naturales y urbanos, en términos de cuidado, adaptación, limpieza, requisitos/protocolos de salud pública y seguridad, etc., estableciendo distintivos de carácter anual al cumplimiento de dicha guía.
  1. Desarrollar un inventario del suelo hotelero y de instalaciones turísticas en Andalucía, como base para la realización de cambios normativos que protejan el suelo de uso hotelero de operaciones especulativas.
  1. Potenciar el turismo gastronómico ecológico y el agroturismo, de la mano de mercados y productores locales, grupos de consumo y con el apoyo del sector hostelero.
  1. Lanzar un programa de ayudas públicas para la rehabilitación de edificaciones vacías y/o ruinosas, para su conversión en alojamientos rurales, destinado a aquellos municipios o núcleos urbanos de la denominada como Andalucía vaciada, estableciendo incentivos progresivos según el porcentaje de población perdida en los últimos 20 años.
  1. Desarrollar un plan vacacional que garantice el descanso a las personas sin ingresos o con ingresos limitados, a la vez que se refuerza los negocios locales andaluces. Su funcionamiento será similar al del Imserso, pero por rentas en lugar de por franjas de edad.

Comercio

  1. Recuperar el consenso en el seno de la Mesa Andaluza de Comercio, derogando las distintas normativas por las que se aumentan los días y zonas de apertura en festivo de las grandes superficies, por sus efectos negativos en el pequeño y mediano comercio andaluz. Incrementar las convocatorias de ayudas al asociacionismo comercial y los centros comerciales abiertos y mantener las campañas de promoción del pequeño y mediano comercio y vincular programas, como la tarjeta monedero, preferentemente a la compra en pequeños y medianos comercios.
  1. Derogar los Decretos-leyes de simplificación de 2020 y 2021 por sus efectos negativos en cuanto al pequeño y mediano comercio de Andalucía.
  1. Abrir un proceso de diálogo del conjunto de los agentes sociales del sector, desde el compromiso expreso con la “Alianza por el Comercio de Andalucía”, aprobada por unanimidad en el Consejo Andaluz del 23 de octubre de 2018 para actualizar y adaptar sus contenidos al escenario actual.
  1. Rectificar junto a los agentes predominantes en el sector (Comercio Andalucía) las ayudas a Centros Comerciales Abiertos y Asociacionismo Comercial duplicando la cuantía de la convocatoria.
  1. Ayudar al pequeño comercio limitando la concesión de licencias de grandes superficies y lobbies, promocionar el comercio de barrio sostenible, garantizar los recursos para el plan integral de comercio interior y convocar anualmente las ayudas a los centros comerciales abiertos.
  1. Presentar un nuevo proyecto de ley para la renovación del Decreto Legislativo 2/2012, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, elaborado a partir de las propuestas de las organizaciones y colectivos de comerciantes ambulantes de Andalucía.
  1. Desarrollar un plan de apoyo a las empresas (principalmente Pymes y autónomos/as) en sus esfuerzos por integrar sus establecimientos físicos con el comercio electrónico, especialmente las asociaciones empresariales que trabajan en plataformas comunes.

1.3 Cambio del Modelo Productivo Andaluz

La progresiva desindustrialización en Andalucía, y en especial en la Bahía de Cádiz o Jaén, se ha convertido en uno de los problemas más importantes de su economía y estructura social. Desde el cierre de Santana Motor hace 10 años en Linares o el cierre de Delphi hace 14 en Puerto Real, hasta la situación actual de la planta de Airbus en Puerto Real, Abengoa, Alestis y Aernnova, o las movilizaciones del sector del metal de Cádiz, Andalucía precisa de actuaciones urgentes para rescatar a uno de sus principales motores de riqueza y de empleo.

Hoy, la Junta de Andalucía no cuenta con una Estrategia Industrial eficaz, ni con un plan claro para recuperar toda la industria perdida, ni para impulsar la transformación del modelo productivo en nuestra tierra. Se han de explorar las posibilidades de otras industrias emergentes, que permitan reforzar la solidez del modelo productivo andaluz.

“Esto del cambio del modelo productivo no va conmigo”. Con esta afirmación del Consejero de Hacienda, actual gurú económico del PP, se resume todo. Han sido tres años en los que la pandemia se han ofrecido muchas oportunidades totalmente perdidas a la hora de abordar el necesario cambio del modelo productivo andaluz, debido principalmente a un gobierno sin voluntad alguna de poner los recursos de los que ha dispuesto y dispone aún, para ello.

Los Fondos Europeos de Recuperación, así como el diseño del Marco Europeo (FEDER y FEADER) 21-27, representan una gran oportunidad para Andalucía. No se puede permitir que una parte de estos fondos se estén guardando para mañana, sin atender las necesidades existentes a día de hoy.

Voluntad y recursos para cambiar el modelo productivo Andaluz

  1. Poner en marcha con la cooperación entre las diferentes administraciones y agentes sociales, la Estrategia Andaluza por el Cambio del Modelo Productivo, destinando para la misma tanto los recursos extraordinarios (más de 4.000 millones de euros en la actualidad) como ordinarios (Marco Europeo 21-27) para la generación de acciones propias, y para complementar y multiplicar las sinergias y efectos de las acciones que se van a impulsar desde el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que está llevando a cabo el Gobierno central directamente o a través de la colaboración público-publico con otras administraciones o público-privado a través de las distintas convocatorias.
  1. Impulsar de manera urgente un plan de choque, dotado con al menos 800 millones de euros extraordinarios, junto a la activación de otros fondos y recursos de los que ya se disponen recursos específicos, para hacer frente a las consecuencias de la crisis derivada del conflicto bélico ocasionado por la invasión rusa de Ucrania.
  1. Impulsar la aprobación de la Ley de Banca Pública Andaluza sujeta al control parlamentario, que intervenga directamente en el circuito del crédito, que oriente prioritariamente su actividad a dar crédito a las pymes, a nuevas inversiones de desarrollo generadoras de empleo y que pueda desempeñar todas las funciones bancarias. El gobierno de la Banca Pública debe estar inspirado por los principios de profesionalidad, independencia, responsabilidad social, banca ética, transparencia, participación y control social.

Diversificación de nuestra economía: Universidad, I+D+i, Transición Energética

  1. Poner en marcha un Plan Transversal por el Cambio del Modelo Productivo desde tres líneas fundamentales: la Universidad, con una financiación que paulatinamente en cinco años iguale a Andalucía con los niveles en inversión europea en I+D+i, como motor; la reindustrialización y la transición energética como correas de distribución; y la formación y profesionalización como herramientas fundamentales para romper la dinámica económica andaluza de dependencia estructural.
  1. Revertir los recortes producidos en los últimos presupuestos en el Programa de Investigación y desarrollo, 70 millones de euros (-14%) en 2021 y 150 millones de euros (-45%) en 2022, para a partir de ahí incrementar de manera gradual la inversión pública en I+D+i e incentivar la privada para converger con la inversión media europea per cápita.
  1. Llevar a cabo una campaña para que las empresas conozcan las oportunidades que les brindaría implementar programas de I+D+i y dedicar recursos a la investigación, al tiempo de impulsar un código ético y de buenas prácticas de obligada suscripción a empresas que reciban subvenciones públicas.
  1. Aumentar el número de contratos de captación y retención del talento, para transformar a Andalucía en un polo y atracción para investigadores e investigadoras en el ámbito público.
  1. Confeccionar el Plan Andaluz de Energías Renovables, que incluya toda la investigación, desarrollo, fabricación e instalación y que reduzca drásticamente el consumo de combustibles fósiles. En este plan andaluz se debe de contener las especificaciones de los incentivos para la instalación energética de autoconsumo y el desarrollo de comunidades energéticas.

Industria y empleo verde

  1. Poner en marcha una Estrategia Andaluza para la diversificación e industrialización de Andalucía dirigiendo a ello los fondos extraordinarios de recuperación y los ordinarios también, consignando el 50% de los fondos que corresponden a la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) y que cuente con el impulso de un Observatorio Andaluz para la Diversificación Industrial, que planifique, diseñe y oriente a las empresas en el impulso de un nuevo modelo productivo industrial y energético ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente justo. Observatorio que será el encargado de orientar los recursos de forma transversal de todas las consejerías en este sentido.
  1. Aprobar un plan de reindustrialización verde con inversión masiva en sectores esenciales y estratégicos, a través de equipos y componentes de energías renovables, química verde, materiales para la rehabilitación energética, vehículos para el transporte público y la movilidad urbana sostenible, a partir de la Ley de Economía Circular y la completa descarbonización de la economía.
  1. Dotar con recursos la estrategia aeroespacial y naval en Andalucía, para asegurar el empleo, transitando a una diversificación de los sectores en el marco de una economía que prime los usos civiles en lugar de los usos armamentísticos.
  1. Apoyar el apoyo al sector minero, bajo el respeto con el medioambiente y los objetivos de la transición ecológica.
  1. Evitar cierres, EREs, y deslocalizaciones de empresas que hayan recibido fondos públicos o estén dando beneficios, a través de medidas de ámbito legal y administrativo, penalizando a estas empresas e impidiendo su concurrencia a futuros incentivos y contratos públicos.
  1. Establecer una moratoria en la implantación de grandes industrias contaminantes en Andalucía, incentivando su transformación a industrias limpias.
  1. Tras el éxito alcanzado con la firma del convenio colectivo del sector del metal de Cádiz, vigilar el cumplimiento del acuerdo alcanzado e impulsar sus efectos positivos al resto del sector del metal de Andalucía.
  1. En relación con la industria biomédica y farmacéutica, fomentar la investigación biosanitaria con criterios de interés general y financiación pública suficiente, evitando la influencia negativa del lobby farmacéutico. Además, es necesario iniciar la producción pública de los productos farmacéuticos esenciales para Andalucía.
  1. Explorar y potenciar las posibilidades de la industria del videojuego en Andalucía, como vehículo de creación de empleo entre la población joven.

Andalucía continúa padeciendo un paro que se sitúa en torno al 20%, totalmente inasumible (según la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro es de un 16,2% en hombres y de un 23,2%). La promesa electoral del PP de los 600.000 empleos se ha quedado en eso, una promesa, tras una legislatura en las mismas o peores condiciones que antes. El paro estructural; el desempleo juvenil; la brecha de género, tanto en cifras de empleo como en salarios; la precariedad, la estacionalidad, la temporalidad y la parcialidad del empleo andaluz arrojan cifras negativas que hacen que siga siendo el principal problema a afrontar.

El desempleo se ha cronificado como la principal preocupación de los y las andaluzas. Sin un trabajo digno, desarrollar una vida resulta prácticamente imposible. Es el carácter de “digno” es el que supone entender que nadie que esté trabajando debería ser pobre. Desgraciadamente, esta realidad tiene lugar en Andalucía y la alternativa nunca debería ser tener que emigrar forzosamente por falta de oportunidades.

Es necesario y urgente avanzar hacia un cambio del modelo productivo al tiempo que debemos articular políticas activas de empleo con medidas a medio-largo plazo basadas principalmente en la formación y recapacitación de trabajadores/as y empresas al tiempo que se debe trabajar en planes extraordinarios de empleo. Tareas en las que el gobierno andaluz de las derechas, con el apoyo de la ultraderecha, ha suspendido: la falta de voluntad para cambiar el modelo productivo; la inejecución de recursos en políticas activas de empleo (más de 1.500 millones de euros sin ejecutar en tres años); y la incapacidad de poner en marcha ningún plan extraordinario de empleo (es más, el plan ordinario con los ayuntamientos, que solo se ha convocado en 2020, salió con un recorte de 113 millones de euros).

Junto a ellos, las medidas con las que nos comprometemos desde Por Andalucía no se olvidan que la Junta de Andalucía es el principal empleador de Andalucía, tanto directamente con nómina de la administración, como indirectamente a través de los contratos de obras, servicios y principalmente servicios cuyo responsable último es la Administración Autonómica. Sin embargo, las personas que llevan a cabo esos trabajos, servidores públicos, en demasiadas ocasiones lo hacen en unas condiciones de precariedad totalmente insostenibles e inexplicables.

Políticas activas de empleo

  1. Apoyar y acompañar la labor del Ministerio de Trabajo y su política, anclada en el diálogo social, de protección del empleo y las iniciativas frente a la precariedad, continuando con los aumentos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y otros avances pendientes tras la reforma laboral. A este tenor, poner en marcha una mesa permanente con agentes sociales y económicos para realizar el seguimiento exhaustivo y articular medidas en los expedientes de reducción de plantillas en las empresas andaluzas.
  2. Aprobar un plan de choque en empleo, dotado con los más de 1.500 millones de euros no ejecutados en estos años, centrado en los colectivos más castigados y con mayor riesgo de precariedad por la crisis del empleo (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años), y que entienda el empleo como un instrumento fundamental para la inclusión social.
  3. Asegurar el cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas, atendiendo al cumplimiento de la obligación por parte de las empresas de más de 250 trabajadores/as, así como la transición establecida en el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, para empresas de menor tamaño en el marco de la propia actividad inspectora de la Junta.
  4. Establecer un complemento autonómico para los ERTES a trabajadores y trabajadoras con salarios más bajos mientras la situación actual persista.
  5. Aprobar un plan de empleo a través de los ayuntamientos, consignado con 400 millones de euros para el año 2023 y con 300 millones de euros para el año 2024, incorporando las mejoras planteadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), principalmente la relativa a articular las ayudas a los salarios según los convenios municipales.
  6. Impulsar el Programa de Transición al Empleo, con transferencias a las Entidades Locales, especialmente las menores de 20.000 habitantes, para el impulso de proyectos que tengan una incidencia directa en la generación de empleo estable.
  7. Aprobar el Plan “Trabajar para vivir”, con medidas encaminadas a garantizar la conciliación laboral, la incorporación de programas de deporte en ámbitos laborales, el fomento del teletrabajo (tanto en el sector público como el privado) y con partidas presupuestarias orientadas a investigar la implantación de la jornada de cuatro días.
  8. Poner en marcha de manera urgente un programa de empleo a través de incentivos directos a empresas, principalmente a Pymes y autónomos/as, para la contratación de personas desempleadas con obligación de mantenimiento del empleo al menos durante dos años.
  9. Aprobar el Plan por la Calidad del Empleo en Andalucía, como herramienta frente a la precariedad y la siniestralidad laboral, implementando, como en otras comunidades están haciendo, un refuerzo autonómico en la inspección laboral.
  10. Revisar los protocolos y actuaciones del sistema público de salud en Andalucía, respecto de la valoración de las enfermedades profesionales, que simplifiquen la detección, gestión y tramitación de las declaraciones de enfermedad profesional por parte del personal del Servicio Andaluz de Salud.
  11. Impulsar una convocatoria específica para personas que cuiden a familiares dependientes, con el fin de reconocer profesionalmente su experiencia laboral en materia de dependencia, dando prioridad en la convocatoria a mujeres que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.

Una contratación pública al servicio de la calidad del empleo y lo hecho en Andalucía

  1. Impulsar dentro de los primeros 100 días de gobierno una Ley Andaluza para una Contratación Pública Económica, Social, Medioambiental y Laboralmente Sostenible, que establezca las bases, a través de la cual se garanticen condiciones laborales dignas de las y los servidores públicos que prestan los servicios al tiempo que protejamos a nuestro tejido empresarial, nuestras Pymes, autónomos/as y se favorezca el suministro de lo hecho en Andalucía:
    1. La Ley afectará a todas las administraciones: la administración autonómica, a las universidades, a los ayuntamientos y diputaciones en programas financiados al 60% por la Junta de Andalucía y al resto de administraciones que quieran adherirse.
    2. Nuevos paradigmas en la contratación: se podrá contratar externamente únicamente cuando se trate de una actividad impropia o por razones coyunturales.
    3. Mejora y ampliación de los mecanismos control cumplimiento contratos.
    4. Factor Precio se descompone en dos criterios para favorecer el principio calidad-precio. Por un lado, lo que la administración va a desembolsar y por otro los retornos que va a recibir fomentando lo hecho en Andalucía y las mejores condiciones laborales y salariales.
    5. Garantizar el empleo de calidad: desde el principio “igual trabajo, igual salario” hasta incorporar en los criterios de adjudicación la generación y la calidad del empleo.
    6. Fomentar lo hecho en Andalucía: la menor huella de carbono, fomentando la compra de cercanía, se valorará a la hora de adjudicar un contrato de suministro.
    7. Más transparencia y participación para favorecer el acceso a los contratos a Pymes, autónomos/as y cooperativas.

Función Pública: cuidar a quienes nos cuidan

  1. Aprobar la Ley de Función Pública, que por fin solucione el problema de catalogación de los grupos profesionales de las y los trabajadores y garantice la estabilidad de todo el personal funcionarial o laboral en fraude de ley (interinos) por abuso de la temporalidad.
  2. Incorporar a los y las profesionales jóvenes con estabilidad y retribución adecuada en los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, etc.), para dar garantía de continuidad y recambio generacional, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
  3. Regular la incompatibilidad del ejercicio público-privado en servicios sociales, con especial preocupación para que estas profesiones tengan salarios dignos y jornadas adecuadas y estabilidad laboral en el empleo público.
  4. Aprobar la Ley de Policías Locales, participada por los Ayuntamientos y sindicatos, que fije de forma justa los requisitos para acceder a los procedimientos selectivos para el ingreso por el turno libre en los cuerpos de la Policía Local de Andalucía.

3.1 Sanidad

La crisis generada por la Covid-19 ha puesto en el foco la importancia de los servicios públicos. Detrás de cada profesional se encuentra el orgullo de un país que ha aprendido a valorar más que nunca el patrimonio de lo común. Tras la aparición de la pandemia, los y las profesionales sanitarios se han dejado la piel para combatir una de las peores crisis que se recuerdan.

Sin embargo, el Gobierno andaluz no ha sabido aterrizar los aplausos y alabanzas al heroísmo en propuestas concretas y útiles para reforzar la sanidad pública. La inauguración de estatuas no ha cambiado ni la sobrecarga de trabajo, ni la temporalidad de los profesionales, ni ha frenado su éxodo a otros territorios que sí han ofrecido estabilidad.

De su gestión sí se puede afirmar que hay un gran beneficiado: la sanidad privada. Durante la pandemia, ha conseguido hacer negocio gracias a las derivaciones por casos no relacionados con la Covid-19; y se ha llegado a dar casos tan inauditos como la celebración de conciertos con la privada, mientras que centros públicos, listos para funcionar, han permanecido cerrados.

Si bien los y las profesionales sanitarios han dado lo mejor de sí, el Gobierno andaluz ha conseguido que la sanidad pública esté peor que nunca. La estampida a la sanidad privada a costa del abandono de la Atención Primaria está siendo la consecuencia palpable del enfado de muchas personas que se sienten cada vez más desamparadas ante un sistema público de salud que no les responde. Esta situación es fruto de una serie de decisiones que están debilitando cada vez más la sanidad pública, como el despido de los 8.000 profesionales sanitarios/as en 2021.

Hay que decirlo: la alternativa a la mala gestión de las derechas no es pagar un seguro privado. El rescate a la sanidad pública pasa por un aumento de la política de gasto que refuerce la Atención Primaria, acabar con la precariedad que sufren sus profesionales y garantizar el derecho real a la protección de salud mediante un sistema sanitario público universal.

Fortalecer los servicios sanitarios públicos

  1. Establecer una financiación adecuada y suficiente para garantizar el fortalecimiento del sistema público de salud, aumentando en un 17% el gasto sanitario público por habitante durante la legislatura, de forma que Andalucía alcance la media nacional.
  2. Garantizar la estabilidad laboral de los y las 12.000 profesionales sanitarios/as, refuerzos Covid con contrato prorrogado actualmente, y asumir el compromiso de contratar a los 8.000 profesionales sanitarios/as despedidos durante la pandemia, como primera medida para el necesario refuerzo de la plantilla de profesionales sanitarios/as, mediante contratos estables y con salarios dignos.
  3. Aumentar al máximo la capacidad de las infraestructuras y recursos públicos existentes (con ampliación de horarios de uso de las instalaciones) y dimensionamiento adecuado de las plantillas, finalizando las obras pendientes, poner en funcionamiento las finalizadas, y actualizando las infraestructuras, medios diagnósticos y terapéuticos obsoletos o deteriorados.
  4. Reforzar la atención sanitaria en centros de especialidades y hospitales andaluces por las tardes, para poder reducir de forma urgente las listas de espera.
  5. Potenciar la autonomía de gestión de Centros Sanitarios y Áreas de Salud, todo bajo criterios de calidad, eficiencia y de participación ciudadana, adaptando, asimismo, el mapa sanitario a las necesidades de nuestra población.
  6. Establecer los Consejos de Salud con representación de profesionales y de la ciudadanía para la participación, conocimiento y control de los asuntos que afecten a la Sanidad Pública, para fomentar así la corresponsabilidad y la participación comunitaria y de los/as trabajadores/as de la salud.
  7. Fomentar las compras centralizadas de medicamentos a nivel autonómico, tanto los dispensados en oficina de farmacia como los hospitalarios, y revisar el actual modelo de subasta de medicamentos para establecer mayores sanciones en caso de desabastecimiento por parte del laboratorio y de detección de afán de lucro desmedido de las compañías farmacéuticas.

Garantizar la equidad sanitaria

  1. Garantizar la equidad sanitaria para toda Andalucía, estableciendo por ley la obligación de disponer de servicios sanitarios de Atención Primaria, Especializada y Hospitalaria, de Emergencias y de Salud Pública en todas las Áreas de Salud, para eliminar la actual falta de equidad entre los distintos territorios.
  2. Asegurar y priorizar la provisión publica de todos los servicios sanitarios, justificando la excepcionalidad de los conciertos con entidades privadas, delimitándolos en el tiempo, y estableciendo objetivos mensurables de calidad asistencial, y la equiparación de las condiciones laborales de las/os trabajadoras/es de dichos centros a los estándares existentes en la sanidad pública. Se establecerá la incompatibilidad público/privada para los profesionales que trabajan en la Sanidad Pública.
  3. Aumentar los servicios sanitarios de naturaleza pública en rehabilitación, atención odontológica, podológica y óptica, especialmente para población vulnerable, e implantando un plan progresivo de financiación pública de la atención a la salud bucodental, del copago farmacéutico y de prótesis, y con incentivos específicos para las zonas rurales.
  4. Garantizar el acceso a la prestación de Ayuda a Morir (Eutanasia) en Andalucía, eliminando la necesidad de ratificar los Documentos de Voluntades Anticipadas que recogiesen dicho deseo antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia del 23 de marzo de 2021, y facilitando asimismo la implementación de dicho derecho, mediante la provisión de recursos asistenciales suficientes para poder efectuar los procedimientos
  5. Aumentar la dotación de Equipos de Cuidados Paliativos (ECP) Domiciliarios, atendiendo a las ratios de un ECP Domiciliario por cada 80.000 habitantes, y el acceso efectivo a equipos completos en Cuidados Paliativos, asegurando su acceso y mecanismos de coordinación efectiva con todos los niveles asistenciales, especialmente Atención Primaria.
  6. Aumentar los recursos de asistencia Sociosanitaria a la cronicidad y enfermedad avanzada (Unidades de Media y Larga estancia de Cuidados Paliativos, Unidades de Daño Cerebral Adquirido, Unidades de Afectados por lesiones medulares, Unidades para personas en Estado Vegetativo Persistente, Centros de Días para distintas afectaciones, Unidades Específicas para descanso de las personas cuidadoras, etc.), acordes a las comunidades autónomas más destacadas en España en esta materia.
  7. Desarrollar una ley andaluza de implantación de la Enfermería Escolar, que desarrolle el cuidado de la salud de la comunidad educativa, asegurando la ratio de la figura profesional enfermera escolar por cada 750 alumnos/as y una por cada 350 en atención a la diversidad.
  8. Crear el Observatorio de la Violencia Obstétrica e impulsar una revisión y actualización de la humanización en la Atención Perinatal en Andalucía. Además, atendiendo a las reivindicaciones de los agentes sociales, se aumentará el número de especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica con el fin de tener un profesional por cada centro de salud y turno.

Mejorar la Prevención, Protección y Promoción de la Salud

  1. Desarrollar al completo la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía en todos sus ámbitos, el marco de los determinantes sociales de la salud, pero, especialmente, reforzando y adaptando las medidas necesarias para la protección de la salud frente a los contaminantes ambientales y alimentarios, la evaluación del impacto en salud, la vigilancia epidemiológica de las desigualdades sociales y territoriales en salud, la salud laboral,  los planes locales de salud, los activos de salud, y la salud en todas las políticas.
  2. Adaptar y preparar los Servicios Sanitarios y de la ciudadanía para minimizar el impacto que el cambio climático y el deterioro ambiental puedan tener en la salud poblacional. Asimismo, preparar un plan de respuesta frente a posibles futuras pandemias, que afecten lo menos posible a la economía, a los derechos y libertades ciudadanas, y a la gobernanza, manteniendo la prioridad de la protección de la salud.
  3. Crear la Agencia de Salud Pública en la consejería con competencias en salud, con el fin de integrar todo el personal y los recursos tecnológicos de los servicios de salud pública, actualmente dispersos a diferentes niveles de los servicios sanitarios, en una sola organización funcional, para poder así garantizar la protección de la salud pública, la reducción de las desigualdades en salud, y la eficacia de las medidas, actuaciones y normativa de la salud pública en la comunidad autónoma andaluza. Para poder desarrollar estas funciones y todas aquellas establecidas en la normativa se prevé que el 5% del gasto sanitario será dedicado a dicha Agencia, considerando que se parte de un gasto actual consolidado que no alcanza el 2% del gasto sanitario.
  4. Apostar por la investigación pública en salud, realizando una gestión pública de todo tipo de financiación privada a tal efecto, así como destinar una partida presupuestaria para la investigación de enfermedades raras y medicamentos huérfanos.
  5. Proteger la identidad y el prestigio de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y garantizar su actividad en el marco de una colaboración responsable con las entidades administrativas planteadas por los poderes públicos; continuar cumpliendo sus funciones en salud pública y gestión sanitaria, siendo referente autonómico, nacional e internacional en la formación, investigación, consultoría y cooperación internacional; y mantener su “sede social” en Granada, cumpliendo con su compromiso social y sanitario desde hace 37 años.

Atención Primaria

  1. Fortalecer la atención a la población desde este nivel del sistema, blindando el 20% de la inversión en la sanidad pública, para lograr, al menos, 4.000 contrataciones nuevas y estables, hasta conseguir las ratios de profesionales acordes a las demandas de las principales sociedades y asociaciones, incluyendo pediatras y matronas, entre otros.
  2. Organizar la Atención Primaria como una entidad específica dentro del sistema público de salud, independiente de la Atención Especializada/Hospitalaria y bajo la coordinación de sus profesionales. Recuperar los programas de salud comunitaria y medicina preventiva, promover el acceso de sus profesionales a la indicación de pruebas diagnósticas de ámbito hospitalario y a la formación continuada y a la actividad de I+D.
  3. Garantizar la atención presencial en las ciudades y en los pueblos con el objetivo de 0 demora; ampliar los turnos de atención a la ciudadanía de 8 a 20 horas en los centros de salud; y establecer mecanismos efectivos de continuidad asistencial con el resto del sistema sanitario.
  4. Mejorar la dotación de recursos tecnológicos para el diagnóstico y/o tratamiento en los Centros de Salud y de Atención de Urgencias, reforzar los sistemas de atención y prevención secundaria, rehabilitación y fisioterapia a los pacientes crónicos, y aumentar las Unidades de Cuidados Paliativos, y recuperar los equipos de urgencias especialmente en el Medio Rural.

Salud Mental y Salud Psicológica

  1. Desarrollar la atención a la Salud Mental/Psicológica en nuestro territorio, revisando el modelo actual y aumentando sus recursos, tanto desde los propios Servicios Sanitarios Especializados de Salud Mental –tanto hospitalarios como comunitarios- como en otros subsidiarios/partícipes de dicha atención, especialmente los preventivos, ya sea de modo indicado, selectivo o universal. Todo ello, aumentando el gasto público dentro del presupuesto general de sanidad hasta el 10% para Salud Mental, de modo que se aseguren las actuaciones que siguen.
  2. Ajustar las ratios de profesionales de Psiquiatría y Psicología a la media europea, alcanzando los 18 profesionales de cada disciplina anterior por cada 100.000 habitantes, y dimensionando la enfermería, ya que Andalucía posee la mitad de la ratio de profesionales para la atención psicológica de España y casi la sexta parte de los estándares europeos.
  3. Asegurar la existencia de profesionales de Psicología en todos los Centros de Salud de Atención Primaria (1/10.000 habitantes) además de la prestada en los Centros de Salud Mental Comunitaria; en Psicooncología y/o Psicología Paliativa y en Neuropsicología en los Servicios o Unidades Hospitalarios/as (mínimo 1 por cada Servicio correspondiente); de Psicología de la Intervención Social en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios (1/20.000 habitantes); de Psicología Educativa en todos los centros educativos (1/250 alumnas/os), y aumentar la provisión de plazas para la Atención Temprana según las necesidades actuales evitando las listas de espera.
  4. Aumentar la oferta de plazas de formación de Psicólogos/as Internos/as Residentes (PIR) para la Especialidad de Psicología Clínica, e instar al Ministerio de Sanidad a la creación de los títulos de Especialista del Sistema Nacional de Salud de Psicología Clínica Infanto-juvenil, Psicooncología y Psicología Paliativa, y Neuropsicología.
  5. Dotar de recursos específicos para la prevención y atención a la conducta suicida en la población andaluza, con especial atención a la infancia y la adolescencia, dotando de medios humanos suficientes para las actuaciones correspondientes dentro de un Plan Andaluz de Prevención de la Conducta Suicida.
  6. En materia de actuación ante situaciones de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) asegurar la existencia de Unidades de Día en todas las provincias y suficientes Unidades de Hospitalización.
  7. Potenciar la red de recursos de la fundación pública FAISEM para la integración social de las personas con trastornos mentales, blindando dicha entidad como pública, evitando su privatización.

Salud Sexual y Reproductiva

  1. Garantizar financiación para la reducción de precios de la anticoncepción, asegurando el acceso a éstos en todas las poblaciones, minimizando así las situaciones de embarazo no deseado y aborto.
  2. Asegurar la posibilidad de aborto dentro del sistema público de salud para toda la población en todas las provincias de Andalucía y lo más cerca posible del domicilio.
  3. Disponer de anticonceptivos barrera en los centros educativos de Secundaria y etapas postobligatorias (Bachillerato y Ciclos Formativos).
  4. Formar de manera específica en educación sexual y menstrual a educadores/as y trabajadores/as públicos/as, e incorporar contenidos sobre salud, derechos sexuales y reproductivos en las carreras relacionadas con las Ciencias Jurídicas, Educativas y Sociales.
  5. Revertir el desmantelamiento de la atención a la salud sexual en la sanidad pública andaluza; y específicamente de los centros de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Apostar por una red de centros provinciales de ITS con suficiente dotación de personal y medios. Reducir la diferencia entre géneros en los recursos destinados a medidas de protección frente a ITS.

Profesionales de la Sanidad

  1. Poner en marcha medidas para mejorar las condiciones laborales de los y las profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, reduciendo la temporalidad obligando a que los contratos sean por un periodo mínimo de tres meses, y que las remuneraciones en todas las categorías se equiparen a la media estatal, que actualmente se encuentran muy por debajo.
  2. Dimensionar las plantillas de profesionales sanitarios/as tomando como referencia las medias europeas en cada una de las categorías para evitar la sobrecarga y garantizar la calidad asistencial y la seguridad del paciente, dado que Andalucía está por debajo de las ratios de profesionales por habitantes en casi todas las categorías, tanto de la media española como de la europea.
  3. Mantenimiento de apertura de la Bolsa de Profesionales del Sistema Andaluz de Salud de forma permanente en el tiempo para el reconocimiento de méritos de la carrera profesional en todas las categorías sanitarias, equiparando sus requisitos a los de profesionales procedentes de otros sistemas sanitarios.
  4. Establecer el desarrollo competencial de las enfermeras (graduadas, especialistas y enfermeras de prácticas avanzadas) como objetivo para la próxima legislatura, respetando el valor curricular de su trayectoria académica y experiencia profesional, para aumentar la calidad de los cuidados, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario y favoreciendo la orientación a resultados con el compromiso de potenciar su desarrollo profesional.
  5. Garantizar la protección de los derechos laborales de quienes trabajan en empresas que contratan con la Administración andaluza, asegurando entre otros aspectos salarios justos y equiparados a los de la administración pública, condiciones laborales dignas y medidas para la conciliación, eliminando la situación de merma de las condiciones laborales de las plantillas de contratas y subcontratas que se viene produciendo respecto de servicios esenciales en materia de sanidad y educación, como en el caso de los profesionales de atención telefónica del 061, 112 o Salud Responde.

3.2 Educación y formación profesional

La educación pública es uno de los principales servicios públicos, de cuya calidad depende directamente el nivel de nuestra democracia. Garantizar el acceso público a este servicio es la condición de posibilidad de lograr una igualdad real de oportunidades, una ciudadanía más comprometida en el futuro y desarrollo personal al que tienen derecho todas los andaluces y andaluzas.

A lo largo de estos años, cada uno de los cursos escolares ha estado marcado por los recortes de docentes, la supresión de plazas escolares y la ausencia de medidas para que Andalucía deje de liderar el ranking de las ratios de alumnos y alumnas por aula más elevadas de España abanderando también el abandono escolar temprano.

Todo ello ha ocurrido mientras que se ignoraban las demandas de la comunidad educativa. Por su parte, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha allanado el campo para que la privada pueda hacer negocio en Andalucía.

Frente a esta visión, desde Por Andalucía entendemos que la inversión en la educación pública no es una opción, sino una obligación; un imperativo moral y una responsabilidad que tienen todos los gobiernos de cara al futuro de Andalucía.

Mejora de la calidad y equidad educativa

  1. Reducir las ratios en todas las etapas educativas obligatorias y postobligatorias de la educación pública andaluza, aumentando así los recursos humanos y la calidad de la enseñanza:
    1. En Educación Infantil de 3 a 6 años, máximo de 15 alumnos/as por aula.
    2. En aulas que cuenten con alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), 15 alumnos/as por aula.
    3. En Educación Primaria y Secundaria, 20 alumnos/as por aula.
    4. En etapas postobligatorias (Bachillerato y Ciclos Formativos), 25 alumnos/as por aula.
  1. Mejorar la Atención a la Diversidad en todo el sistema educativo andaluz público. Se ha de aumentar el personal docente de Pedagogía Terapéutica (PT), de Audición y Lenguaje (AL), Monitoras y Monitores de Educación Especial o Personal Técnico de Integración (PTI), Mediadores y Mediadoras de Comunicación (MECO), más orientadores y orientadoras. Y, sobre todo, que los recursos vayan al alumnado en el centro en el que se matriculen, y no que el alumnado deba ir al centro en el que están los recursos.
  2. Establecer la siguiente ratio para Unidades Específicas en los centros docentes ordinarios o específicos:
    1. Diversidad psíquica: 5 alumnos/as.
    2. Diversidad sensorial: 5 alumnos/as.
    3. Diversidad física: 5 alumnos/as.
    4. TEA o psicóticos: 3 alumnos/as.
    5. Diversidades múltiples: 4 alumnos/as.
    6. Diferentes diversidades en la unidad específica: 5 alumnos/as.
  1. Establecer la siguiente ratio por especialistas de atención a la diversidad:
    1. Una orientadora por cada fracción de 250 alumnos/as.
    2. Una especialista de audición y lenguaje por cada fracción de 250 alumnos/as.
    3. Una especialista de pedagogía terapéutica por cada fracción de 250 alumnos/as.
    4. Una educadora de educación especial por cada fracción de 250 alumnos/as.
    5. Una profesional de PTIS por centro escolar que aumentaría a 2 en los centros que tengan una unidad específica.
  1. Frenar el proceso de eliminación de unidades (clases) en los centros escolares públicos, aprovechando el descenso de la natalidad, para reducir el número de niños y niñas en cada aula. Se ha de mantener las mismas plantillas del curso anterior e ir avanzando paulatinamente hacia el desdoble de grupos sin sobrecoste alguno,
  2. Recuperar las líneas educativas cerradas en estos años, garantizar la Educación Pública gratuita de 0 a 3 años, ampliar hasta cubrir la demanda total de climatización, bilingüismo, aula matinal, comedor, actividades extraescolares y personal para atender las necesidades educativas especiales y las necesidades educativas específicas.
  3. Avanzar hacia la apertura de los centros educativos por la tarde.
  4. Trabajar por la recuperación para lo público de servicios externalizados en los centros públicos educativos que pasarán a gestión directa, a la vez que para los comedores escolares se realicen convenios para la gestión a través de Ayuntamientos o Ampas.
  5. Ampliar hasta cubrir la demanda total de bilingüismo (con una mejora de la metodología y capacidades), aula matinal, actividades extraescolares y personal para atender las necesidades educativas especiales y las necesidades educativas específicas, comedor, creando comedores propios, con cocina, en los centros educativos en los que prime el uso de los productos alimenticios de cercanía.
  6. Estabilizar en la etapa de la Educación Infantil la figura del monitor o monitora de apoyo para la atención adecuada del alumnado más pequeño de nuestro sistema educativo público (una persona por centro escolar como mínimo).
  7. Dotar a los barrios más desfavorecidos de más Trabajadoras y Trabajadores/as Sociales que ayuden a reducir las desigualdades personales del alumnado para que acudan a sus Centros educativos en las mismas condiciones de igualdad que el resto de niños y niñas.
  8. Ampliar el número de educadores/as sociales en los centros educativos públicos andaluces, que deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo e implementación de la normativa en materia educativa relativa con sus funciones y ámbitos de intervención, quedando expresamente recogida su figura profesional.
  9. Impulsar alternativas públicas donde no existen a día de hoy, así como rechazar la financiación a la educación concertada de ciclos medios y formativos, y disminuyendo progresivamente la financiación de la educación privada concertada.

Sostenibilidad y la salud en los centros educativos

  1. Adecuar y bioclimatizar de los edificios y espacios públicos, en especial de los edificios destinados a la educación pública para que sean más sostenibles: restauración de los edificios, entoldado y/o instalación de equipos de bioclimatización y renovación del aire, arbolado de los patios y/o espacios al aire libre, mejora de las instalaciones eléctricas, así como colocación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo y ahorro energético.
  2. Asegurar el cumplimiento de los plazos de la Ley de Bioclimatización para las infraestructuras educativas y ampliar las inversiones en centros educativos para evitar la presencia de temperaturas extremas dentro del aula.
  3. Crear caminos saludables para llegar a los centros educativos y aumentar, cuando sea necesario, la disponibilidad de transportes públicos para el uso del alumnado.
  4. Elaborar un plan de Educación para la Salud, a impartir como asignaturas en los Colegios e Institutos, de acuerdo con los parámetros y contenidos que los expertos en educación determinen en el sistema curricular de cada fase, con especial atención a los aspectos nutricionales, medioambientales, psicológicos, relacionales, y hábitos saludables
  5. Establecer las medidas necesarias para que los centros educativos cuenten con instalaciones saludables, eficientes desde el punto de vista de agua y energía, y sostenibles.
  6. Incluir en el currículum de todas las etapas educativas objetivos, contenidos y actividades relacionadas con la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica.
  7. Incluir la educación ambiental y la educación emocional en los planes escolares de todos los centros desde preescolar.
  8. Implementar campañas de prevención de la obesidad y el sobrepeso, y la mejora de la salud, a través de la educación física y la actividad deportiva, entre los escolares.
  9. Implantar tanto la figura de enfermería escolar en todos los centros educativos públicos como la figura de la fisioterapia escolar.
  10. Limitar la apertura de las casas de apuestas físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación o por núcleos de población, para así frenar su expansión. Además, realizar actividades informativas en los centros de enseñanza de Andalucía para concienciar de los posibles problemas derivados del juego online y en casas de apuestas entre los y las jóvenes.

Educación sexual y la igualdad

  1. Promover la educación para la salud y para una sexualidad saludable libre de discriminación y violencia en todas las etapas educativas, con el fin de alcanzar la coeducación real en las escuelas en todos los niveles educativos, y desarrollar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.
  2. Garantizar una educación sexo-afectiva de calidad en los centros escolares que prevenga de conductas tóxicas, con atención a la diversidad y que no se centre exclusivamente en la realización o no del acto sexual o el miedo a la trasmisión de infecciones de transmisión sexual.
  3. Formar de manera específica en educación sexual y menstrual a educadores/as y trabajadores/as públicos/as.
  4. Favorecer la modificación de estructuras físicas de los centros educativos que faciliten la coeducación (patios inclusivos) y promover una revisión feminista de contenidos de los libros de texto.
  5. Impulsar la implantación de un modelo educativo donde la corresponsabilidad en el cuidado sea un valor central a transmitir a los niños y niñas.
  6. Dar impulso a la formación permanente en centros educativos sobre violencia de género y educación afectivo-sexual. Diseñar un sistema de formación permanente sobre los diferentes tipos de violencia de género.
  7. Defender la profesionalidad de las y los docentes como educadores/as en los valores de igualdad, respeto y tolerancia, y como constructores de la escuela como espacio de paz y libre de discriminación. Rechazar la censura escolar a través de medidas como el pin parental.
  8. Reforzar la transversalización del sistema educativo desde una perspectiva de género. Incluir medidas para la formación del profesorado, con créditos de formación para promover su participación.
  9. Desarrollar un plan de formación continua para el profesorado, incluyendo contenidos de igualdad y prevención de violencia machista, así como información y talleres con alumnado y familias, en todas las etapas educativas, desde Educación Infantil.
  10. Formación continuada del profesorado y personal de salud dentro de su horario laboral y adecuándose a los problemas más importantes de salud, en este caso la violencia de género.

Formación Profesional

  1. Adaptar la oferta de la Formación Profesional a la demanda real ampliando las plazas en las distintas especialidades y adecuando los centros educativos a las necesidades que se produzcan de espacios y horarios.
  2. Frenar el proceso de privatización de la Formación Profesional y alcanzar la ampliación de 45.000 plazas nuevas para la Formación Profesional.
  3. Invertir 250 millones de euros de recursos propios, para, en coordinación con el Gobierno central, impulsar la dotación en cada comarca andaluza de, al menos, un centro público de formación, capacitación y transformación digital, con el objetivo de favorecer el proceso de capacitación y reconversión al entorno digital.
  4. Llevar a cabo una estrategia de implementación de grados medios y superiores de formación profesional en yacimientos de empleo verde: como agroecología, permacultura, reparación de aparatos y  utensilios, recuperación de materiales, minería urbana, economías circulares, artesanías, entre otras materias.
  5. Aumentar la oferta formativa y plazas en los eSports y gestión formativa.

3.3 Universidades

Las Universidades Públicas andaluzas vienen arrastrando una serie de problemas que se han cronificado durante esta legislatura. A la infrafinanciación estructural, que se cifran en unos 90 millones de euros al año, se ha sumado un recorte de 135 millones de euros durante 2020  y un sistema de financiación injusto.

Frente al proceso de infrafinanciación y recortes, se está produciendo un proceso de privatización en la educación universitaria en una doble vertiente. Por un lado, la escasa oferta de cursos de posgrados públicos hace que, incluso en aquellos que son habilitantes, para acceder a los mismos se exijan unas notas medias cercanas al sobresaliente.

Por otro lado, se está produciendo una alarmante apertura de puertas a universidades privadas, de baja calidad. En esta legislatura se han aprobado la tramitación de dos de las siete que ahora mismo están en trámite, a pesar de que cuentan tanto con los informes de Junta y Ministerio en contra como con el Consejo Andaluz de Universidades.

Además, persisten los elevados niveles de precariedad laboral en las universidades totalmente inasumibles. Una parte importante de la plantilla universitaria está cubierta por contratos de (falso) profesorado asociado y profesorado sustituto interino que en muchos casos cobran menos de 500 euros al mes. El Gobierno de la Junta no ha hecho nada para coordinar la oferta pública de profesorado universitario, lo que hace que gran parte de este tenga contratos por debajo de sus méritos.

  1. Garantizar la financiación al conjunto de Universidades Públicas Andaluzas mediante un nuevo modelo de financiación autonómica que emane del consenso entre rectorados y comunidades universitarias.
  2. Revertir el recorte de 135 millones de euros realizado en 2020 de forma coyuntural, reponiendo por tanto los superávits de las universidades que deberán ser destinados a un plan de digitalización y mejora de las infraestructuras.
  3. Aumentar la financiación ordinaria de las universidades en un 10%, vinculada a la ampliación sustancial de la Oferta Pública de Posgrados para garantizar una oferta acorde a la demanda de los mismos para asegurar una educación pública al 100%.
  4. Impulsar, en coordinación con las Universidades, planes para la dignificación del personal docente con el objetivo, entre otros, la reducción sustancial de la figura del profesorado asociado.
  5. Promover un sistema garantista de concursos públicos, con una única aplicación mejorada para todo el sistema universitario andaluz que emplee un único formato para todos los concursos y acreditaciones y que sea compatible con el formato nacional (Aneca).
  6. Promocionar la visibilidad social de los trabajos y proyectos de investigación mediante incentivos y un mejor aprovechamiento de los recursos existentes de difusión de los mismos.
  7. Racionalizar la gestión económica de las universidades, evitando que el peso de la administración recaiga sobre el personal investigador, con una mejor definición de las tareas del Personal de Administración y Servicios (PAS).
  8. Establecer como vinculantes los informes preceptivos de los distintos organismos de la Junta de Andalucía y del ministerio con competencias en universidades, que evalúan la calidad de las propuestas de universidades privadas para poderse aprobar el inicio de su tramitación como proyecto de ley para su instalación.

3.4 Derechos sociales

La crisis mundial generada por la aparición de la Covid-19 ha tenido la capacidad de paralizar gran parte de la economía de los países y la movilidad de las personas. Sin embargo, otros aspectos de la vida se han intensificado, como pueden ser todas aquellas tareas ineludibles e imprescindibles que forman parte de lo que comúnmente se conoce como los cuidados; el sostén de la sociedad humana. En este contexto, las políticas encargadas de proteger lo común y los cuidados han sido amparadas dentro de los conocidos derechos sociales.

Cuando se habla de derechos sociales en Andalucía, se hace referencia a las posibilidades que hay desde el Gobierno andaluz de desplegar políticas públicas eficaces para garantizar el derecho a la vida, la protección de la salud y la plena integración de todas las personas, especialmente dirigidas a sectores poblacionales más vulnerables (como pueden ser la infancia y las personas mayores).

Pero también para atajar con políticas las demandas de otros sectores ya conocidos (el modelo de servicios sociales, las políticas de discapacidad o la dependencia).

Servicios sociales

  1. Alcanzar en Andalucía el gasto anual consolidado per cápita medio del conjunto de España tanto en gasto sanitario como en gasto en servicios sociales y promoción social durante la próxima legislatura.
  2. Aprobar el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, así como garantizar la prioridad de las entidades de la iniciativa social antes que las entidades privadas para la gestión del Sistema Público de Servicios Sociales mediante el régimen de concierto social.
  3. Asegurar que la provisión de los servicios sociales será realizada de forma prioritaria bajo titularidad pública y gestión directa, procediéndose a la gradual asunción pública de los servicios sociales que estén privatizados.
  4. Efectuar un plan de mejora laboral de las y los profesionales de los servicios sociales de Andalucía, equiparando sus condiciones laborales y formativas y estableciendo mecanismos de planificación y dimensionamiento efectivo de sus plantillas, reduciendo las contrataciones extraordinarias.
  5. Establecer un periodo máximo de 60 días para obtener la calificación del Grado de Discapacidad. A su vez, acabar con las listas de espera en el acceso a las prestaciones: Pensiones No Contributivas (PNC), Renta Mínima de Inserción de Andalucía (RMISA), plazas en residencias de mayores, discapacidad intelectual, enfermos mentales, acceso a pisos tutelados, casa hogar y otros recursos.
  6. Vincular el desarrollo de los servicios sociales a un trabajo comunitario real y la creación de empleo estable y de calidad, dado el potencial de este sistema para generar empleo y su elevado nivel de retorno económico.
  7. Mejorar la formación de los equipos de los servicios sociales en interculturalidad, migraciones y, en general, en las nuevas diversidades que se van desarrollando en los contextos vulnerables en los que se intervienen.
  8. Ampliar la red de recursos comarcales para la prevención y tratamiento de la drogodependencia y otras adicciones, impulsando la prevención en el sistema educativo, siendo prioridad en los planes de salud pública, en el ámbito laboral junto a los sindicatos y organizaciones sociales.

Calidad en la política de cuidados para acabar con la Pobreza

  1. Incrementar considerablemente los fondos de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) para atender las necesidades de las y los andaluces más vulnerables en una doble vía, a través de ayudas directas facilitando que se garantice su compatibilidad y armonización con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como la puesta en marcha, entre otros, en cada uno los barrios más empobrecidos de Andalucía de planes integrales participados en los que se diseñen propuestas decididas de intervención de cada una de las administraciones en el ámbito de sus competencias participadas y concertadas con los colectivos sociales que existen y trabajan en cada barrio.
  2. Reforzar las plantillas y mejorar los procedimientos para cumplir como mínimo las distintas normativas en cuanto a los plazos para el acceso a los distintos programas de cuidados y ayudas públicas:
  3. Aprobar anualmente, mientras existan niveles superiores al 20% de población en riesgo de pobreza, un plan extraordinario para la inclusión social dotado con una cantidad mínima de 100 millones de euros, desarrollado por los ayuntamientos.
  4. Incrementar progresivamente el complemento autonómico a las pensiones más bajas y Pensiones No Contributivas (PNC). En cuatro años se fija el objetivo de llegar en las PNC al 75% de la media de las contributivas de la comunidad autónoma con el aumento progresivo del complemento autonómico.
  5. Establecer un sistema para coordinar las distintas iniciativas de las distintas instituciones en materia de protección social asignando recursos y herramientas a los ayuntamientos para establecer los censos locales de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, determinando y baremando las necesidades a cubrir a corto plazo, un plan de estabilización y un seguimiento de la eficacia en base al informe previo a cada caso.
  6. Mejorar la coordinación con otros sistemas de protección social por medio de las siguientes acciones:
    1. Impulsar la coordinación entre el sistema de servicios sociales, empleo y el de garantía de ingresos.
    2. Potenciar la construcción del espacio sociosanitario.
    3. Fomentar el trabajo en red con centros escolares.
    4. Lograr la coordinación con otros sistemas de justicia, vivienda y transporte.
    5. Vincular las prestaciones de garantía de ingresos a una perspectiva de género que limite las desigualdades.
  7. Garantizar en la próxima estrategia andaluza sobre el sinhogarismo el detalle un protocolo de intervención integral y coordinada para evitar que ninguna persona se vea en la calle condenada a la exclusión social y se garantice el acceso a la salud de las personas sin hogar en condiciones de igualdad.
  8. Diseñar medidas de compensación y becas relacionadas con el proceso educativo (etapas no obligatorias incluidas) o, en su caso, aumentar la cuantía de instrumentos para las familias con menos recursos, incluyendo las etapas no obligatorias, para abordar el absentismo y el fracaso escolar.
  9. Ampliar la cobertura de plazas y becas de comedor escolar, de manera que ningún niño o niña que por situación social tenga derecho a ellas se quede sin plaza de comedor.

Discapacidad

  1. Destinar los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para incrementar las plazas residenciales y de estancias diurnas para personas con discapacidad, las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y las plazas de alojamiento para personas sin hogar.
  2. Evitar el retraso en los pagos de los servicios concertados con las entidades de personas con discapacidad, calendarizando de forma anual la realización de los pagos ordinarios. Además, se implementarán mecanismos que reduzcan el tiempo de cobertura de las plazas vacantes, el cual nunca podrá ser superior a dos meses, elaborando propuestas de compensación económica cuando se produce un notable retraso entre la baja de un usuario y la adquisición de la plaza que ocupe su lugar.
  3. Desarrollar una línea de ayudas para la homogenización de centros de día, centros de Alzheimer y escuelas de memoria, dado que es frecuente que las asociaciones están instaladas en centros cedidos por ayuntamientos que no pueden entrar a conciertos por cuestiones técnicas de la edificación.
  4. Reducir los tiempos de ejecución del diagnóstico precoz (análisis, evaluación, diagnóstico pautas de atención) de las niñas y niños con posibles trastornos.
  5. Continuar la labor desarrollada por la Atención Infantil Temprana después de los 6 años de edad a través de la puesta en marcha de manera inmediata del Plan de Segunda Infancia y Adolescencia. Para ello, la administración garantizará al 100% de la población los recursos humanos necesarios.
  6. Implantar la asistencia personal en Andalucía, asesorar sobre los requisitos para poder acogerse a las mismas, así como establecer vías de apoyo económico a las personas que necesiten de esta figura.
  7. Garantizar la inclusión laboral como el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres con discapacidad, como de aquellas que tienen en su seno familiar una persona con discapacidad, con planes específicos de empleo.
  8. Dignificar la tarea de cuidados profesionales mediante la puesta en marcha de un plan integral con el sector que abarque la formación continua, la mejora salarial e incentivos públicos para la contratación.
  9. Formar a la sociedad andaluza y visibilizar a todos los colectivos de personas con discapacidad tanto de forma específica como de forma transversal y con perspectiva de género, usando todos los medios a su alcance como RTVA, centros educativos, publicidad institucional, etc.
  10. Garantizar la accesibilidad universal en los diferentes medios de transporte a través de la implantación del 100% de la flora de autobuses accesibles, de medidas de carácter sensorial como pictogramas, braille, lectura fácil, información acústica, visual y se velará por su obligado cumplimientos por medio del aumento del número de inspecciones en materia de accesibilidad.
  11. Elaborar un plan de accesibilidad 100% de los edificios de titularidad pública de Andalucía a través de la eliminación de barreras arquitectónicas, la insonorización de espacios, la instalación del sistema de bucles en aulas, teatros, y salas de usos múltiples, suministro a todos los centros educativos que necesiten el sistema FM y bucle magnético, así como la sustitución de los sistemas FM averiados de forma inmediata por otros durante el período de reparación de los dispositivos.
  12. Desarrollar un programa de accesibilidad destinado a eliminar las barreras existentes tanto en los espacios comunes de los edificios como en la propia vivienda para facilitar la permanencia de las personas con discapacidad en su entorno aumentando la bonificación hasta casi su totalidad para aquellas familias que posean menos ingresos.
  13. Ampliar y actualizar la red de consultas ginecológicas adaptadas a una por cada centro de especialidad sanitaria en toda Andalucía.
  14. Ampliar en la cartera ortoprotésica el umbral de edad de cobertura en la adquisición de audífonos. Además, se creará un equipo de ortoprótesis en todas las provincias de Andalucía.
  15. Elaborar un informe de impacto en las políticas públicas enfocadas a las personas con discapacidad con el fin de incluirlo en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
  16. Aprobar un protocolo de actuaciones urgentes para proporcionar los apoyos y recursos necesarios para situaciones personales y familiares de emergencias sobrevenidas sobre las personas cuidadoras, así como de emergencias económicas que puedan afectar a la vida digna de la persona.

Dependencia

  1. Realizar un cambio estructural en el sistema de cuidados empezando por el impulso de un sistema público, universal y de calidad de residencias de mayores y personas dependientes que termine con las carencias del actual y que acabe con la precariedad laboral del personal sociosanitario, que mayoritariamente tiene perfil de mujer, así como el negocio de fondos de inversión que sólo tienen un interés económico en la atención a las personas mayores y dependientes.
  2. Llevar a cabo medidas de conciliación real de la vida familiar y la laboral, que permitan compatibilizar la vida laboral con el cuidado de menores o dependientes, segmentando las políticas para su puesta en marcha en función del ámbito y el tipo de trabajo.
  3. Reforzar los sistemas de protección y atención a la dependencia, cronicidad e impulso de los cuidados y soporte social en todas sus áreas.
  4. Desarrollar un marco normativo efectivo a la realidad andaluza en materia social, dando cumplimiento a la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, y priorizar la intervención comunitaria como mecanismo de intervención social para garantizar dichas prestaciones para la población.
  5. Garantizar un periodo máximo de tres meses en la valoración para acceder a las prestaciones de la Ley de Dependencia, y a otros tres máximos la puesta en marcha de cada Plan Individual de Actuación (servicios de ayuda a domicilio -SAD-, plazas en residencia, acceso a pisos tutelados, casa hogar y otros recursos), implementando de forma efectiva las actuaciones por vía de urgencia, reduciendo dicho plazo total a dos meses máximos (uno para cada fase de dicho procedimiento) en las situaciones que así lo requieran (como pacientes con enfermedades avanzadas y pronóstico de vida limitado).
  6. Incrementar el número de recursos humanos (profesionales del trabajo social, educación social, psicología de la intervención social, personal administrativo); facilitar y simplificar los procedimientos para la ciudadanía; coordinar de forma efectiva los distintos organismos implicados y reducir de la burocratización existente; implementar los medios suficientes para hacer efectivos los Planes Individuales de Actuación correspondientes (aumento de plazas residenciales y de dotación de los Servicios de Ayuda a la Dependencia), todo ello desde recursos de gestión netamente pública.

Infancia

  1. Asegurar el cumplimiento de la Ley de Infancia, así como impulsar medidas frente a la violencia contra la infancia y ante el aumento de trastornos mentales y de conducta en la infancia tras la pandemia.
  2. Impulsar la participación de la infancia en sus decisiones a través de la constitución de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIAS).
  3. Establecer una ayuda por hijo o hija a cargo (hasta los 18 años) de 1.200 euros anuales, condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza.
  4. Bonificar más de una actividad extraescolar al alumnado en riesgo de exclusión social en Primaria, ampliándola, además, para los centros de Secundaria y atender a todo el alumnado en riesgo de exclusión social para garantizar que pueden asistir a las actividades extraescolares.
  5. Desarrollar la Ley de Atención Temprana, para poder, entre otras cuestiones, continuar la labor desempeñada por la Atención Infantil Temprana después de los 6 años de edad a través de la puesta en marcha de manera inmediata del Plan de Segunda Infancia y Adolescencia. Para ello, la administración garantizará al 100% de la población los recursos humanos necesarios. Paralelamente a la tramitación de la Ley es necesario aumentar los precios de las sesiones para converger con los fijados por otras comunidades autónomas, así como aumentar las plazas hasta cubrir las necesidades existentes que se han visto aumentadas debido a pandemia.
  6. Poner en marcha los mecanismos específicos previstos en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPÎVI), introduciendo las figuras de coordinadores de bienestar en los centros educativos y los delegados de protección en entornos deportivos, que serán figuras encargadas de coordinar planes de prevención y detección de casos de violencia en sus entornos.
  7. Asegurar la formación obligatoria sobre violencia contra la infancia de los y las profesionales de centros educativos y otros/as con responsabilidades en atención a la infancia, de manera que puedan detectar de manera temprana casos de violencia y poner en marcha los mecanismos de atención y protección correspondientes, así como con problemas de salud mental.
  8. Elaborar e implementar protocolos para la detección precoz con el objetivo de crear entornos seguros para la infancia, para que los niños y las niñas se desarrollen en condiciones de buen trato y libres de cualquier forma de violencia en todos los ámbitos en que se desenvuelvan.
  9. Implantar el modelo de atención a infancia víctima de violencia sexual Barnahus o “Casa de los Niños y Niñas” mediante la adecuación de las dependencias judiciales para la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia (prevista en la LOPIVI), en coordinación con el Gobierno Central e integrando del modelo Barnahus.
  10. Impulsar la construcción de escuelas infantiles públicas priorizando las zonas geográficas con baja cobertura y población de bajo nivel socioeconómico.
  11. Ofrecer mayor flexibilidad en horarios para las familias, así como incorporar modalidades de atención educativa donde participen niños y niñas con sus familias y fomentar el desarrollo de habilidades parentales positivas.
  12. Introducir medidas de ayuda para el pago de gastos asociados a la vivienda (alquiler e hipoteca) para los perceptores de la RMISA. La vivienda es uno de los determinantes sociales más influyentes en la exclusión social y la pobreza, y supone uno de los gastos al mes más importante para las familias, por lo que es imprescindible para que la RMISA funcione y cumpla con su misión que esta cuestión se contemple.
  13. Elaborar un informe sobre el estado de situación de las secuelas que ha dejado la pandemia de la Covid-19 en la salud mental de la infancia, con medidas de actuación contundentes para paliar esta problemática respaldadas con un presupuesto suficiente.
  14. Implementar programas de prevención y sensibilización en salud mental en los centros educativos para dotar a los niños y niñas de herramientas de gestión y control de la ansiedad y el estrés, así como el fomento de hábitos saludables.
  15. Redactar protocolos específicos sobre prevención del suicidio en los centros educativos, incluyendo así lo previsto en la LOPIVI para la prevención de la violencia y la creación de entornos seguros.
  16. Establecer planes de acción de contingencia para la infancia en supuestos de aumento repentino de flujos migratorios en territorio fronterizo, centrándose en el mapeo de recursos, formación de profesionales y diagnóstico de escenarios de respuesta.
  17. Apostar por una evaluación holística y multidisciplinar de la edad que siga una metodología respetuosa, protectora y que tenga en cuenta la voz del niño, niña o adolescente migrante.
  18. Establecer protocolos de detección, derivación y seguimiento de perfiles vulnerables en la infancia (víctimas de trata, protección internacional, violencia basada en género, minoría de edad no respetada etc.) en lugares de recepción en frontera o primeros recursos de acogida.
  19. Apoyar en la inclusión efectiva de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) migrantes en el entorno comunitario para combatir la segregación laboral, residencial y educativa.
  20. Establecer servicios de atención específicos para NNA fuera del sistema de protección como en situación de tránsito o calle, proporcionándoles acceso a servicios básicos, así como provisión de información y asesoramiento especializado.

Mayores

  1. Potenciar la colaboración con universidades y diversas instituciones andaluzas en proyectos y cursos relativos a facilitar el acceso y gestión en Internet dirigidos a personas mayores, que han probado tener un gran éxito tras el proceso de colaboración de las entidades anteriormente referidas con el Consejo Audiovisual de Andalucía.
  2. Impulso de la Estrategia Andaluza de Envejecimiento Activo y contra la Soledad no deseada, a través de tres líneas de actuación: autonomía personal y buen trato, convivencia solidaridad generacional, acceso a los servicios públicos, reto demográfico y participación.
  3. Aprobar un plan frente a la soledad no deseada, con el objetivo de mejorar las intervenciones destinadas al apoyo a las personas que viven solas.

3.5 Vivienda

El acceso a la vivienda digna y adecuada se configura como un derecho constitucional imprescindible para el desarrollo de una vida. Sin embargo, el encarecimiento del precio medio de la vivienda libre o un mercado de alquileres cada vez más tensionado en determinadas zonas, son algunas de las razones que han propiciado que la vivienda se vuelva a situar como el primer factor de exclusión social, al igual que ocurría antes de la anterior crisis económica.

Ante este debate, el Gobierno andaluz no ha dudado en colocarse desde un primer momento del lado de los fondos buitres y otros grandes tenedores de vivienda. No se han planteado en ningún momento intervenir el límite de los precios del alquiler, tomar medidas para evitar el fenómeno de la vivienda vacía o garantizar el acceso a la vivienda para las personas con mayor riesgo de exclusión.

Desde Por Andalucía, queremos darle a la vivienda la función social que tiene constitucionalmente reconocida.

Normativa general sobre vivienda

  1. Desarrollar en Andalucía y en su máximo exponente la futura ley de vivienda aprobada por el Gobierno central, implementando prioritariamente la necesaria regulación del límite del precio de los alquileres, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y el impulso de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado.
  2. Establecer el marco normativo pertinente para que el suelo y la vivienda se utilice de acuerdo con el interés general y garantizando su función social.
  3. Incorporar en el marco normativo andaluz la siguiente definición de la especulación: la acción sobre el suelo y/o la vivienda que realiza una persona física o jurídica, consistente en la compra y venta, así como cualquier otro negocio jurídico preparatorio de los anteriores, de terrenos o viviendas con el objeto o resultado de obtener un beneficio incrementando su precio de adquisición, sin invertir ni transformar o mejorar el bien, despreciando su valor de uso.
  4. Incorporar medidas de vigilancia, inspección y sanción que impidan la especulación. Impedir  que el precio de venta de aquellos suelos y/o viviendas que no han sido mejorados, transformados ni han satisfecho su función social, queden limitados al precio de adquisición incrementados exclusivamente por el IPC más los gastos documentados inherentes a la transmisión.
  5. Reforzar el concepto de la función social de la vivienda, que incluye el deber de destinar la misma al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, en el marco de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, así como el de mantener, conservar y rehabilitar la vivienda, atribuyendo a los poderes públicos la función de asegurar su adecuado cumplimiento.
  6. Establecer un sistema de transparencia en relación con el diseño, aprobación y ejecución de los fondos europeos en materia de vivienda impulsados por la administración andaluza, que permita su seguimiento y evaluación e impulse la participación de agentes sociales y económicos, de los promotores públicos de vivienda, así como de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Movilizar recursos

  1. Sancionar a las entidades financieras por mantener viviendas deshabitadas y no cumplir con su función social: estar habitadas.
  2. Impulsar un plan urgente de movilización de recursos, incluidas las liquidaciones de los saldos positivos de las fianzas de alquileres y suministros, para la ampliación del Parque Público de Vivienda Social de la Junta de Andalucía en alquiler, que permita la construcción de 40.000 alojamientos y viviendas protegidas, 20.000 de ellas, al menos, destinadas a jóvenes.
  3. Destinar 1.000 millones de euros de fondos propios autonómicos para la ejecución de las políticas de vivienda, independientemente de la financiación con fondos europeos o estatales.
  4. Incorporar al marco normativo andaluz como uso compatible de los suelos dotacionales, el destinado a la construcción de viviendas y alojamientos protegidos, de titularidad pública, en régimen de alquiler.
  5. Garantizar el cumplimiento de destinar el 70% de las liquidaciones de fianzas a programas de vivienda, dando cumplimiento a la ley.
  6. Impulsar la modificación de la previsión normativa anterior elevando al 90% el porcentaje de los saldos positivos de fianzas destinados a programas de vivienda, estableciendo asimismo acuerdos con los promotores públicos para la ejecución de dichos programas de ampliación del parque residencial público destinado a alquiler protegido y asequible.
  7. Poner en marcha el servicio de información del parque residencial de vivienda de Andalucía (SIPRA), establecido en la ley de vivienda.
  8. Dar cumplimiento a la previsión legal de activar el Registro de vivienda deshabitada, así como el impulso de una estrategia andaluza para movilizar la vivienda vacía.
  9. Poner en marcha un Plan para la limitación de la expansión de la transformación de viviendas en establecimientos hosteleros, así como la reconversión de una parte de los existentes en zonas de alquiler tensionado.

Normativa específica y medidas para la calidad de la vivienda

  1. Incorporar al marco normativo andaluz el concepto de habitabilidad de las viviendas, entendida como el conjunto de los requisitos mínimos de calidad, funcionalidad y accesibilidad universal que deben cumplir las mismas para garantizar la dignidad y la salud de las personas, para satisfacer sus necesidades de habitación en las diferentes etapas de su vida, y como base para el efectivo ejercicio de derechos y libertades.
  2. Incorporar al marco normativo andaluz el concepto de Infravivienda, entendida como la edificación, o parte de ella, destinada a vivienda, que no reúne las condiciones mínimas exigidas de conformidad con la legislación aplicable.
  3. Incorporar al marco normativo andaluz el concepto de Vivienda Digna y Adecuada: la vivienda que, por razón de su tamaño, ubicación, condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal, eficiencia energética y utilización de energías renovables y demás características de la misma, y con acceso a las redes de suministros básicos, responde a las necesidades de residencia de la persona o unidad de convivencia en condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero, constituyendo su domicilio, morada u hogar en el que poder vivir dignamente, con salvaguarda de su intimidad, y disfrutar de las relaciones familiares o sociales
  4. Incorporar al marco normativo andaluz el concepto de Condiciones Asequibles Conforme al Esfuerzo Financiero: aquellas condiciones de precio de venta o alquiler que eviten un esfuerzo financiero excesivo de los hogares teniendo en cuenta sus ingresos netos y sus características particulares, considerando, tanto la cuota hipotecaria o la renta arrendaticia, como los gastos y suministros básicos que corresponda satisfacer al propietario hipotecado o al arrendatario, no debiendo superar con carácter general el 30%de los ingresos de la unidad de convivencia.
  5. Presentar un plan de reprogramación de actuaciones en las Áreas de Rehabilitación Integral y Áreas de Rehabilitación concertada delimitadas en planes de viviendas andaluces anteriores.
  6. Aprobar una estrategia de rehabilitación de edificios ambiciosa y holística, basada en la economía circular, que sirva al mismo tiempo para estimular las economías locales, apoyar la cohesión social y las condiciones de vida más saludables, con altos estándares de confort y salubridad, para todas las personas, y la consecución de edificios y barrios de “consumo energético casi nulo” o de saldo positivo.
  7. Atender a las personas con discapacidad en el derecho a la vivienda digna:
    1. Reservar, de forma preceptiva, viviendas accesibles de toda nueva construcción pública y privada de participación pública.
    2. Implantar el diseño integral e inclusivo para toda la ciudadanía en viviendas de nueva construcción, las cuales deberán estar situadas en zonas comunicadas con el resto de la ciudad con una nueva red de transporte público, paradas e itinerarios peatonales accesibles.
    3. Desarrollar un programa de accesibilidad, destinado a eliminar las barreras existentes tanto en los espacios comunes de los edificios como en la vivienda para facilitar la permanencia de las personas en su entorno.
  8. Aprobar la Ley Andaluza sobre Rehabilitación y Eficiencia Energética, que permita, mediante la definición de un marco jurídico basado en la sostenibilidad, la reactivación de los oficios de la construcción, así como la mejora de las condiciones de calidad, accesibilidad, estado de conservación y eficiencia energética de las edificaciones residenciales y sus entornos.

Régimen de vivienda protegida

  1. Incorporar al marco normativo el régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación de la vivienda pública de alquiler.
  2. Establecer la prohibición de venta de la vivienda protegida pública en régimen de alquiler.

Protección de colectivos en situación de vulnerabilidad

  1. Erradicar la pobreza energética y de suministros de los hogares andaluces, estableciendo medidas para garantizar que todas las viviendas tengan suministros de luz, agua y gas.
  2. En conexión con el apartado anterior, incorporar al marco normativo andaluz el concepto gastos y suministros básicos: el importe del coste de los suministros energéticos (de electricidad, gas, gasoil, entre otros), agua corriente, de los servicios de telecomunicación, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual.
  3. Impulsar un plan especial de erradicación del chabolismo y la eliminación de las infraviviendas en Andalucía.
  4. Impulsar un plan contra el sinhogarismo, que tenga en cuenta a los colectivos en riesgo de exclusión (mujeres, minorías étnicas, infancia, LGTBIQ+ y migrantes).
  5. Proponer un convenio a las entidades propietarias (SAREB, bancos, promotoras, etc.), para la cesión de uso de aquellas promociones de viviendas inacabadas o deshabitadas y su puesta a disposición del parque público de alquiler. De igual manera, se llevará a cabo la paralización inmediata de los desahucios en el parque público de vivienda, así como a la retirada y paralización de las denuncias por lo penal a familias sin alternativa habitacional.
  6. Frenar los procesos de especulación, gentrificación y turistificación de los cascos históricos de las ciudades, en colaboración con los ayuntamientos, para garantizar el derecho a la ciudad de la ciudadanía andaluza.

Ayudas vivienda para jóvenes y otros colectivos

  1. Creación de un nuevo “Programa de Primera Vivienda” de ayuda de hasta 10.800 euros para la adquisición de la vivienda habitual para los jóvenes menores de 35 años, independientemente de las que pueda contener el Plan Estatal de Vivienda.
  2. Impulsar un programa de promoción pública de alojamientos protegidos como fórmula óptima para dar respuesta habitacional a colectivos con especial incidencia de demanda insatisfecha como jóvenes en proceso de emancipación familiar, jóvenes extutelados, familias monoparentales y monomarentales, estudiantes, personas mayores, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad.
  3. Establecer nuevas ayudas autonómicas para el acceso a la vivienda en alquiler y propiedad con una dotación mínima inicial de 100 millones de euros y programas específicos de ayuda para el acceso de los jóvenes a la vivienda, con una dotación mínima adicional de 50 millones de euros, independientemente de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda.
  4. Establecer que la acción social de los promotores públicos consiste en ampliar su parque residencial, especialmente el destinado al alquiler y por tanto, la cobertura económica a aquellas familias que no pueden pagar íntegramente el alquiler de la vivienda pública, debe ser satisfecho mediante un programa de ayudas específico de naturaleza autonómico, diseñado y ejecutado de manera eficaz y ágil, consensuado con los promotores públicos.
  5. Poner en marcha con carácter urgente, las convocatorias de ayudas al alquiler para la anualidad 2022 y siguientes, así como la convocatoria específica para Andalucía del Bono Joven.

Régimen sancionador

  1. Incorporar al marco normativo andaluz el concepto de Acoso Inmobiliario, entendido como toda acción u omisión con abuso de derecho con el objetivo de perturbar a cualquier persona en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que le ampara de uso y disfrute de la vivienda.
  2. Realizar tareas de información y asesoramiento a las personas que pudieran ser víctimas de acoso inmobiliario, así como a Comunidades de Propietarios o Inquilinos y asociaciones vecinales del entorno.
  3. Emprender desde el Gobierno andaluz acciones judiciales frente a los autores de la situación de acoso inmobiliario, cuando se observe la concurrencia de indicios graves de acoso inmobiliario y con el fin de proteger a las víctimas, tanto personas físicas como Comunidades y Asociaciones que han denunciado los hechos.

3.6 Justicia

El Gobierno andaluz tiene un importante margen de actuación para la mejora del servicio público de Justicia.

Desde garantizar la calidad de los servicios de la administración de justicia, la atención a las víctimas y el acceso a la justicia gratuita, hasta cuestiones relacionadas con el buen estado de las infraestructuras judiciales.

El objetivo de las siguientes medidas es reducir la sobrecarga y el nivel de litigiosidad, contribuir a la modernización del sistema de Justicia, mejorar notablemente las infraestructuras actuales y garantizar una justicia con perspectiva feminista.

  1. Destinar recursos para lograr una mayor inversión en justicia proteja, que permita reforzar el sistema de justicia gratuita; potenciar la mediación; proveer de bienes muebles y materiales en las dependencias judiciales y fiscales; incrementar la dotación de personal ante escasos medios de los que dispone las plantillas auxiliares y los fiscales de Justicia; y avanzar hacia el camino de la digitalización de los expedientes judiciales.
  2. Aprobar el Plan Andaluz para la Mejora de las Infraestructuras de Justicia.
  3. Garantizar una justicia feminista en Andalucía, para identificar la violencia machista y proteger a las víctimas sin que sean revictimizadas, que contemple las siguientes acciones:
    1. Aprobar un plan para la formación integral de todo el personal de la judicatura de los juzgados de violencia sobre las mujeres de Andalucía, junto a la puesta en marcha de las Unidades Integrales de Valoración Forense y la mejora de las oficinas de atención a la víctima.
    2. Conseguir psicólogos y psicólogas de guardia en los juzgados de violencia de género para atender a las víctimas: realización de informes que después puedan ser utilizados como periciales en los procedimientos.
    3. Que sea preceptiva la intervención de letrados y letradas del turno específico cuando las víctimas presentan denuncias.

3.7 Deporte y Actividad Física

El deporte no es sólo un servicio público, es un derecho universal de la ciudadanía, amparado por el artículo 43.3 de la Constitución Española y la Carta Europea del Deporte. El deporte es una práctica básica transversal y saludable que mejora la calidad de vida, a la que debe garantizarse el acceso universal tanto al deporte formativo como al competitivo.

Es una herramienta socializadora, de cohesión e integración en todos los ámbitos (personas en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, migradas), y, por tanto, inclusiva y cooperativa que vertebra el territorio y fomenta valores comunitarios. Para impulsar este derecho, son necesarias políticas públicas efectivas y dotación de los recursos necesarios que hagan posible un deporte para todos, erradicando barreras discriminatorias y protegiendo esta práctica de los efectos negativos de la mercantilización.

Pero el deporte también es un motor económico que genera puestos de trabajo de forma estructural, vinculados a la investigación, la innovación, la mejora de la práctica y la metodología por su impacto beneficioso en la salud y el bienestar, y que genera también ahorro en el gasto sanitario.

  1. Abordar medidas para incentivar la práctica deportiva entre la población no activa y lograr unas tasas satisfactorias de práctica para contribuir a erradicar el sedentarismo y las enfermedades que imposibiliten una vida longeva, activa y de calidad.
  2. Impulsar los planes comarcales y municipales de equipamientos e instalaciones deportivas y poner en marcha programas de implementación deportiva en los territorios con menor ratio de equipamientos deportivos, con el objetivo de que exista en todas las localidades de menos de 5.000 habitantes, al menos, un centro polivalente cubierto que permita la práctica de las distintas modalidades deportivas tanto individuales como colectivas.
  3. Incorporar profesionales de la actividad física y deportiva dentro sistema andaluz de salud para el tratamiento multidisciplinar en tratamientos para la readaptación deportiva y funcional y en programa de prevención de salud pública. Es necesario pasar de recomendar a recetar y prescribir hacer deporte desde la Atención Primaria, como elemento clave para una vida saludable, para prevenir la enfermedad y su cronificación, fomentar hábitos saludables y prevenir el sobrepeso, garantizando mayor autonomía personal en edades avanzadas.
  4. Garantizar un mayor número de horas de educación física y deporte extraescolar en los centros educativos de Andalucía, en colaboración con escuelas deportivas municipales, clubes y federaciones deportivas y ONGs, facilitando la apertura de los centros educativos en horario no lectivo, tanto para la práctica de deporte base en sus espacios e instalaciones deportivas, como para uso libre por los vecinos y vecinas del barrio para actividad física y lúdica.
  5. Garantizar la perspectiva feminista en el sistema deportivo, potenciando para ello medidas de alto impacto como:
    1. Aumentar la presencia de deporte femenino en la prensa, así como en la radio y televisión pública de Andalucía.
    2. Acabar con las cláusulas antiembarazo.
    3. Garantizar la equiparación salarial entre deportistas hombres y mujeres en los clubes deportivos profesionales.
    4. Dotar de ludotecas a los espacios deportivos.
    5. Establecer medidas contra la cosificación del cuerpo de la mujer en las entregas de premios en los grandes eventos deportivos.
  1. Elaborar un Plan andaluz por la diversidad sexo- género y contra la LGTBIfobia en el deporte donde participen los colectivos implicados con el objeto de formar y generar conciencia crítica entre las personas entrenadoras, técnicas, profesorado de educación física, responsables de clubes y federaciones deportivas y periodistas deportivos, a través de buenas prácticas que normalicen la diversidad sexo-género en el ámbito deportivo.
  2. Dada la importancia de la actividad física y deportiva para la integración social, diseñar y promover los programas específicos para su logro:
    1. Promover la práctica deportiva como medio de integración y desarrollo personal en los centros penitenciarios y los centros de menores de toda Andalucía, garantizando el disfrute de este derecho para la salud y el bienestar físico, psicológico y social, entre reclusos y menores ingresados y tutelados.
    2. Diseñar programas deportivos orientados a facilitar la integración social de personas migrantes en los principales núcleos urbanos residenciales.
    3. Poner en marcha planes específicos de actividad física y deportiva en áreas urbanas especialmente afectadas por problemas de pobreza y exclusión social, para emplear la práctica deportiva como elemento de integración, desarrollo personal y social.
  3. Reforzar todos los programas de actividad física y deportiva dirigidos a las personas con discapacidad, a fin de garantizar la equidad social ante el derecho a la práctica deportiva, la participación en el deporte reglado y la adquisición de salud y bienestar, por medio de medidas como:
    1. Llevar a cabo la completa eliminación de barreras arquitectónicas.
    2. Mejor dotación de recursos para la práctica deportiva especializada.
    3. Especialización de profesionales del deporte.
    4. Incrementar de la financiación pública a clubes y federaciones.
  4. Potenciar la práctica deportiva en el medio rural y los espacios naturales de Andalucía, tales como el senderismo, deportes náuticos o bicicleta de montaña, impulsando la creación de infraestructuras y equipamientos no convencionales, para favorecer el disfrute del medio natural entre la población andaluza, la educación ambiental y el desarrollo local y rural.
  5. Establecer un programa de subvenciones a las entidades deportivas, federaciones y asociaciones deportivas. Las subvenciones deben ser otorgadas con procedimientos de libre concurrencia, transparencia, objetividad y publicidad, con bases reguladoras concretas y estables para toda la legislatura, que garanticen un acceso real de las entidades a líneas de subvenciones.
  6. Reconocer y regular la figura del voluntariado deportivo en la gestión de las entidades deportivas sin ánimo de lucro y entes públicos. Promover medidas de apoyo al sector que les permita concienciar, regularizar y fomentar la contratación de los/as trabajadores/as, así como regular las percepciones de personal técnico deportivo amateur.
  7. Reconocer el patrocinio y mecenazgo para la actividad física y el deporte. Promover un marco legal que regule el patrocinio y el mecenazgo en la actividad física y el deporte de base.
  8. Impulsar políticas de fomento de turismo activo y turismo deportivo.

3.8 RTVA

Los artículos 207 y 211 del Estatuto de Autonomía consagran el derecho a una información independiente, veraz y plural, así como que los medios de comunicación públicos se guiarán por los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad.

No han sido unos años fáciles para la RTVA. La falta de pluralidad informativa ha sido una constante denunciada por el Consejo de Profesionales de Canal Sur. Este problema se ha unido a las contrataciones de personas abiertamente racistas, machistas y homófobas en tertulias televisivas y radiofónicas; el uso y abuso de la figura del colaborador en detrimento de los recortes y la precariedad de la plantilla; o la manipulación ejercida desde San Telmo para anteponer criterios políticos a los criterios periodísticos.

Más allá de la propia RTVA, la Junta de Andalucía ha consentido la privatización de las emisoras locales, ha empleado constantemente la figura del publirreportaje para vender logros y ha financiado a medios privados dedicados a la desinformación para afianzar su consolidación en Andalucía.

Ante este panorama, urge revertir esta situación para proteger los principios recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía.

  1. Frente la amenaza externa del cierre, garantizar la continuidad de la RTVA, reforzando sus plantillas y sus condiciones laborales, asegurar el pluralismo informativo y la contratación de colaboradores que cumplan con un mínimo de estándares éticos.
  2. Consignar una asignación suficiente para que se garantice la dotación de medios técnicos y humanos a los centros provinciales de la RTVA que permitan asegurar las emisiones durante los 365 días del año.
  3. Garantizar la participación, con voz y voto, de los trabajadores y trabajadoras en el Consejo de Dirección de la RTVA.
  4. Apostar por la producción propia de contenidos de la RTVA y garantizar la participación de todo el sector audiovisual en la producción ajena; dando prioridad al aumento de la programación cultural, en especial la andaluza, y la divulgativa.
  5. Crear en la RTVA un Departamento de Igualdad y fomentar en todos los medios de comunicación públicos y privados una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de hombres y mujeres, así como campañas para concienciar acerca de la corresponsabilidad.
  6. Garantizar la profesionalización de los puestos de los órganos de extracción parlamentaria en el Consejo Audiovisual y la RTVA.
  7. Revertir el proceso de privatización de las emisoras locales llevado a cabo por el Decreto-ley 2/2020 y el Decreto-ley 26/2021, así como establecer un reparto justo del espacio radioeléctrico andaluz para garantizar la pluralidad y el equilibrio entre los operadores públicos y privados, con y sin ánimo de lucro, así como los comunitarios.
  8. Garantizar el derecho a la verdad y la puesta en marcha de un portal público para combatir la desinformación. Este portal, a diferencia del que existe actualmente, contará con medios suficientes para asegurar publicaciones estables en el tiempo, la imparcialidad y la participación ciudadana.
  9. Contemplar por medio de ley la prohibición de venta de logros del Gobierno por medio de la contratación de publirreportajes en medios de comunicación. A su vez, se establecerán más mecanismos de control y limitación de la publicidad institucional del Gobierno.
  10. No financiar con dinero público a medios de comunicación dedicados por y para la desinformación de noticias.

3.9 Consumo

La defensa de los y las consumidoras andaluces aparece consagrada en el artículo 58.2.4º del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Entre su contenido se reconoce también la regulación de los procedimientos de mediación, información y educación en el consumo y la aplicación de reclamaciones.

En este sentido, se plantean una serie de propuestas para atender la situación en la que se encuentran los derechos de los y las consumidoras en Andalucía. El objetivo es lograr una mejor financiación a las políticas de protección de los y las consumidoras, revisar y actualizar la legislación actual en esta materia, así como fomentar el asociacionismo, la mediación y el arbitraje en Andalucía.

  1. Incrementar el presupuesto autonómico destinado a las políticas de protección de las personas consumidoras. Actualmente es absolutamente insuficiente para dotar a las personas consumidoras de medidas de protección y transparencia en el ámbito del mercado.
  2. Reforzar los servicios de inspección en aquellos centros directivos que afecten de forma directa a relaciones con usuarios finales, incrementando la actividad de control de mercado.
  3. Revisar y actualizar el régimen sancionador recogido en la Ley de Defensa y Protección de las personas consumidoras en Andalucía, con incremento de cuantías y revisión de tramos en función del nivel de gravedad de la infracción, garantizando la función disuasoria de las sanciones.
  4. Reconocer expresamente el carácter de interesado en el procedimiento sancionador para el consumidor individual denunciante.
  5. Definir y desarrollar un plan estratégico en materia de consumo en el ámbito de la comunidad autónoma estableciendo estrategias de protección de las personas consumidoras y usuarias desde una óptica transversal e implicando a todas las áreas del Gobierno andaluz.
  6. Crear en Andalucía de un sistema público de mediación como mecanismo de solución extrajudicial de los conflictos con la colaboración y la concertación de las organizaciones de consumidores/as y usuarios/as y el sector empresarial.
  7. Incrementar el apoyo y mejorar el Sistema Arbitral de Consumo como un instrumento para la resolución extrajudicial de los conflictos en materia de consumo y alternativa a la vía judicial
  8. Desarrollar campañas de fomento del asociacionismo. Modificar las herramientas administrativas de fomento y la regulación de las ayudas públicas existentes en aras de potenciar un movimiento de consumidores/as potente, de forma que las organizaciones puedan ejercer su papel de agentes económicos y sociales con eficacia.
  9. Crear la Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores y las Consumidoras, que concentre las competencias en materia de protección de los consumidores/as una sola estructura administrativa, que actúe de forma global y coordinada con el resto del Ejecutivo, y que tenga autonomía para ello.
  10. Establecer un mayor control y contundencia en la respuesta frente a prácticas publicitarias que atentan contra los derechos de los/as consumidores/as y la dignidad de las mujeres. En particular, reforzar el control y la sanción sobre la actividad publicitaria ilegal, especialmente aquella que presenta a las mujeres de forma vejatoria y discriminatoria, bien utilizando directamente sus cuerpos o partes del mismo como meros objetos desvinculados del producto que se pretende promocionar, bien utilizando la imagen de las mujeres asociada a comportamientos estereotipados que atentan contra la igualdad de género y fomentan el sexismo desde edades muy tempranas.
  11. Reforzar la protección del consumidor en relación con servicios esenciales (acceso a la vivienda, banca, telecomunicaciones, energía, etc.) y regular la protección de las personas consumidoras vulnerables y mínimos vitales, garantizando el acceso a servicios básicos de luz, agua y vivienda.

3.10. Prevención de incendios

La estacionalidad de los incendios forestales se está acabando. De hecho, la propia condición de los fuegos está cambiando. Se vuelven impredecibles, pueden llegar a tener carácter explosivo y llegan a ser inabarcables, inextinguibles. Son los llamados incendios de sexta generación que se dan cada vez con más frecuencia. La intensidad del fuego crea su propia meteorología, dificultando aún más si cabe la actuación en dicho incendio.

Pese a ello, en octubre de 2021 se despidieron a 700 bomberos forestales cada año, que sólo trabajan en la temporada de verano.

Actualmente hay unos 800 trabajadores/as temporales, la cifra casi se ha multiplicado por cinco en cinco años. En total, la plantilla del INFOCA está compuesta por unas 4.000 personas.

El envejecimiento de la plantilla es consecuencia de un bloqueo durante años de la entrada de nuevo personal. Durante una década, la tasa de reposición de la plantilla de AMAYA fue de cero y sigue siendo de cero para todo el personal que no está en INFOCA. No disponen de un Estatuto específico de bombero forestal que reconozca el riesgo y la penosidad del trabajo que realizan.

Por estas cuestiones y por el ataque que están sufriendo a través de una auditoría privada, que es tendenciosa y que se basa en datos inciertos, desde Por Andalucía vamos a poner marcha medidas para impedir la privatización de esta Agencia Pública.

  1. Garantizar la supervivencia de los montes invirtiendo en prevención de los mismos por medio de los bomberos forestales de INFOCA, asegurando la estabilidad laboral y condiciones de trabajo dignas para la plantilla.
  2. Transformar los contratos en fraude de ley del personal eventual del dispositivo INFOCA en contratos fijos discontinuos tal y como reconoce la jurisprudencia.
  3. Garantizar que todas las vacantes estructurales del dispositivo INFOCA pertenecientes al grupo operativo (bomberos forestales especialistas, bomberos forestales conductores de VCI y bomberos forestales técnicos de operaciones), sean ocupadas con personal interino mientras estas plazas puedan ser ocupadas a través de ofertas públicas de empleo.
  4. Garantizar que las ofertas públicas de empleos sean anuales, tal y como indica el propio convenio colectivo, con la tasa de reposición del 100%.
  5. Proceder al pago del complemento de antigüedad para el personal de la Agencia AMAYA, por tratarse de las únicas trabajadoras y trabajadores públicos a los que no se les reconoce este derecho.
  6. Reclamar ante la Seguridad Social el coeficiente reductor para los bomberos forestales y garantizar una segunda actividad digna llegado el límite de edad de permanencia en primera línea de fuego.
  7. Realizar las acciones pertinentes ante los competentes para que se reconozcan como enfermedades profesionales las generadas por la actividad de los bomberos forestales.
  8. Constituir un Grupo de Trabajo en el Parlamento de Andalucía, relativo a la prevención social y la extinción de grandes incendios en Andalucía.
  9. Poner en marcha el plan forestal andaluz.

En la última década, el feminismo se ha convertido en uno de los movimientos sociales más imparables y transformadores de nuestro país. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo un problema estructural y global, y el feminismo ha de seguir ocupando el espacio público para visibilizar los diferentes tipos de violencias que sufren las mujeres.

A pesar de los grandes avances conseguidos, a día de hoy existen posiciones reaccionarias que ponen en cuestión grandes consensos sociales. La ultraderecha no ha dudado en ningún momento en pretender borrar del mapa todo análisis de las desigualdades que se haga en clave de género.

Durante estos últimos años la Junta de Andalucía ha alimentado las demandas de la ultraderecha, siendo cómplice en la banalización de su posición reaccionaria. El teléfono de la violencia intrafamiliar, el recorte de subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer o la exclusión de proyectos de atención a víctimas de la violencia machista, son solo algunos ejemplos.

Por todo ello, lejos de asumir posiciones defensivas, el movimiento feminista no tiene que dar ni un paso atrás en los derechos alcanzados y tiene que seguir avanzando y reclamando soluciones reales para las mujeres en Andalucía ante todas las discriminaciones y violencias que sufren las mujeres.

Una política económica y laboral feminista para Andalucía

  1. Crear la Consejería de Feminismo e Igualdad para gestionar todas las políticas de igualdad y asegurar una mirada transversal en el resto de políticas.
  2. Desarrollar al máximo todas las políticas públicas implementadas por el Ministerio de Igualdad, para alcanzar una la conciliación real, la eliminación de la brecha de género y acabar con la violencia sexual.
  3. Aumentar el presupuesto destinado a las políticas públicas feministas en Andalucía y el destinado a combatir todas las formas de la violencia machista en nuestra comunidad.
  4. Propiciar un gran pacto social, implicando a los sectores económicos y sociales, para alcanzar una transformación económica verde y feminista que mejores las condiciones laborales de las mujeres en todos los sectores: el primario, el secundario y el terciario.
  5. Dar cumplimiento al plan de igualdad retributiva, con la inversión pública necesaria, para acabar con la brecha salarial, la precariedad en el empleo y el techo de cristal.
  6. Fijar una cláusula social en los contratos públicos donde se garantice que la Administración no contratará con empresas en las que exista segregación ocupacional, precariedad femenina o brecha salarial.
  7. Aumentar la inversión en I+D+I con perspectiva de género, que aumente y visibilice el papel de la mujer en la ciencia, favoreciendo así la diversificación económica y energética que necesita Andalucía.
  8. Constituir una red con los Centros Municipales de Información a las Mujeres con presencia en la inmensa mayoría de los municipios andaluces, con dotación presupuestaria suficiente, estabilidad en las plantillas y líneas de transporte interurbanos para que las mujeres que no tengan Centro en sus municipios puedan desplazarse al municipio más cercano que disponga de uno.

Un urbanismo sostenible y feminista para Andalucía

  1. Modificar el PGOU de Andalucía para que incluya una perspectiva de género, propiciando ciudades que ponga la vida y los cuidados en el centro y garantizando la participación ciudadana en la toma de decisiones
  2. Poner fin al acoso callejero creando espacios seguros, con planes de reordenación urbana que aumenten la iluminación en las calles, eliminen en todo lo posible las grandes fachadas ciegas y amplíen el ancho de las aceras.

Una Andalucía libre de violencias machistas

  1. Reformar y ampliar la Ley de Violencia de Género de Andalucía para adaptarla a los requerimientos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y los convenios internacionales, así como para ampliar el concepto de violencia contra las mujeres incluyendo el feminicidio. Se debe igualmente ampliar la protección de los menores y las menores, garantizar la reparación para las víctimas y las garantías de aplicación de la ley.
  2. Hacer efectivo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y aumentar la dotación de fondos a todas las entidades locales andaluzas implicadas en la materia.
  3. Garantizar la protección de datos y trabajos de todas las personas que puedan realizar informes de título habilitante para mujeres víctimas de violencias machistas.
  4. Generar soluciones habitacionales aumentando las plazas en los centros de atención a las víctimas, así como la mejora en los protocolos para facilitar el acceso y ampliar la Red de Atención de Violencia.
  5. Poner en marcha la acreditación de la condición de víctima de violencia de género sin necesidad de denuncia, tal y como se recoge en la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
  6. Reforzar la formación permanente garantizando la aplicación de mecanismos efectivos de formación en igualdad y en prevención, detección y actuación contra las violencias machistas a todo el cuerpo de trabajadoras y trabajadores públicos, con especial atención al personal de la judicatura, fuerzas de seguridad, trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos/as, educadores/as sociales, personal sanitario y educativo.
  7. Elevar una petición al Gobierno central y adecuar a tal efecto la legislación autonómica para tipificar la violencia vicaria.
  8. Crear un Observatorio de la Violencia Machista Psicológica en Andalucía, que reconozca, estudie y haga seguimiento cuantitativo y cualitativo de las situaciones de violencia machista psicológica que se produzcan en Andalucía, para poder establecer políticas y recursos que contribuyan a dar respuestas a las necesidades reales de las víctimas.
  9. Aumentar la ratio de psicólogos en nuestra comunidad para poder detectar a tiempo y prevenir casos de violencia machista psicológica.
  10. Realizar campañas de sensibilización para difundir el conocimiento sobre la violencia machista psicológica, colaborando con entidades, profesionales y agentes sociales implicados en la lucha contra las violencias machistas, así como a mujeres y niñas que enfrenten situaciones de violencia machista psicológica y a la ciudadanía en general.
  11. Retirar la financiación de dinero público a las asociaciones abiertamente contrarias al desarrollo de derechos y libertades de las mujeres y, en particular, contrarias al libre ejercicio del aborto libre, seguro y gratuito.
  12. Impulsar una reforma legislativa para crear zonas seguras en torno a las clínicas y centros sanitarios para prevenir aquellas conductas relacionadas con el acoso, el insulto y la vulneración de los derechos y libertades.
  13. Garantizar la protección integral y reparación para las mujeres en situación de prostitución. Elaborar programas con la participación de las mujeres afectadas y de las organizaciones feministas que contemplen la atención económica, jurídica, social y sanitaria especializada, con medidas orientadas a erradicar el proxenetismo y la demanda creciente de prostituidores.

Asumir la diversidad para garantizar la igualdad real en Andalucía

  1. Desarrollar y aprobar una Ley de Familias Monomarentales, que reconozca, defina y regule el modelo familiar de las madres solteras, sentando las bases para alcanzar una igualdad real y efectiva que contemple:
    1. Ampliar las deducciones fiscales para familias monomarentales existentes en Andalucía e introduzca otras medidas fiscales adicionales que compensen los mayores gastos directos e indirectos.
    2. Corregir los baremos que se aplican en el acceso a los servicios públicos y las ayudas, adaptándolos al mayor esfuerzo económico relativo que supone sostener un hogar monomarental.
    3. Adoptar medidas específicas que faciliten la conciliación laboral y familiar en el seno de las familias monomarentales.
    4. Ampliar los permisos para cuidados a los que pueden acceder los empleados/as públicos/as andaluces/zas que encabezan familias monomarentales hasta igualar los que disfrutan las familias con dos progenitores.
  2. Impulsar una legislación en Andalucía para erradicar la pobreza menstrual de las andaluzas que se encuentran en contextos socioeconómicos vulnerables, garantizando la gratuidad y el acceso a los productos de higiene menstrual en los edificios públicos, con el objetivo de que todas las mujeres en situación de pobreza tengan acceso a productos de higiene menstrual.
  3. Asegurar que en los centros educativos, los centros que ofrecen servicios para mujeres en riesgo de exclusión y las prisiones se ofrezcan de forma gratuita los productos de higiene menstrual necesarios. Esos productos se entregarán a quienes los necesiten sin mediación alguna y serán lo más sostenibles, ecológicos y respetuosos posibles con la salud de las mujeres.
  4. Poner en marcha mecanismos de vigilancia de la libertad en materia de derechos sexuales de las mujeres migrantes, tanto en situación regular como irregular, así como de otros colectivos de especial vulnerabilidad en esta materia.
  5. Impulsar campañas autonómicas para visibilizar las aportaciones realizadas por mujeres en todos los campos donde han contado tradicionalmente con menos reconocimiento, ya sea en la ciencia, la tecnología, la literatura o las artes en general. Igualmente garantizar que las retransmisiones deportivas se den al 50% entre las competiciones masculinas y femeninas.
  6. Paralelamente a la anterior, desarrollar un plan de memoria feminista, para favorecer que desde los ayuntamientos se reconozca tanto en la nomenclatura de calles y espacios públicos, como en actos de homenaje, la memoria de mujeres relevantes en la cultura, el arte, la ciencia, la política, así como de colectivos de mujeres que han configurado la realidad de Andalucía y de España y que se encuentran invisibilizadas.

Propuestas feministas específicas para hombres

  1. Promover programas y actuaciones de prevención de todas las formas de violencias y desigualdades de género dirigidos específicamente a hombres. Estos programas, realizados desde la administración autonómica en colaboración con las administraciones municipales y supramunicipales tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:
    1. Educar a los hombres y niños en valores de igualdad como forma de prevenir los micromachismos y las violencias machistas.
    2. Implementar programas de formación en masculinidades igualitarias o diversas en centros educativos, juveniles, cívicos y deportivos incluyendo la formación de entrenadores/as, formadores/as, trabajadores/as sociales y cualquier profesional de los sistemas públicos y concertados de protección y promoción social.
    3. Aumentar la capacidad de los padres para educar a sus hijos e hijas de manera orientada hacia la igualdad de sexos mediante programas de preparación a la paternidad y educación en paternidades positivas.
    4. Alentar a los hombres, mediante la capacitación y la educación, a que participen plenamente de los cuidados y el apoyo a otras personas, incluidas sus parejas, las personas mayores, con discapacidad o dependientes, niños y niñas y a otros miembros de la familia a su cargo.
    5. Promover la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
    6. Promover un modelo de masculinidad saludable, capaz de cuidar de sí mismo, evitando las conductas de riesgo y todo tipo de actitudes tóxicas.
    7. Elaborar campañas de información pública sobre el papel de los hombres en la promoción de la igualdad y la erradicación de las violencias machistas.
    8. Promover la participación activa de los hombres en la lucha contra todo tipo de violencias sexuales, incluyendo la trata o la explotación sexual.
    9. Formar a los hombres que ocupen puestos de liderazgo y responsabilidad pública para que ofrezcan un modelo positivo sobre la igualdad de género, denuncien cualquier discriminación hacia las mujeres y cedan protagonismo.
    10. Promover el estudio de los modelos de masculinidades hegemónicas y de su relación con las causas de las violencias machistas, así como las motivaciones y consecuencias para los hombres que la ejercen.
  2. Implementar programas de intervención con agresores. Los programas y actuaciones en esta materia contarán con financiación propia que no podrá detraerse ni significar merma de la financiación de los programas de igualdad y lucha contra las violencias machistas destinados a mujeres. Los programas de intervención con agresores serán acreditados y supervisados por los organismos públicos responsables en materia de igualdad, violencias machistas y justicia, y no podrán compartir recursos o instalaciones con los de atención a víctimas de las violencias machistas. Para ello es necesario:
    1. Formar a los y las profesionales de los distintos sistemas públicos de promoción y protección social en la detección de potenciales agresores y en la intervención con hombres para prevenir, contener y reducir las violencias machistas, así como promover la igualdad y los buenos tratos.
    2. Elaborar protocolos de atención a potenciales agresores, mediante programas de formación en valores de igualdad y medidas de resolución pacífica del conflicto.
  3. Llevar a cabo acciones dirigidas a hombres para la promoción de la igualdad y prevención de las violencias machistas. Desarrollar un servicio de educación transversal para hombres buscando alternativas no violentas que trabajen nuevas masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía y puedan recibir el apoyo profesional La financiación de estas acciones no podrá mermar la financiación de los programas contra las violencias machistas destinados a mujeres.

Andalucía es una comunidad que fue pionera en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+ gracias a la Ley 2/2014 y la Ley 8/2017. Por desgracia, no permanece ajena al clima de odio hacia el colectivo LGTBIQ+ que está creciendo en los últimos años. Se estima que solo en Andalucía existen un 65% de agresiones a personas LGTBIQ+ sin denunciar. El miedo a sufrir represalias o a perder la propia intimidad, no dar importancia al delito de odio, o el miedo a la deportación de las personas LGTBIQ+ extranjeras o en situación irregular, son algunas de las razones.

El pueblo que no aprende de su historia, está condenado a repetirla. Tener memoria es el mejor blindaje para protegernos de las posiciones reaccionarias. Defender los derechos de las personas LGTBIQ+ no es algo simbólico, sino necesario.

Frente al odio, la discriminación y la intolerancia, hoy más que nunca, Andalucía tiene la posibilidad de convertirse en una referencia del respeto cívico hacia la diversidad sexual, para lo cual debe empezar por invertir esfuerzos en acciones de concienciación desde las edades más tempranas.

Una Andalucía libre de delitos de odio

  1. Impulsar el Observatorio Andaluz de la Violencia contra personas LGTBIQ+, así como la creación de una Comisión específica en el seno del Consejo andaluz LGTBIQ+ para el estudio de medidas contra los delitos de odio, que integre a entidades representativas del colectivo y otras víctimas de los delitos de odio; con capacidad de hacer un diagnóstico de la realidad y proveer medidas de prevención, formación, dotación y atención a las víctimas y a las entidades implicadas; y estudiar fórmulas para acabar con el silencio y el miedo de la víctima a no denunciar frente a la impunidad del agresor.
  2. Fomentar el respeto a la diversidad sexual e identidad de género en los medios de comunicación de titularidad autonómica, así como impulsar campañas comunicativas y de sensibilización específicas para acabar con el fenómeno de la infradenuncia en los delitos de odio.
  3. Garantizar que el Gabinete Jurídico de la Junta se persone en todos los procedimientos judiciales relativos a delitos de odio en Andalucía.

Una Andalucía libre de estigmatizaciones

  1. Desarrollar políticas públicas y decididas que apoyen y ayuden a luchar contra los estigmas vertidos sobre las personas LGTBIQ+, abordando todas las realidades desde la educación, la sanidad y el trato a las personas mayores.
  2. Aplicar la transversalidad del enfoque LGTBIQ+ en todas las políticas públicas autonómicas, que aborden la empleabilidad de las personas trans, la infancia LGTBIQ+ y el apoyo a las familias monomarentales y monoparentales.
  3. Extensión a todos los centros públicos y concertados de charlas y actividades específicas enfocadas al respeto por la diversidad, identidades y sexo-afectividad LGTBIQ+.

Una Andalucía libre de exclusión y LGTBIfobia

  1. Llevar a cabo la aplicación efectiva e inmediata del contenido de las Leyes 2/2014 y 8/2017, así como impulsar el Consejo Andaluz de entidades LGTBIQ+, tal y como prevé la ley autonómica de 2017.
  2. Impulsar medidas para la inserción sociolaboral de las personas LGTBIQ+ que se materialicen en acciones de sensibilización, intervención y atención en casos de discriminación.
  3. Fomentar la empleabilidad de las personas que manifiesten socialmente una identidad de género distinta a la asignada al nacer, incluyendo a las mismas en los programas de inserción laboral de los colectivos con especial dificultad en el acceso al empleo, tal y como mandata la Ley 2/2014.
  4. Sensibilizar en los medios de comunicación públicos contra la LGTBIfobia y no contratar ni contar con el servicio de ninguna persona que abiertamente haya atentado contra la dignidad de las personas LGTBIQ+.
  5. Elaborar un plan andaluz contra la LGTBIfobia en el deporte, donde participen los colectivos implicados, con el objeto de formar y generar conciencia crítica entre las personas entrenadoras, técnicas, profesorado de educación física, responsables de clubes y federaciones deportivas y periodistas deportivos.
  6. Acabar con el sexilio rural a través del impulso a las políticas LGTBIQ+.

Una Andalucía libre, diversa y con memoria

  1. Realizar una investigación histórica andaluza sobre activistas LGTBIQ+ y personas trans, con el objetivo de recuperar la historia de aquellas personas que han sufrido la represión, discriminación y vulneración sistemática de derechos en tiempos del Régimen Franquista, la Transición y la democracia española, y realizar de un memorial que repare a las víctimas.
  2. Impulsar campañas que visibilicen la diversidad de orientaciones e identidades de género no normativas y que promocione institucionalmente y en los centros educativos las conmemoraciones principales del movimiento LGTBIQ+: como el Octubre Trans, el Día Internacional contra la LGTBIfobia ―17 de mayo―, y el Día del Orgullo y la Liberación LGTBI ―el 28 de junio―.
  3. Dotar a las bibliotecas escolares y generales con fondos bibliográficos relacionados con la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y la intersexualidad desde actitudes de respeto y no discriminación, enfocados al conocimiento sobre la diversidad y los Derechos Humanos.
  4. Retirar de las bibliotecas y archivos de universidades y otros centros públicos cualquier contenido relativo a la patologización de las personas trans.
  5. Impulsar medidas para la protección de la infancia trans en Andalucía e implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la identidad de género consagrado en el artículo 44 de la Ley de Infancia y Adolescencia en Andalucía, así como promover con el apoyo de entidades LGTBIQ+ la realización de estudios sobre la situación de las y los niños/as y adolescentes LGTBIQ+ en las escuelas para prevenir el acoso escolar.

En los últimos años, la juventud andaluza ha visto cómo se han multiplicado todos los problemas que tenía antes de la pandemia. Resulta alarmante que, siendo la generación más preparada, el desempleo juvenil en Andalucía suela rondar el 50%. No tener trabajo, o encontrar trabajo precario, impide tener una independencia financiera imprescindible para garantizar un desarrollo vital digno. Sin ello, acceder a una vivienda, crear una familia o quedarse en la tierra donde has nacido, es prácticamente imposible.

Quien quiera disfrazar esta realidad de fragilidad, no ha entendido nada. No ha entendido nada y no tiene en cuenta que esta generación de jóvenes ha tenido que crecer de la mano de dos crisis económicas que han machacado las expectativas de su infancia. La sensación de abandono que tiene la juventud andaluza está justificada por la falta de oportunidades reales y la ausencia de una voz en las instituciones que hable directamente de sus problemas.

Que una persona joven pueda desarrollar una vida plena en Andalucía no tiene que convertirse en una carrera de obstáculos. Crear un mercado de trabajo con oportunidades reales, tomar medidas en el ámbito de la vivienda para garantizar la emancipación efectiva o una apuesta por la formación, son algunas de las medidas necesarias para promover el desarrollo personal y social de una de las generaciones más comprometidas y formadas de la historia.

Empleo de calidad y emprendimiento

  1. Poner en marcha un plan para evitar la emigración y propiciar el retorno de emigrantes andaluces y andaluzas a través de un portal web, con recursos para el asesoramiento y acompañamiento en el proceso de retorno, así como la implicación de las instituciones públicas en la búsqueda de salidas laborales o de estudio, con ayudas para el viaje de retorno y subvenciones que favorezcan el autoempleo o la contratación por cuenta ajena.
  2. Desarrollar de forma inmediata un Programa de Empleo Juvenil con medidas directas y transversales en cada una de las políticas activas de empleo a desarrollar con el objetivo de reducir en un año a la mitad el desempleo juvenil en Andalucía dotado con 250 millones de euros.
  3. Garantizar una oferta individualizada y de calidad de empleo, autoempleo, periodo de prácticas remuneradas o acción formativa, para todos los jóvenes menores de 30 años, en un plazo no superior a 4 meses, tras haber finalizado su formación o iniciar el desempleo.
  4. Elaborar un plan de fomento del emprendimiento joven, en colaboración con las asociaciones profesionales, que reduzca los procedimientos burocráticos y facilitando el acceso tanto al asesoramiento personalizado como a financiación a bajo interés, mejorando paralelamente los programas de formación dirigidos a autónomos y autónomas.

Acceso a la vivienda, conciliación y movilidad

  1. Aprobar un plan de vivienda digna que garantice la emancipación efectiva de los jóvenes y las jóvenes en Andalucía, que contemple la creación de un parque público de viviendas en alquiler que alcance la media europea, cuyo precio se establezca en función de los ingresos y que no suponga más del 20% de los ingresos de la persona arrendada. En este plan se prestará especial atención a jóvenes con bajos recursos o en riesgo de exclusión, colectivos vulnerables, mujeres víctimas de violencias machistas y jóvenes con discapacidad.
  2. Aprobar medidas para el apoyo a madres y/o padres jóvenes y garantizar que el cuidado de sus hijos e hijas sea compatible con su carrera profesional y con sus estudios.
  3. Aprobar el Abono de Transporte Joven con una tarifa plana y única de 20 euros para menores de 30 años para el uso de los distintos medios de transporte público: metro, cercanías, autobuses urbanos e interurbanos, que permita moverse dentro de cada provincia.
  4. Crear el Bono Joven destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años, para que se utilice en contratar conexiones a Internet, ya sea a través del móvil o domésticas, o en transporte público, incluyendo la red ferroviaria o los servicios de transporte público metropolitano.

Salud mental y prevención del suicidio

  1. Impulsar un Plan integral de salud mental para personas jóvenes, dotado con una inversión suficiente para reducir al menos a la mitad el tiempo medio de espera para la atención psicológica en el Sistema Andaluz de Salud, y que tenga en cuenta específicamente la prevención del suicidio, los trastornos de conducta alimentaria y la ludopatía.
  2. Implementar planes de prevención del suicidio en centros escolares, dotando a los mismos de recursos económicos y materiales, así como de personal especializado.
  3. Ofrecer ayuda psicológica para los alumnos y alumnas de segundo de bachillerato que así lo necesiten, que les acompañe y ayude para hacer frente al estrés que conlleva un curso determinante para su futuro.

Cultura y deporte

  1. Garantizar de forma legal mediante cuotas que aseguren la paridad, el papel y la presencia de las mujeres jóvenes en el ámbito cultural, con acciones especialmente dedicadas a dotar de una mayor visibilidad y espacios de relevancia en la oferta pública y en medios de comunicación.
  2. Poner en marcha puntos de asesoramiento a jóvenes artistas, creadores y creadoras en aspectos legales y económicos, que les ayuden a desarrollar sus carreras en el ámbito musical, en las artes escénicas, audiovisuales o en Bellas Artes, entre otras, propiciando el cooperativismo y la economía social.
  3. Poner en marcha ayudas para jóvenes deportistas federados/as, así como campañas de promoción del deporte en familia que fomenten una mejora en las relaciones sociales intergeneracionales y la adquisición de una cultura deportiva que garantice la difusión de sus valores y la continuidad de su práctica futura entre las generaciones más jóvenes.

Cualquier persona que viva en Andalucía entenderá que el negacionismo de la emergencia climática no tiene sentido en nuestra tierra. Ante fenómenos meteorológicos cada vez más adversos, que dan lugar a incendios descontrolados, sequía o una calidad del aire cada vez peor, solo cabe poner en marcha de forma urgente medidas para combatir esta realidad. Y es que, Andalucía es una de las regiones de Europa a las que más puede afectar el cambio climático, siendo especialmente sensible al daño que puede producir en dos de sus principales sectores económicos, como son la agricultura y el turismo. Defender Andalucía, defender nuestra tierra, es luchar contra el cambio climático.

Queda mucho por hacer en este sentido, tras más de tres años de ausencia de políticas reales en esta materia, de retrasos en el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático de Andalucía y de mucha propaganda institucional pagada con el dinero público las y los contribuyentes.

La protección de nuestro ecosistema es una obligación que le debemos a las generaciones futuras. Andalucía no puede seguir permitiendo atentados ecológicos, como la construcción de campos de Golf en zonas protegidas, la expansión de proyectos petrolíferos sobre ruinas romanas o permitir la amnistía de los pozos ilegales en la Corona Norte de Huelva para convertir a Doñana en un desierto.

En definitiva, hay que considerar que el horizonte de recuperación de Andalucía y lucha contra la emergencia climática, se debe hacer desde un enfoque transversal en todas las políticas públicas, estableciendo, además, Mesas Ciudadanas por el Clima, porque la sociedad debe ser partícipe ante la gravedad de la situación y de las medidas que se habrán de tomar, que no pueden ser impuestas sin debate.

Frente a lo que está haciendo el gobierno andaluz de optar por lo viejo conocido, por la especulación inmobiliaria y el monocultivo turístico, la propuesta de Por Andalucía aspirar a ganar autonomía estratégica a futuro aprovechando los fondos europeos para dirigirlos a actividades que aumenten nuestra resiliencia, como las energías renovables, la recuperación de líneas de ferrocarril que vertebren nuestro territorio o la rehabilitación energética de los edificios. Este debe ser el motor de la creación de empleo en nuestra Autonomía.

7.1 Lucha contra la emergencia climática

Nuestra situación geográfica ante el cambio climático nos expone a una subida de las temperaturas que constituye una gran amenaza ya que el Mediterráneo se está calentando más rápidamente que la mayoría de zonas del mundo. Esto está generando perturbaciones económicas como la reducción de los rendimientos agrícolas, daños a las infraestructuras críticas y aumento de los precios de los productos básicos.

Cualquier modelo económico sensato tiene que garantizar el respeto y la conservación de los valores naturales, culturales y patrimoniales del territorio y de las gentes que lo componen y lo mantienen vivo. Debemos promover la territorialización de la cadena productiva, junto a nuevas pautas de consumo basado en la eficiencia y no en el derroche de recursos, con criterios de proximidad, sostenibilidad y equidad. Porque la economía debe estar al servicio de las personas, de la comunidad y de la reproducción de la vida y de la naturaleza. Por eso, apoyaremos a las personas autónomas, a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, para conseguir un tejido empresarial denso y consistente que tenga acceso a los mercados de financiación o a las líneas tradicionales de las entidades de crédito.

Andalucía es una comunidad rica en biodiversidad. Sin embargo, la desprotección de nuestras costas, bosques y ecosistemas naturales frente a actividades agrarias o industriales agresivas, están provocando gravísimos daños en enclaves únicos como Doñana con captaciones de aguas ilegales o las amenazas a especies en peligro como el lince.

Impulsaremos una transición ecológica justa, que haga de Andalucía una tierra líder en energías renovables y nos permita reducir la dependencia energética y construir un modelo económico más justo y sostenible.

  1. Crear la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra la Emergencia Climática, y tomar como primera decisión la declaración de la emergencia climática y ecológica en Andalucía. Se impulsarán acciones y medidas claras, contundentes, eficaces y justas que palien y mitiguen los efectos del cambio climático en Andalucía y nos hagan resilientes.
  2. Aumentar la ambición de la Ley 8/2018, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un modelo energético en Andalucía, estableciendo un plan de acción para lograrlo.
  3. Fomentar nuevos yacimientos de empleo verde, ligados entre otras a la transición energética, la rehabilitación del parque de viviendas, la economía circular o la movilidad sostenible.
  4. Reforzar la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, evaluando y reestructurando la red de estaciones de medición, así como poniendo a disposición de la ciudadanía dichas mediciones, utilizando criterios demográficos, poblacionales y epidemiológicos.

7.2 Patrimonio natural andaluz

Hay una vinculación directa entre patrimonio natural y desarrollo. La UNESCO y diversos organismos internacionales han hecho declaraciones de protección de espacios naturales señalando la necesidad de poner en valor estos recursos, al considerarlos básicos para propiciar el desarrollo de los lugares donde se encuentra la naturaleza bien conservada y con valores específicos que merecen algún reconocimiento.

  1. Aprobar medidas que protejan a los principales enclaves naturales andaluces amenazados, con especial atención al Parque Nacional de Doñana, un ecosistema natural único en el que se ha de impulsar una estrategia que garantice su supervivencia y el desempeño de la actividad económica de forma sostenible. Para ello se impulsará el reconocimiento de personalidad jurídica al Parque Nacional de Doñana en los términos propuestos para el Mar Menor en Murcia por la iniciativa ciudadana que se tramita en el Congreso.
  2. Adoptar medidas específicas tendentes a revertir el proceso de desertificación de Doñana y la salinización de sus aguas. A tal efecto, se creará una oficina de seguimiento para la puesta en marcha del plan de Ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana en los términos aprobados en 2014, garantizando el cierre de pozos ilegales. Además, se tomarán las siguientes medidas que complementen su protección:
    1. Reforzar las medidas de cooperación y coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en orden a intensificar la labor de vigilancia del estricto cumplimiento de la legalidad en materia de recursos hídricos.
    2. Elaborar un plan de restauración hídrica del Espacio Natural de Doñana que haga retornar las aguas del Guadiamar a sus marismas.
    3. Reforzar el papel del Consejo de Participación de Doñana como espacio de participación de todos los actores implicados y de la sociedad en su conjunto en el diseño e implementación de medidas para su conservación y el desarrollo económico y social del entorno.
    4. Declarar Doñana zona libre de almacenamiento de Gas en su subsuelo.
    5. Dotar de un fondo que permita la implementación de medidas para la transición hacia un modelo económico sostenible y compatible con la conservación del parque en un contexto de adaptación al cambio climático.
  3. Avanzar hacia la clausura de vertederos de residuos peligrosos y no peligrosos, como el de Nerva, por ser una instalación completamente llena y sobrepasada, y fuera de la vida útil que se proyectó en el momento de su construcción; o el cierre del centro de almacenamiento de residuos radioactivos de El Cabril.
  4. Declarar a Andalucía como territorio libre de fractura hidráulica o fracking.
  5. Plan de reforestación andaluz con acento en la biodiversidad y las especies autóctonas, ampliando zonas a proteger y conservar activamente mediante la renaturalización, implicando a población local y creando empleo al mismo tiempo. Estos programas de reforestación se acompañarán de medidas para recuperar las tierras con criterios científicos que permita luchar contra el cambio climático y la erosión, así como mejorar los suelos e impulsar sistemas de aprovechamiento tradicionales.
  6. Impulsar medidas destinadas a la recuperación de los caminos públicos de Andalucía.
  7. Impulsar una normativa sobre tala y podas del arbolado urbano en las ciudades, que recoja la prohibición de podas o talas en época de cría.
  8. Elaborar un nuevo Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de Biodiversidad, que tenga en cuenta los últimos informes de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos con el objetivo de revisar la legislación actual e incorporar medidas realistas, presupuestadas y efectivas para detener la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Entre ellas:
    1. Especies amenazadas: Revisión del Catálogo Español de Especies Amenazadas con la inclusión del lobo ibérico o la tórtola europea y desarrollo de los Planes de Gestión con objetivos y recursos económicos efectivos.
    2. Estímulo a la protección de los servicios ecosistémicos, mediante apoyo a los programas de custodia del territorio, incentivos fiscales y proyectos piloto de pago por la conservación de recursos hídricos, forestales o de biodiversidad.
    3. Impulsar la coordinación de todas las administraciones, la implicación del sector agrario y la participación ciudadana en la conservación del patrimonio natural.
    4. Impulsar una transición ecológica de la agricultura intensiva en el campo de Doñana mediante su reconversión hacia un modelo sostenible y susceptible de ser beneficiado por medidas agroambientales de la PAC. Iremos de la mano de la comunidad científica en las propuestas y seremos firmes en la persecución de ilegalidades y búsqueda de responsabilidades.
    5. Incentivar la protección del subsuelo y los recursos hídricos del mismo.

7.3 Energía

El nuevo modelo energético que proponemos permite llegar a la autosuficiencia energética, basado en fuentes renovables, más limpias, descentralizadas, y con una gestión en manos de cooperativas y comunidades de producción y consumo energético. Teniendo como meta un sistema eléctrico 100% renovable para 2030, se acompaña de una reducción sustancial de la demanda energética final y del cierre de las centrales de carbón y nucleares para 2025 en España.

Esto es un primer paso fundamental para alcanzar una reducción del 55% de las emisiones de CO2 en España (65% en Europa) para 2030 y unas emisiones netas cero en 2040, a nivel nacional y europeo. Asimismo, es necesario eliminar los subsidios y las exenciones fiscales para todas las energías fósiles.

  1. Impulsar una estrategia integral para el control y la reducción de la contaminación lumínica.
  2. Llevar a cabo medidas conducentes a la rehabilitación ecológica de las viviendas para ahorro energético y mejor utilización del espacio urbano (techos verdes para paneles, huertos y espacios de convivencia).
  3. Promover y facilitar desde las instituciones el autoconsumo energético y la creación de comunidades energéticas de producción, distribución y consumo local en bloques de viviendas, barriadas y pequeñas poblaciones.
  4. Planificar y llevar a efecto la instalación de infraestructuras de producción eléctrica fotovoltaica en los edificios de instituciones públicas de toda Andalucía (centros educativos y sanitarios, equipamientos deportivos, centros de asistencia a personas mayores, etc.).
  5. Impulsar la planificación autonómica, provincial y comarcal previa a la implantación de grandes infraestructuras de producción y transporte de energías renovables, con participación de los habitantes de las poblaciones afectadas y la exclusión de las zonas de alto valor ambiental, agroganadero o paisajístico.
  6. Asistir técnicamente a los ayuntamientos que se vean afectados por megaproyectos de energías renovables, en coordinación con las diputaciones provinciales, de manera que puedan establecer medidas para la necesaria planificación de estas instalaciones en sus municipios. Dicha asistencia técnica incluirá asesoramiento con el fin de evaluar la capacidad máxima de producción de energía solar fotovoltaica de todos los inmuebles de propiedad municipal, para que cada consistorio andaluz, cuya capacidad lo permita, tenga la oportunidad de cubrir las necesidades de consumo eléctrico del parque público municipal, produciendo su propia electricidad 100% renovable.
  7. Aprobar una nueva estrategia energética para Andalucía con objetivos para los próximos 10 años, que garantice la soberanía energética y la lucha contra el cambio climático, que garantice la autosuficiencia energética a partir de recursos endógenos y, especialmente, a partir de fuentes renovables; un modelo energético neutro en carbono y con un objetivo claro de reducción de las emisiones de CO2 en Andalucía en consonancia con los objetivos previstos en la Agenda 2030; y como medida estratégica fundamental para afrontar, especialmente en el sector agrario y en el transporte de mercancías, una eventual situación de bloqueo de suministros en el mercado internacional.
  8. Establecer programas que ayuden en la Transición justa para todas las andaluzas y andaluces:
    1. Programa de fomento de la rehabilitación energética de edificios, para reducir las necesidades energéticas de las familias.
    2. Programa de auditorías públicas para la reducción de las necesidades energéticas de Pymes.
    3. Programa público de inversiones en instalaciones de autoconsumo en edificios de viviendas, públicos y empresas.
    4. Apoyo a la creación de comunidades energéticas renovables que aprovechen el sol y el viento de nuestra tierra.
      1. Ayudas directas a cargo de los Fondos Next Generation.
      2. Exenciones/bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF/ sociedades, actividad económica (municipales IAE, IBI, residuos).
    5. Crear una comercializadora de electricidad pública andaluza para el impulso de las energías renovables en Andalucía como palanca del cambio de modelo energético que acompañe a la población en el cambio de cultura energética hacia un menor consumo, hacia la demanda de un origen renovable de su electricidad y hacia su capacitación para ser a la vez que consumidores, productores de energía renovable, limpia y local.
  9. Aprobar una estrategia de lucha contra la pobreza energética con la instauración de un bono social eléctrico, la reducción del término fijo de la electricidad (con un IVA reducido aumentando el peso del término variable) y la bonificación de una potencia mínima. Incluyendo la microfinanciación para pequeñas instalaciones de autoconsumo.

7.4. Agua

El agua es un patrimonio natural y un recurso estratégico del que dependen las actividades productivas, la calidad de vida de todas y la supervivencia de ecosistemas de gran valor ecológico. El futuro del recurso debe pasar por una gestión sostenible e integral, como así se establece en la Directiva Marco de Aguas (DMA), considerando un mayor control en la demanda o limitando la oferta que hasta ahora se ha gestionado como si fuese infinita.

En los últimos tiempos se ha hecho evidente la merma de recursos hídricos disponibles en Andalucía por los efectos del cambio climático, y una creciente actividad extractiva que no respeta en muchas ocasiones la capacidad de carga de los acuíferos, ni la disponibilidad de agua de las distintas cuencas hidrográficas, lo que ha suscitado grandes controversias entre comunidades y comarcas cedentes y receptoras. El estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea y evidencia los desequilibrios entre disponibilidades reales y consumos de agua.

Tendremos que abordar la problemática del uso y gestión con la responsabilidad que se merece, recuperando e intentando conservar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargan de absorber y amortiguar los problemas de eutrofización o aumento de los niveles de salinidad de nuestras aguas, los impactos del cambio climático y que mejoran la calidad de las masas de agua tanto superficiales como subterráneas. Es nuestra responsabilidad teniendo en cuenta que en las tres últimas décadas ha disminuido hasta un 20% la disponibilidad de agua, debido a la disminución de precipitaciones y al aumento de la evapotranspiración de las plantas a causa del aumento de temperaturas.

  1. Aprobar un plan para la gestión pública del agua, basado en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y desde el paradigma de la Nueva Cultura del Agua. Para ello, es preciso sustituir los sistemas de gestión del agua basados en el aumento de la oferta por otros basados en el control de la demanda, considerando que existen límites en el consumo de agua basados en los recursos naturales de las cuencas hidrográficas y en el respeto a los caudales ecológicos.
  2. Controlar la contaminación de los ríos y limpieza de cauces y aguas superficiales. Contar para ello con agentes locales, pero sobre todo con el cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, ampliando sus competencias y dotándolo de suficientes recursos materiales y humanos y un marco normativo que los ampare como personal estatutario.
  3. Establecer una moratoria a nuevos regadíos, para garantizar el mantenimiento real del ciclo del agua, evitar la sobreexplotación de los acuíferos y garantizar la calidad de sus masas de agua, así como para mantener los niveles de los embalses y evitar los descensos significativos de los mismos de los últimos años.
  4. Controlar todos los acuíferos andaluces para evitar su sobreexplotación, los sondeos ilegales y la especulación hídrica.
  5. Establecer un plan de choque, de mejora de la red de agua y saneamiento en el rural, tanto en modernización para acabar con las fugas como para sustitución de conducciones de fibrocemento. Ofrecer subvenciones a los ayuntamientos con la red de contadores en alta.
  6. Establecer un Pacto Social del Agua, que instaure una fuerte planificación y una gestión garantista, con los objetivos que se establezcan, siempre conforme a la realidad de la situación hídrica de nuestro territorio.
  7. Impulsar una política de vertidos cero, a través de infraestructuras depuradoras sostenibles, huyendo de macroproyectos que se eternizan en el tiempo con un enorme coste ambiental y económico. Apostar por la redistribución de las plantas de fácil y rápida construcción preservando los cauces de ríos y arroyos, priorizando modelos de depuración (en aquellas zonas que lo permitan) naturales por decantación que precisan un coste energético cero y un mantenimiento mínimo.

7.5. Economía circular

En un planeta sobreexplotado y de recursos finitos, es indispensable que sustituyamos nuestro actual sistema productivo, basado en una economía lineal (producir -usar- tirar), por un modelo circular inspirado en el funcionamiento de la naturaleza. Este modelo descansa sobre la reducción en la generación de residuos y la transformación de estos en recursos, que se reintroducen en el medio o en el sistema productivo una y otra vez, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los materiales.

El enfoque que introduce la economía circular pretende conseguir que los productos y recursos conserven su utilidad y valor en todo momento, con lo que se conseguiría llevaría una prácticamente nula generación de residuos.

  1. Impulsar una Ley de Economía Circular Andaluza, basada en la sostenibilidad del entorno en el que vivimos, es decir, reduciendo el uso de materiales prescindibles y aplicando las 4 R: Reducir, Reutilizar, Reparar y Reciclar; con compromiso presupuestario para su desarrollo.
  2. Ayudar al desarrollo de la economía circular promoviendo una reducción del uso de los recursos naturales mediante el ecodiseño, minimizar la generación de residuos, reducir, reutilizar y reciclar, así como prohibir la obsolescencia programada de todo tipo de productos.
  3. Implantar de forma obligatoria un certificado de buenas prácticas en la eliminación y reciclaje de los residuos agrícolas y ganaderos, que habrá de exhibirse para poder retirar de las empresas productoras, plásticos, semillas, antibióticos, fertilizantes y demás insumos.
  4. Promover la modificación de la actual Ley de Residuos y Suelos Contaminados para adaptar «de forma acelerada» sus objetivos de disminución, prevención, reutilización, reciclaje y compostaje al contenido de las futuras directivas europeas, y sustituir las grandes instalaciones de tratamiento por una red distribuida de instalaciones de tamaño mediano y pequeño. Incorporar a la gestión del compostaje de los restos orgánicos de los agricultores/as y otros posibles usuarios (ayuntamientos, entidades de gestión de zonas verdes, etc.), para poderlos gestionar de forma más eficiente y barata.

 7.6 Bienestar animal

El bienestar animal está indisolublemente ligado con cuestiones éticas, políticas, económicas, ambientales y sociales. Y con derechos tan fundamentales como el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas, sustento, condiciones de trabajo dignas, y justicia social en general; y con bienes globales tan comunes como la biodiversidad y los recursos naturales.

La producción industrializada de animales para consumo humano resulta perjudicial no solo el bienestar de los animales, sino que también es una importante contribuyente a la contaminación del agua, del suelo y del aire y tiene una alta dependencia de insumos como agua, tierras, energía, pesticidas y fertilizantes, medicamentos como antibióticos.

Cambiar a sistemas agroecológicos con un mayor bienestar, y niveles reducidos y más saludables de consumo de productos animales, tendrá un impacto significativo en las principales causas de degradación ambiental.

  1. Aprobar una ley de Bienestar Animal de Andalucía que garantice el bienestar animal, con medidas encaminadas a alcanzar paulatinamente una correcta gestión ecológica y medida contra el maltrato animal. Que proteja y otorgue derechos a los animales, y donde se recoja el Sacrificio CERO de animales de compañía.
  2. Dotar de los recursos necesarios a las Entidades de protección animal dedicadas al rescate de animales y para planes de concienciación y control contra el abandono de animales. Dotarlas también para que se puedan controlar las poblaciones urbanas en libertad por esterilización respetuosa.
  3. Atención especial a los animales de personas en situación de vulnerabilidad.
  4. Evitar las subvenciones de espectáculos crueles con animales como la tauromaquia o su promoción como evento cultural. Redirigir las subvenciones que hasta ahora se otorgaban a escuelas de tauromaquia a la implantación del método CER de Captura, Esterilización y Retorno.
  5. Actualizar la regulación de las actividades de caza y pesca, basado en criterios científicos, que permitan el mantenimiento adecuado de las poblaciones, que sea compatible con la preservación de los ecosistemas y evite pérdidas de biodiversidad, y con el uso público de los espacios naturales.

8.1 Movilidad

El transporte y la movilidad es un servicio fundamental que precisa políticas para garantizar su acceso a todas y todos los andaluces. En este sentido, el actual gobierno no ha dado ningún paso para la tramitación de la Ley de Movilidad de Andalucía, de la que se cuenta con un anteproyecto de ley en fase de elaboración desde 2014.

La pandemia, así como la crisis derivada de la misma, ha puesto de relevancia la importancia de contar con un sistema robusto público que nos proteja. Ensanchar lo público para poder afrontar los problemas que nos afectan a todas y todos, es uno de los aprendizajes que debemos tener presentes en la fase de recuperación social y económica, para lo que es imprescindible abordarla desde el convencimiento que debemos superar los problemas estructurales -derivados de décadas de deterioro de los servicios públicos- de nuestra sociedad.

En materia de movilidad y transportes, debemos poner fin a una época en la que los recortes en la movilidad a media-corta distancia y aquellas destinadas a las mercancías, debiéndose articular medidas para recuperar el ferrocarril como medio de transporte público, social y sostenible fundamental para vertebrar el territorio andaluz y enfriar nuestro planeta.

En este contexto los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia son una oportunidad única para impulsar las infraestructuras y reforzar el servicio ferroviario. El debate de los mismos debe centrarse en el para qué precisa y necesita Andalucía participar en los fondos. Uno de estos motivos, uno de esos proyectos es articular una red de transporte con las que seamos capaces de afrontar tres retos de vital importancia: cambio climático, vaciado de la Andalucía rural y cambio del modelo productivo.

  1. Aprobar la Ley de Movilidad Sostenible, que regule un programa de servicios de transporte público colectivo en Andalucía e infraestructuras, un programa de servicios logísticos y las inversiones para la transición en las aglomeraciones urbanas, entre otras medidas.
  2. Impulsar, en el marco de una movilidad urbana sostenible, el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos y líneas estratégicas de actuación, directrices y propuestas contempladas en el Plan Andaluz de la Bicicleta, consignando para ello las partidas presupuestarias necesarias.
  3. Llevar a cabo la ejecución de un Plan de Recuperación de la Inversión Pública en las infraestructuras que necesita Andalucía para vertebrar Andalucía desde la cohesión social, la igualdad de oportunidades y su desarrollo económico. Desarrollar un programa para la mejora de la red secundaria de carreteras de Andalucía, en coordinación con las Diputaciones Provinciales destinado principalmente a la mejora de la seguridad vial y priorizando aquellas vías que dan servicios a zonas en riesgo despoblamiento.
  4. Elevar los niveles de ejecución presupuestaria, sobre todo en materia de inversión y en concreto de los fondos europeos, para la apuesta por programas que tenga una huella en el empleo de forma más inmediata, así como garantizar que las inversiones se queden en las provincias donde estratégicamente han sido diseñado, como las ITIS de Jaén y de Cádiz.
  5. Continuar impulsando el desarrollo de una red autonómica de plataformas intermodales y logísticas situadas en las diferentes aglomeraciones urbanas, con destino al transvase de mercancías desde el tren a los camiones y furgonetas en la tarea del abastecimiento cotidiano y dentro del último kilómetro de los desplazamientos de las mercancías con los objetivos de facilitar la sostenibilidad de las actividades de logística, el intercambio modal, y el transporte y distribución de mercancías de manera sostenible.

Recuperar el Ferrocarril

  1. Impulsar, junto a otras instituciones y agentes sociales y económicos, una estrategia andaluza por la recuperación del ferrocarril – como medio de transporte público, social y sostenible fundamental para vertebrar el territorio andaluz-, dentro de una estrategia global de transporte en Andalucía, en la que incorporar de forma priorizada los proyectos necesarios en esta materia en una propuesta ambiciosa de cara a los Fondos de Europeos de Recuperación y a los presupuestos autonómicos y generales. Solicitándole formalmente al Ministerio de Fomento y mostrando la disposición de la Junta de Andalucía a colaborar y cofinanciar, el desarrollo de proyectos para que el ferrocarril se constituya en la columna vertebral del transporte, tanto de mercancías como de personas, en la Comunidad Autónoma, incrementando la cuota modal del mismo, promoviendo las redes, la intermodalidad y los servicios ferroviarios:
    1. Desarrollo del ferrocarril de cercanías en las aglomeraciones urbanas de Andalucía, así como la recuperación de las líneas ferroviarias convencionales infrautilizadas o en desuso.
    2. Elaborar un plan para el establecimiento de relaciones ferroviarias entre los municipios andaluces mayores de 20.000 habitantes, con una primera fase dirigida a conectar aquellos que cuentan con una población superior a los 50.000 habitantes y que carecen de conexión ferroviaria.
    3. Priorización de aquellos proyectos que se enclaven tanto en estrategias frente al vaciado de las zonas rurales y de interior, donde los autobuses del mundo rural permitan acceder a las estaciones ferroviarias, en vez de hacer la competencia a los trenes regionales, como en planes de industrialización y diversificación económica.
    4. Plan de Recuperación de las líneas y frecuencias de los servicios ferroviarios de trenes regionales y de grandes distancias, donde restablecer además los trenes nocturnos.
    5. Solicitar desde la Consejería con competencias en Fomento al Gobierno central y al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la instalación del Centro de Competencias Digitales en Bobadilla Estación a través de ADIF mostrando su disposición a cooperar en su desarrollo.
  2. Proteger el Patrimonio Industrial asociado a los ferrocarriles andaluces como Bien de Interés Cultural, y la conversión de sus trazados en vías verdes, como gran proyecto de desarrollo sostenible.

Transporte Público Colectivo

  1. Recuperar antes de la finalización de este año todos y cada uno de los servicios que se han visto reducidos a raíz de la Pandemia del Covid-19, ampliándose aquellos que con anterioridad a la crisis eran deficitarios principalmente los que afectan a los municipios con problemas o riesgo de problemas de despoblamiento.
  2. Culminar la elaboración de los planes de transporte metropolitano pendientes, y proceder a la ampliación progresiva del número de municipios integrados en la red de consorcios metropolitanos de transporte, procediendo a acuerdos con los ayuntamientos, a modificaciones normativas y a los cambios estatutarios necesarios que permitan extender el servicio.
  3. Impulsar medidas la integración tarifaria y  coordinar horarios de los distintos transportes públicos que favorezcan su uso multimodal, así como tomar en consideración la accesibilidad y la intermodalidad del transporte en futuras reformas normativas relacionadas con la ordenación del territorio y la planificación urbanística.
  4. Actuar de forma inmediata para la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores de los Metros y Tranvías de Andalucía garantizando la equiparación de las condiciones laborales (salario, horas, jornadas, tiempos máximos de conducción, etc.) al tiempo que trabajar para recuperar por parte de la Administración de forma progresiva la gestión de las diferentes empresas explotadoras donde tiene participación, para evitar la salida de capitales fuera de Andalucía y abaratar así progresivamente el coste a las arcas públicas de los presupuestos generales de cada año.

Taxis

  1. Defender al Taxi frente a la uberización del transporte de personas en vehículos turismo. Andalucía no puede seguir la estela de Madrid que ya ha anunciado que va a crear una autorización VTC autonómica, ilegal, que permita que esas multinacionales destruyan, a través del intrusismo y la competencia desleal, la economía de los miles de familias que viven del taxi prestando un servicio esencial para la comunidad.
  2. Establecer un marco regulatorio común para la Comunidad Autónoma de Andalucía para el sector de arrendamiento de vehículo con conductor (VTC) limitando el número de licencias, interviniendo las tarifas y condiciones de la contratación previa de arrendamiento de vehículos con conductor, estableciéndose un intervalo de tiempo mínimo de 30 minutos entre la solicitud de la prestación de cada servicio contratado y la recogida de los pasajeros de forma efectiva.
  3. Incrementar la inspección a las VTC para garantizar el cumplimiento tanto de las condiciones laborales de sus empleados como las normativas de sus vehículos.

8.2 Ordenación del territorio

El paisaje es el legado de la memoria de un territorio. Cuidarlo no es solo un ejercicio de responsabilidad o civismo del presente, sino también la mejor forma para lograr que las generaciones futuras puedan disfrutarlo y aprender a respetarlo. En plena emergencia climática, es necesario impulsar un cambio de conciencia colectiva y no repetir los errores del pasado.

La gestión de las derechas, allá donde gobierna, representa todo lo contrario de esta concepción. Se trata de una forma de entender la política contraria a los intereses de la ciudadanía y del medioambiente, basada en un modelo especulativo que apuesta por una política vinculada estrictamente a los designios del capital financiero y los fondos de inversión.

Bajo la premisa de la simplificación de trámites y la agilización de procedimientos, la Junta de Andalucía ha enmascarado el retroceso a un modelo basado en la depredación del territorio y los recursos. Fieles ejemplos son la Ley Integral de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) o la desaparición de la imprescriptibilidad para restaurar la legalidad urbanística cuando se construye sobre suelos no urbanizables especialmente protegidos.

Frente a este modelo que busca efectos revulsivos económicos cortoplacistas, hay una alternativa verdaderamente sostenible que no nos devuelva a la Andalucía del pelotazo urbanístico, y que crea realmente en el municipalismo y en la lucha contra la despoblación, problema convertido a día de hoy en una cuestión de Estado.

  1. Llevar a cabo la modificación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, para frenar el proceso de especulación con el suelo andaluz y, en particular, con el suelo rústico.
  2. Poner en marcha un Plan de rehabilitación, renovación y regeneración urbana, tanto para el parque residencial público y privado, como para los edificios y espacios públicos.
  3. Propiciar los espacios comunes en los núcleos urbanos que primen las zonas verdes que proporcionen sombra, con prioridad peatonal y eliminando toda barrera arquitectónica, física o simbólica, así como invertir y promocionar el transporte público.
  4. Revisar los planes de ordenación territorial y urbanismo andaluces, para que el soporte físico de nuestra economía impulse y promueva el «empleo verde», evitando la destrucción de suelos productivos y de alto valor ecológico que son susceptibles de albergar modelos de negocio sostenibles y de gran valor añadido a través de la agricultura ecológica y con denominación de origen, la gestión forestal sostenible o el ecoturismo; facilitando el acceso y promoción al pequeño comercio de producto local, que fija la riqueza al territorio y evita los grandes movimientos de mercancías que desplazan a las propias; o diseñando infraestructuras de transporte colectivo, con el tren como modo principal, para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y, además, crear empleo local para dar servicio público y evitando la inversión en nuevas carreteras.
  5. Modificar la LISTA para lograr una gestión urbana democrática y sostenible frente a los procesos de gentrificación y turistificación.
  6. Aprobar la Ley Andaluza del Paisaje basada en la Carta Europea del Paisaje.
  7. Finalizar y poner en marcha de la Guía para la instalación de parques fotovoltaicos y eólicos que fue retirada ante la presión del lobby del sector provocando que hoy por hoy la planificación pase únicamente por la vía especulativa sin entender ni el impacto paisajístico y medioambiental, ni el impacto económico que puede generar.
  8. Presentar una Ley de Comarcas de Andalucía, para vertebrar el territorio dotando a las comarcas de competencia necesarias para potenciar su desarrollo y cooperar para contar con equipamientos, infraestructuras y servicios públicos compartidos.
  9. Poner en marcha un programa de apoyo y fomento de la arquitectura y el urbanismo bioclimático, priorizando dicho programa en los centros de infantil y primaria y en los centros de atención a las personas mayores.

9.1 Reto demográfico y vaciado de las zonas rurales

La política o los cuidados de la población rural y de costa dependen de la propia política. Depende del posicionamiento sobre la PAC y del modelo que elegimos: si va a fijar población en el territorio, si ayuda a la propiedad o a la producción, si hay políticas para mantener a los jóvenes en el campo o promover a la mujer rural. Y también tiene que ver con los servicios públicos y su saturación durante los ciertos periodos o su falta de cobertura en núcleos rurales, así como de las comunicaciones viarias/ferroviarias y las digitales, las infraestructuras y el empleo y la economía del territorio.

En lo que respecta a los servicios públicos, cuando se cierra una escuela, cuando se incumplen las ratios de atención sanitaria las 24 horas, o cuando no hay políticas sociales, vivienda digna, una oferta cultural, deportiva de ocio y tiempo libre, se muere un pueblo.

Las comunicaciones tanto viarias/ferroviarias como digitales juegan otro papel importante, y es necesario impulsar el ritmo de implantación de la red de internet para combatir la brecha digital territorial, así como dar marcha atrás al desmantelamiento al que ha sido sometido el tren y los transportes colectivos.

Y, por último, el empleo y la economía es otra clave fundamental. Las personas viven donde trabajan o donde tienen perspectivas de trabajar. Si tienen lejos su trabajo, con unas infraestructuras que hacen perder tiempo y dinero, o que no permiten el teletrabajo, y además dicho territorio no dispone de servicios públicos, acabarán viviendo en un lugar próximo al centro de trabajo. En consecuencia, el lugar de origen sufrirá una pérdida de población, que dará más excusas para cerrar una línea educativa, menos posibilidades de que se recupere el pediatra o menos demanda para seguir con la brecha digital.

Frente a esta realidad tan compleja, desde Por Andalucía presentamos las siguientes medidas para afrontar el reto demográfico y el vaciado de las zonas rurales.

Medidas frente al vaciado de Andalucía

  1. Culminar la Estrategia Andaluza por el Reto Demográfico incluyendo las conclusiones del Grupo de Trabajo relativo a estrategia andaluza frente al reto demográfico constituido en el Parlamento de Andalucía en la legislatura pasada.
  2. Impulsar una mesa andaluza por el reto demográfico en la que se incorporen las instituciones, grupos políticos, agentes sociales y económicos llamados a trabajar de manera periódica en la evaluación y actualización de las acciones a desarrollar.
  3. Desarrollo de un plan de acción anual con recursos suficientes para el desarrollo de las iniciativas a impulsar de manera transversal. Dicho plan debe invitar a participar en su cofinanciación a las Diputaciones Provinciales con el objetivo de optimizar políticas que se vienen desarrollando desde las ocho instituciones provinciales.

En materia de Servicios Públicos

  1. Aprobar el Plan Andaluz por la Atención Sanitaria en la Andalucía Rural y de Interior, desde el que se duplique el personal que atiende en los consultorios médicos -con especial atención al servicio de pediatría- y los efectivos de emergencias, para cumplir con las ratios de atención sanitaria las 24 horas en toda Andalucía.
  2. Recuperar y mantener las líneas educativas en todo el territorio de Andalucía, y disminuir las ratios necesarias para la prestación de actividades extraescolares esenciales que favorezcan el desarrollo de políticas de conciliación familia.
  3. Intensificar de manera exponencial la mejora de las instalaciones educativas y sus infraestructuras en los centros educativos y sanitarios rurales.
  4. Impulsar convenios entre la Junta de Andalucía, las diputaciones y los Ayuntamientos para el desarrollo de programas de rehabilitación de vivienda específicos para los municipios que vienen perdiendo población.
  5. Garantizar a través de las diputaciones provinciales el acceso a las políticas sociales en todos los municipios de Andalucía de una manera periódica que nunca superará la visita de los equipos a una semana y que deberá contar con personal asignado para la teleasistencia permanente.
  6. Impulsar convenios entre la Junta de Andalucía, las diputaciones y los ayuntamientos para construcción o mejora de centros de días, residencias, etc., en los municipios que vienen perdiendo población.
  7. Impulsar convenios entre la Junta de Andalucía, las diputaciones y los ayuntamientos para la construcción o mejora de instalaciones deportivas, culturales, así como instalaciones desde las que desarrollar actividades para el ocio y el tiempo libre en los municipios que vienen perdiendo población.
  8. Impulsar convenios entre la Junta de Andalucía, las diputaciones y los ayuntamientos para el desarrollo de programas de accesibilidad tanto en edificios como en espacios públicos en municipios que vienen perdiendo población.

En materia de vertebración del territorio

  1. Impulsar junto a otras administraciones para el desarrollo de una estrategia global de transporte en Andalucía que vertebre el territorio y fagocite el cambio del modelo productivo de un modo sostenible, priorizando las inversiones y posibilitando la colaboración entre administraciones.
  2. Desarrollar junto a otras instituciones y agentes sociales y económicos, una estrategia andaluza por la recuperación del ferrocarril, dentro de la estrategia global de transporte en Andalucía, en la que incorporar de forma priorizada los proyectos necesarios para apostar por un modelo de transporte público, social y sostenible para vertebrar y cohesionar Andalucía.
  3. Incluir en la próxima revisión del Plan PISTA todas las cuestiones derivadas de la falta de comunicaciones en la Andalucía vaciada.
  4. Trabajar para que las distintas instituciones, principalmente la estatal, revierta todos los servicios recortados en los últimos años en materia de transporte ferroviario, así como a la puesta en marcha de un plan para la recuperación del personal que se ha ido perdiendo en consecuencia a los recortes de dichos servicios.
  5. Ampliar los Consorcios Provinciales de Transporte a la totalidad de territorio provincial e impulsar un refuerzo del transporte viario en las zonas rurales, incrementando el número de recursos, adaptando los horarios con las necesidades principalmente laborales y de traslado sanitario ordinario de la ciudadanía e incorporando vehículos acordes al número de viajeros que puedan demandar/necesitar el servicio.
  6. Establecer como objetivo que el 25% de las inversiones viarias tanto de nuevas obras, como de mantenimiento o mejora, sean desarrolladas en vías que conecten municipios que vienen perdiendo población.
  7. Aprobar un plan para la transición digital y plena conectividad territorial, por medio del desarrollo de la banda ancha ultrarrápida y el despliegue del 5G en todo el territorio, especialmente en zonas en riesgo demográfico. A su vez, establecer la garantía de acceso de Internet de alta velocidad en las zonas rurales desde la coordinación de todas las acciones que vienen desarrollándose por las distintas instituciones (Estado, Junta, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.) que hay que incrementar y acelerar para lograr el objetivo de que en ninguna población tenga limitado el acceso a internet al menos a 100 Mbps de velocidad de acceso a internet por usuario antes de finalizar 2021.

Modelo económico que fije población

  1. Llevar a cabo una política de incentivos a la instalación de empresas, con especial atención al sector industrial y energético que se instalen en municipios que vienen perdiendo población.
  2. Apostar decididamente por la agroindustria, llevando a cabo una ambiciosa línea de ayudas para la construcción, mejora o modernización de centros de transformación de productos agrícolas y ganaderos de la zona.
  3. Desarrollar un mapa andaluz por el reto demográfico, en el que se localicen todas las poblaciones que vienen perdiendo población según su nivel de riesgo en el que se tendrá en cuenta tanto el porcentaje de pérdida de población como los años en los que se viene perdiendo población.
  4. Desarrollar el Plan Andaluz de Retorno al mundo rural, especialmente dirigido a jóvenes en el exilio dentro de la estrategia andaluza de retorno, en el que entre otras se asesorará y coordinará con los Ayuntamientos la incorporación de la figura del “retornado” en las distintas iniciativas que se impulsen con medidas de discriminación positiva, así como la puesta en marcha de un portal web en el que se acceda a toda la información de las políticas que desde las distintas administraciones se desarrollan en los distintos municipios que vienen perdiendo población.

9.2 Poder Local

Mientras arrancaba el debate sobre el vaciado del interior, los ayuntamiento democráticos de nuestro país cumplieron más de 40 años; cuatro décadas en los que han demostrado ser la administración que con mayor eficacia ha sido capaz de responder a los problemas de la ciudanía a pesar de estar maltratados en lo económico y cercenados en las competencias de los servicios públicos que facilitan.

La administración más cercana a la ciudadanía es también la terminal última de las instituciones que conforman el estado. Es garantía de éxito para todas las políticas públicas para afrontar los distintos retos del presente y futuro.

En este sentido la gente tiene que estar en el centro, para lo que hay que dotar a la administración que se enfrenta a los problemas a pie de calle con las herramientas y los recursos que faciliten su trabajo al tiempo de fomentar que estas desarrollen iniciativas en las que la ciudadanía se implique directamente a través de procesos de participación ciudadana.

    1. Impulsar la aprobación en el año 2022 para su aplicación desde el 2023 de una Ley de Financiación Local en la que se apueste por la financiación incondicionada, sumando a la PATRICA aquellas transferencias y ayudas que vienen produciéndose desde distintas consejerías, estableciéndose por Ley unas transferencias directas a los municipios andaluces del 5% del total de presupuesto
    2. Impulsar un Grupo de Trabajo compuesto al menos por las consejerías competentes en materia de Administración Local y Hacienda y la FAMP para la aprobación una normativa para la devolución a los ayuntamientos andaluces de la deuda acumulada por el incumplimiento sistemático con respecto a la PATRICA que con la consignación incorporada en los Presupuestos de 2021 alcanza ya los 960 millones de euros. Así mismo la ampliación a 5 millones de euros la financiación específica a las Entidades Locales Autónomas (ELAS) por la no transferencia de esos fondos en 2020.
    3. Acordar que las Entidades Locales puedan participar de forma directa de los fondos REACT-EU que han sido consignados a las comunidades autónomas, en el caso de Andalucía 1.881 millones de euros, en un porcentaje de, al menos un 14,6% (275 millones de euros).
    4. Impulsar, a semejanza de la condición de Municipio Turístico, distintas figuras de municipios que recojan su realidad concreta:
      1. “Municipio vaciado” o equivalente, para conceder un tratamiento financiero incondicionado y de gestión especial a aquellos municipios en los que se haya perdido más de un 10% de población de media en los últimos 10 años.
      2. “Municipio de acogida de trabajadores/as temporeros/as” o equivalente, para conceder un tratamiento financiero incondicionado y de gestión especial a aquellos municipios en los que la afluencia de temporeros/as supone una actividad básica, compensando la sobreprestación de servicios municipales motivada por la afluencia de estos/as trabajadores/as.
      3. “Municipio disperso” o equivalente, para conceder un tratamiento financiero incondicionado y de gestión especial a aquellos municipios menores de 20.000 habitantes organizados territorialmente en varios núcleos de población distantes entre sí, por lo que se multiplican los gastos en la gestión de los servicios.
      4. “Municipio afectado por consecuencias económicas especiales” o equivalente, para conceder un tratamiento financiero incondicionado y de gestión especial a aquellos municipios en los que coyunturalmente se den unas circunstancias económicas especiales, como puede ser el proceso del Brexit para los municipios de la comarca del Campo de Gibraltar.
      5. “Municipio afectado por catástrofes naturales” o equivalente, para conceder un tratamiento financiero incondicionado y de gestión especial a aquellos municipios en los que se den catástrofes naturales de distinta índole, en los que las ayudas actualmente establecidas por las distintas administraciones no vienen a paliar todas las inversiones necesarias para restablecer la normalidad en los mismos.
      1. Llevar a cabo una auditoría sobre los gastos impropios que desde las administraciones locales se vienen desarrollando para paliar el déficit de servicios púbicos supramunicipales, con el objetivo de evaluar los mismos, regular su desarrollo y compensar económicamente a los ayuntamientos
      2. Incrementar de forma considerable las herramientas de apoyo y colaboración con las entidades locales a la hora de la provisión de habilitados nacionales en las mismas, garantizando que ningún ayuntamiento, por causas extraordinarias, se encuentra más de 15 días sin personal en labores de secretaría y/o intervención.
      3. Poner en marcha un mecanismo efectivo de asesoramiento e información en materia de secretaría e intervención para el conjunto de municipios andaluces, con el objetivo de asesorar y resolver dudas para mejorar la gestión municipal, poniendo a disposición de los Ayuntamientos una serie de reglamentación marco (en materia de personal, contratación, ordenanzas, etc.) avalada por la Junta de Andalucía al servicio de los municipios que carecen de personal específico que deba informar a la hora de llevar a cabo cualquier trámite administrativo.
      4. Desarrollar la regulación del régimen local, dentro de los límites del Estatuto de Autonomía, para convertirlo en una Administración que potencie plenamente la participación ciudadana.
      5. Incentivar y dotar de recursos suficientes que permitan realización de presupuestos participativos en los municipios de Andalucía.
      6. Incentivar y dotar de recursos suficientes que permitan que todos los ayuntamientos dispongan de una web específica de participación ciudadana, que incluya al menos la posibilidad de realizar preguntas ciudadanas públicas a los y las representantes, así como un apartado para fomentar las iniciativas ciudadanas y los mecanismos de participación vecinal y ciudadana.
      7. Incentivar y dotar de recursos suficientes a los Ayuntamiento para que se permita llevar a cabo una mejor labor en materias de transparencia y publicación activa de información en las políticas relativas al Plan Municipal del Cambio Climático y el Plan de Igualdad, así como las quejas, evaluación técnica del cumplimiento de sus objetivos, y evaluación ciudadana de su seguimiento.

9.3 Mujer rural

La presencia y actividad de las mujeres en el medio rural ha demostrado ser clave para evitar el fenómeno de la despoblación, y para la consecución de un desarrollo pleno y sostenible en dicho medio.

Las mujeres constituyen una garantía de viabilidad, identidad, progreso y cohesión para toda la sociedad. Son esenciales para asentar la población, evitar la masculinización y envejecimiento del medio rural, e impulsar la diversificación económica.

Sin embargo, el número y nivel de las dificultades reales que deben afrontar las mujeres rurales en su día a día requiere de la planificación e implementación de medidas y recursos necesarios que permitan combatir los sesgos adheridos a los roles de la mujer rural en el proceso productivo, caracterizados por la invisibilización de su trabajo, la pluriactividad, la economía informal y el servicio doméstico.

La situación vivida durante los años 2020 (especialmente) y 2021 a causa de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID 19, ha obligado a las mujeres, con especial impacto en el ámbito rural, a tener que soportar con mayor virulencia situaciones de sometimiento y dependencia de género que en muchos casos, han ido acompañadas de violencia y agresiones.

Por ello, es necesario mayor compromiso institucional y social, que ponga en el foco el protagonismo de la mujer rural en las políticas de desarrollo sostenible del rural.

Propuestas generales

      1. Impulsar la realización e implementación de Planes de Igualdad Municipales.
      2. Llevar a cabo el impulso decidido a la Ley de Cotitularidad, mejorando los sistemas de difusión e información y las ayudas a los trámites necesarios para realizarlos, incluyendo la formación del funcionariado.
      3. Establecer ayudas asociadas al pago básico para mujeres. Y, en la misma medida, que el pago básico sea percibido, proporcionalmente, por los dos cotitulares de la explotación.
      4. Aprobar el estatuto de la mujer agrícola y ganadera.
      5. Desempeñar medidas para el apoyo al relevo generacional en el campo, que además garantice la incorporación directa de mujeres en el sector.
      6. Aprobar un plan estratégico de fomento de actividades emprendedoras innovadoras desarrolladas por mujeres en el ámbito rural de Andalucía, ofreciendo servicios y recursos financieros específicos. Asimismo, Impulso del cooperativismo y proyectos colectivos de y para mujeres.
      7. Desarrollar, especialmente en el medio rural, una red pública que garantice los cuidados necesarios para la conciliación.
      8. Impulso y promoción de la contratación de las mujeres del rural, así como medidas y campañas de vigilancia para proteger a las trabajadoras por cuenta ajena en el caso de crisis del sector, incluyéndolas en la protección de los seguros agrarios.
      9. Ejecutar programas específicos con perspectiva de género para acabar con la brecha digital.

Violencia de género en el rural

    1. En materia de prevención y sensibilización, desarrollar campañas de sensibilización específicas que permitan aumentar la eficacia de las mismas en las zonas rurales.
    2. En materia de atención integral a las víctimas de violencia de género, aumentar el número de centros y recursos especializados, mejorando la accesibilidad tanto por ampliación de los servicios de transporte públicos como por una mayor descentralización de los recursos.
    3. En materia de formación y coordinación, apostar por una formación especializada de todas las personas profesionales que participan de los servicios públicos y privados en las zonas rurales; en especial, los recursos de proximidad como servicios sociales, de salud, educativos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
    4. En materia de movilización de recursos económicos, implementar políticas públicas específicas contra la violencia de género en los territorios rurales.

10.1 Andalucismo del S.XXI

El andalucismo del s. XXI, más allá de ser entendido como una cuestión puramente estética o nostálgica, tiene que tener un trasfondo real con propuestas y soluciones concretas ante problemáticas del día a día.

Las fuerzas políticas andaluzas que realmente estén decididas a trabajar para y por Andalucía, deben poner a nuestra tierra en el centro de sus políticas tanto sociales, como culturales, medioambientales y económicas.

Por Andalucía considera que el peso de la población y de las necesidades de Andalucía debe tener una importante presencia en el Parlamento andaluz para poder hacer posible la imprescindible transformación de Andalucía como pueblo desde políticas progresistas y conscientes de la realidad que arroja el siglo XXI.

Aspirar a gobernar Andalucía supone, hoy por hoy, llevar a su máximo exponente las posibilidades que ofrece nuestro Estatuto de Autonomía. Esta forma de estar en política, desde el pragmatismo y la coherencia, es la que permite entender y defender la identidad colectiva que ha construido el pueblo andaluz a lo largo de su historia. Es necesario que hablemos de sus problemas, pero también tenemos la obligación de aportar soluciones para seguir avanzando, teniendo como referencia nuestra propia historia al mismo tiempo que la realidad que se impone en este s. XXI.

Defensa y ampliación de la autonomía andaluza

  1. Explorar, desarrollar e impulsar al máximo las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
  2. Asumir el compromiso de defensa de nuestras instituciones de autogobierno y reivindicar el modelo de Estado federal, defendiendo los intereses de Andalucía dentro de las instituciones políticas del Estado, sea cual sea el signo político del Gobierno central.
  3. Empujar con propuestas propias para que el Gobierno central avance en un proceso de desconcentración de las instituciones del Estado en Andalucía como elemento clave ante el reto demográfico y la reactivación económica.
  4. Solicitar la reactivación de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Andalucía, contemplada en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y paralizada desde el año 2011, al no haber sido convocada por los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía.
  5. Reforzar la participación y la presencia de la delegación de la Junta de Andalucía en la Unión Europea, con el objetivo de defender los intereses de Andalucía en el proceso de elaboración de normativa comunitaria y promocionar la cultura y economía andaluza en el exterior.
  6. Garantizar en Andalucía el carácter civil de los actos oficiales, incluida la toma de posesión de los cargos públicos, los funerales de Estado, lutos oficiales e izados de bandera, entre otros, evitando cualquier tipo de connotación, rito o simbología religiosa.

Andalucía: una historia compartida

  1. Reconocer y poner en valor el pensamiento, la vida y la obra de Blas Infante, padre de la patria andaluza, contando para ello con la Fundación Blas Infante, las asociaciones para la Memoria Histórica, los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía y la Ruta de Blas Infante.
  2. Incorporar en los programas educativos contenidos en los que se den a conocer los hitos claves en la historia de Andalucía, así como los de nuestra autonomía con el estudio de los hitos del 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980 profundizando en el Andalucismo histórico.
  3. Fomentar y apoyar al tejido asociativo organizado fuera de Andalucía, que tenga como objetivo impulsar y divulgar las identidades y la cultura andaluza, así como generar puntos de encuentro entre andaluces y andaluzas emigradas.

10.2 Profundización Democrática

Las derechas dijeron que vinieron a cambiarlo todo, pero no han cambiado nada. En todo caso, Andalucía se encuentra peor que antes de su llegada a las instituciones.

Andalucía ha sufrido la lacra de la corrupción durante muchos años y sigue siendo unos de los principales problemas que preocupan a los andaluces y las andaluzas. El Gobierno actual, por mucho que se esfuerce en disimularlo, no ha estado exento de polémica.

Ha destacado por su incoherencia: cuando prometió que se iban a reducir el número de altos cargos, los aumentó; cuando dijo que retirarían su indemnización por vivienda, las mantuvo; y cuando las prácticas clientelares pasaron a ser su máxima en el proceso de colocación de cargos públicos.

Pero también ha destacado por sus casos de corrupción. El corredor del Mediterráneo de la corrupción, que pasa por Baleares, Valencia y Murcia, también ha llegado a Andalucía. Desde la implicación de Javier Arenas en los sobresueldos del PP, la detención del vicepresidente de la Diputación de Almería o la imputación de la consejera de Agricultura.

Andalucía no se puede permitir una legislatura más del PP. No se puede seguir consintiendo que sigan instaladas prácticas que confunden lo público con lo privado; los intereses de un partido con el interés general.

Participación Ciudadana

  1. Garantizar y llevar a su máximo grado de cumplimiento el desarrollo efectivo de la Ley de Transparencia y la Ley de Participación Ciudadana en Andalucía.
  2. Modificar las figuras del Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas para lograr mayor capacidad de vigilancia, control y persecución de las acciones de las instituciones, procurando la máxima independencia y acentuando para ello su carácter técnico; así como abrirla a la participación de la sociedad civil organizada y dotarlas de medios suficientes para ejercer un control efectivo.

Una democracia mejor

  1. Asegurar la imparcialidad y la dotación de medios suficientes de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía, e instar a llevar a cabo una investigación contra los casos de fraude y corrupción del Gobierno de la Junta de Andalucía en la pasada legislatura.
  2. Suprimir los aforamientos y limitar el mandato presidencial a dos legislaturas.
  3. Presentar una nueva Ley Electoral de Andalucía, actualizada al tiempo actual, que entre otras medidas contemple: un régimen de compatibilidades que no prime la dedicación profesional privada sobre la pública, garantizar un sistema electoral más proporcional y la contención del gasto en las campañas electorales.
  4. Impulsar, en coordinación con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, medidas para eliminar la brecha de género y la brecha territorial existentes en nuestra comunidad autónoma, así como una regulación para el control de los algoritmos en redes sociales, que permita conocer cómo son tratados los datos personales y eliminar la desigualdad en la venta online de productos y servicios.
  5. Implantar de forma inmediata la lectura fácil y/o el lenguaje claro en todos los documentos, comunicados, publicaciones y publicidad institucional (en este caso también a través del subtitulado y por medio del uso de intérprete de LSE) que lleve a cabo la administración autonómica o, en su defecto, las empresas, colectivos y/o entes en los que la Junta de Andalucía haya licitado o delegado algún servicio público, debiendo llevar un seguimiento mensual de los anuncios y publicaciones realizadas.
  6. Regular la rendición de cuentas del Gobierno andaluz en funciones tras la celebración de elecciones, así como ejecutar y dar cumplimiento a las iniciativas de impulso aprobadas en el Parlamento de Andalucía.

10.3 Cultura

La cultura andaluza se configura como un eje vertebrador de su sociedad; como una parte esencial de la identidad del pueblo andaluz y como un antídoto contra la desigualdad. Sin la cultura, la transformación y evolución de los pueblos no es posible. Es por esta razón que Por Andalucía le da una singular importancia.

Así quedó reflejado durante la pandemia. El sector de la cultura actuó como salvavidas contra la soledad y la ansiedad en los momentos más duros del confinamiento. Sin embargo, a pesar de su imprescindible contribución para la sociedad y como factor de desarrollo económico, trabajar en el sector de la cultura en muchas ocasiones es sinónimo de precariedad y desprotección.

Más allá de las propias personas que hacen posible la cultura, cuidar a la cultura significa también cuidar el patrimonio andaluz, uno de los más valiosos a nivel internacional. Tanto para las personas como para el patrimonio andaluz, una mayor inversión en cultura es la condición necesaria para lograr un mejor modelo de sociedad y para ahondar en nuestra conciencia e identidad y nuestros valores puestos al servicio de la sociedad del s. XXI.

Apoyo a la producción y el fomento de la cultural

  1. Organizar un Grupo de Trabajo con entidades sindicales y agentes de los distintos sectores culturales para atender a las principales demandas de sus profesionales, teniendo en cuenta la cambiante realidad producida tras la pandemia y sus secuelas económicas, para poder así desarrollar las políticas públicas adecuadas y en sintonía con las medidas del Estatuto del Artista.
  2. Promover actuaciones que potencien el conocimiento del trabajo de las mujeres creadoras, impulsando y apoyando el espíritu emprendedor en las iniciativas empresariales de carácter cultural o artístico, promovidas y lideradas por mujeres en Andalucía.
  3. Desarrollar la Ley de Cine y la Ley Audiovisual de Andalucía, cuyo desarrollo ha sido incumplido por el gobierno andaluz a pesar de haber sido aprobadas por unanimidad.
  4. Crear un bono cultural para todas las iniciativas culturales dependientes de la Junta de Andalucía y eliminar las tasas para la entrada, el uso y la cesión de los espacios museísticos.
  5. Asegurar la estabilidad económica de las Orquestas Institucionales e impulsar las Enseñanzas de Régimen Especial bajo el concepto de Educación permanente en conservatorios, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas.
  6. Fomentar la difusión, conocimiento y puesta en valor de la cultura del pueblo gitano en Andalucía en todos aquellos medios de comunicación públicos, especialmente la RTVA.

Patrimonio

  1. Aumentar el personal en los principales enclaves culturales de Andalucía, por medio de convocatorias públicas y abiertas, para mejorar tanto la calidad del empleo como la difusión, conocimiento y conservación de nuestro patrimonio cultural, histórico y arqueológico
  2. Promover que las entidades locales puedan colaborar con la administración competente en materia de patrimonio cultural, específicamente en las labores de tutela y protección, con el objeto de lograr una mejor definición de su patrimonio.
  3. Proceder a inventariar el patrimonio inmatriculado en Andalucía por la Iglesia al amparo de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario, creando para ello comisiones mixtas provinciales, en las que participen las entidades locales y asociaciones patrimonialistas.

Flamenco

  1. Debatir con el propio sector y aprobar, si así se considera, una Ley del Flamenco en Andalucía.
  2. Garantizar desde la institución pública el apoyo financiero para todas las entidades organizadoras de actuaciones y festivales de flamenco en Andalucía.

10.4 Memoria: verdad, justicia y reparación

La memoria es la herramienta de la que disponen los pueblos para dignificar a todas aquellas personas que a lo largo de la historia han sido víctimas de algún tipo de opresión o violencia.

La llegada de la ultraderecha a las instituciones ha puesto en jaque los grandes consensos y avances alcanzados en los últimos tiempos. Las políticas relativas a la Memoria Histórica y Democrática son también objeto de esta ofensiva. Los herederos ideológicos del franquismo tienen obsesión por retorcer el relato de una de las épocas más negras de nuestra historia y por evitar el reconocimiento social a todas las víctimas que exigen verdad, justicia y reparación. La parálisis de las políticas de Memoria Histórica del Gobierno andaluz es un claro ejemplo, ya que solo se limitan a cumplir con las tareas pendientes del Gobierno anterior.

  1. Cumplir con todo el contenido de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (LMDHA). Para ello es necesario el desarrollo normativo de la Ley, priorizando el régimen sancionador y un nuevo protocolo de exhumaciones, así como la creación de un banco de ADN y un censo de víctimas. Para controlar la acción del ejecutivo en Memoria Democrática y el cumplimiento de sus obligaciones se creará una comisión parlamentaria.
  2. Poner en marcha líneas de financiación para investigaciones que avancen en la recuperación y difusión en materia memorialista, así como impulsar un plan de digitalización de archivos de la Guerra Civil y la Dictadura.
  3. Reclamar oficialmente al Gobierno central la desclasificación de toda la documentación que guarde relación con hechos acontecidos en Andalucía, así como la de toda la documentación incautada en Andalucía por las fuerzas golpistas durante la Guerra civil y el franquismo.
  4. Instar al titular de la Basílica de la Macarena a que, en el plazo de un mes como máximo, proceda con la exhumación del golpista Queipo de Llano por sus vínculos con la Dictadura franquista y como dirigente militar del fracasado golpe de estado que dio inicio a la Guerra civil. En el caso de no cumplir con sus obligaciones legales, será la Junta de Andalucía la que realice la exhumación, actuando de oficio de acuerdo con las competencias que establece la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.
  5. Proceder a la catalogación e inmediata retirada de toda simbología franquista, imponiendo las sanciones pertinentes, cuando corresponda, a la administración incumplidora.
  6. Inscribir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.6 de la LMHDA, en el Catálogo de Lugares y Senderos de la Memoria, la carretera Málaga-Almería, como Sendero de la Memoria, y La Colonia de Víznar como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía.
  7. Incorporar a los planes de formación del profesorado, en aplicación del artículo 47 de la LMHDA, la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía, respecto al periodo comprendido entre 1931 y el final de la Transición.
  8. Poner en marcha procesos de verdad, justicia y reparación sobre la represión sexuada de las mujeres con la creación de comisiones de investigación y mecanismos de recogida de testimonios, con medidas efectivas y especial atención en instituciones como las cárceles, el Patronato de Protección a la Mujer, las Salas de Mujeres de los Manicomios y la Sección Femenina.
  9. Investigar y reparar el robo de la maternidad practicado sistemáticamente durante el franquismo y ya en democracia, no solo en cárceles y maternidades del Patronato, sino también en hospitales públicos. Recuperar también los lugares vinculados a estos hechos, resignificando espacios de tortura, violencias y represión en espacios de memoria y reivindicación del papel de las mujeres en la resistencia antifranquista y su lucha por el derecho al aborto y la conquista de derechos y libertades.
  10. Implementar medidas que favorezcan la inclusión de la memoria de la represión a las mujeres y sus luchas en el ámbito educativo: en el currículum y en materiales y recursos educativos.

10.5 Andalucía cuna de la multiculturalidad y de los Derechos Humanos

La historia de Andalucía se construye gracias al crisol de culturas que han habitado su tierra, comenzando por la propia cultura autóctona. La convivencia entre culturas heterogéneas ha posibilitado que tengamos uno de los patrimonios más ricos y una población con una mentalidad abierta y alineada con los Derechos Humanos.

Por desgracia, en estos últimos años se han tenido que presenciar actos racistas y de acoso contra la población migrante practicados por la ultraderecha en Andalucía.

Igual de preocupante resulta que la Junta de Andalucía durante los últimos años haya estado dando carta de naturaleza al radicalismo más xenófobo y racista que se ha conocido en las instituciones del país desde la democracia. Todo ello, mientras que se reducía el gasto para las políticas de acogida de personas migrantes o mientras que se recortaba el presupuesto para  Cooperación Internacional.

Distraer la atención centrando el foco del problema en el odio al diferente, es una de las maneras más ruines de estar en política y es indicativo de la falta de propuestas. Por todo ello, urge revertir esta situación y poner límites al intolerante.

  1. Combatir la criminalización contra la población migrante y, en particular, contra los menores no acompañados, así como aumentar el número de profesionales que atienden a estos menores y poner en marcha un protocolo homogéneo de atención a los mismos.
  2. Implementar un programa social de transición para los menores extranjeros no acompañados una vez cumplida la mayoría de edad con medidas de acompañamiento, vivienda, inserción socio laboral, para garantizar a medio plazo la acogida integral en previsión de la posible evolución de la llegada de menores a nuestras costas, asegurando las dotación suficiente de recursos de equipamiento, técnicos, humanos y económicos.
  3. Garantizar que los menores y las menores que migran solos reciben un tratamiento acorde a la Convención sobre los Derechos de la Infancia, considerando siempre su condición de menores por delante de su estatus migratorio. Dentro de la prioridad de su tratamiento como niños, niñas y adolescentes, es relevante evitar su segregación en instituciones ad hoc, así como las medidas que impidan su socialización.
  4. Asegurar que el Servicio Andaluz de Empleo priorizará entre sus objetivos la superación de la segregación ocupacional y laboral. En este sentido, se prestará especial atención a la discriminación y sobreexplotación de las mujeres migrantes y con discriminaciones múltiples, favoreciendo su plena integración social y laboral.
  5. Mejorar la gestión del trinomio inmigración-crisis-campo andaluz, poniendo en marcha un programa, en colaboración con el sector empresarial concernido y los ayuntamientos del entorno, para erradicar los asentamientos chabolistas de temporeras en Huelva y Almería, dotando de alojamientos dignos a las trabajadoras que resultan esenciales para el desarrollo de la actividad.
  6. Combatir cualquier tipo de discriminación o acto racista que vulnere los derechos fundamentales del pueblo gitano en Andalucía, e impulsar políticas públicas para la formación, el empleo y la lucha contra la segregación escolar.
  7. Impulsar en todos los niveles, por justicia y coherencia, la solidaridad con las reivindicaciones de los pueblos saharaui y palestino. Y se solicitará la creación del Intergrupo Parlamentario “Paz en el Sáhara” en el Parlamento de Andalucía.
  8. Declarar Andalucía como Comunidad libre de trata y llevar a cabo la realización de un memorial que repare a las víctimas de la trata de personas de todos los tiempos.
  9. Revertir los recortes en la política andaluza en Cooperación Internacional y trabajar por el fortalecimiento de la cooperación internacional como seña de identidad propia recogida en el Estatuto de autonomía, considerándola una política necesaria para promover soluciones globales para problemas globales.
  10. Garantizar que los presupuestos autonómicos hagan suyo el principio de solidaridad del Fondo Europeo de Reconstrucción, a través de una vigorosa política andaluza en Cooperación Internacional que se aproxime a la senda del 0,7%.
  11. Aumentar la partida para las convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBIQ+, acción social y voluntariado, en el ámbito de la consejería con competencias en Igualdad y publicarlas antes de la finalización del primer trimestre de la anualidad.
  12. Impulsar una Ley Autonómica Antirracista, por la que se creará un organismo específico de asistencia a víctimas que recogerá las denuncias presentadas por actos de racismo y discriminación.
  13. Crear un Observatorio Penitenciario, de Migraciones y Frontera Sur, que vele y garantice el cumplimiento de los Derechos humanos.
  14. Elevar al Gobierno central cuantas peticiones, medidas y recursos sean necesarios hasta lograr la total erradicación de los CIES en nuestra comunidad.
  15. Frenar y revertir los recortes en integración de la inmigración y vigilar estrictamente el mal uso y desvío de fondos de uso finalista que puedan estar realizando ayuntamientos y diputaciones.
  16. Suprimir las trabas administrativas que impiden el acceso normalizado de las personas extranjeras en situación documental irregular a los servicios de escuela infantil, comedor escolar y de sanidad, admitiendo para el trámite la declaración jurada de ingresos, tal y como ya se hace para otros trámites administrativos de la propia Junta de Andalucía.

MUCHAS GRACIAS