Por Andalucía

BQ7

Programa de Gobierno

TRANSICIÓN ECOLÓGICA FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Cualquier persona que viva en Andalucía entenderá que el negacionismo de la emergencia climática no tiene sentido en nuestra tierra. Ante fenómenos meteorológicos cada vez más adversos, que dan lugar a incendios descontrolados, sequía o una calidad del aire cada vez peor, solo cabe poner en marcha de forma urgente medidas para combatir esta realidad. Y es que, Andalucía es una de las regiones de Europa a las que más puede afectar el cambio climático, siendo especialmente sensible al daño que puede producir en dos de sus principales sectores económicos, como son la agricultura y el turismo. Defender Andalucía, defender nuestra tierra, es luchar contra el cambio climático.

Queda mucho por hacer en este sentido, tras más de tres años de ausencia de políticas reales en esta materia, de retrasos en el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático de Andalucía y de mucha propaganda institucional pagada con el dinero público las y los contribuyentes.

La protección de nuestro ecosistema es una obligación que le debemos a las generaciones futuras. Andalucía no puede seguir permitiendo atentados ecológicos, como la construcción de campos de Golf en zonas protegidas, la expansión de proyectos petrolíferos sobre ruinas romanas o permitir la amnistía de los pozos ilegales en la Corona Norte de Huelva para convertir a Doñana en un desierto.

En definitiva, hay que considerar que el horizonte de recuperación de Andalucía y lucha contra la emergencia climática, se debe hacer desde un enfoque transversal en todas las políticas públicas, estableciendo, además, Mesas Ciudadanas por el Clima, porque la sociedad debe ser partícipe ante la gravedad de la situación y de las medidas que se habrán de tomar, que no pueden ser impuestas sin debate.

Frente a lo que está haciendo el gobierno andaluz de optar por lo viejo conocido, por la especulación inmobiliaria y el monocultivo turístico, la propuesta de Por Andalucía aspirar a ganar autonomía estratégica a futuro aprovechando los fondos europeos para dirigirlos a actividades que aumenten nuestra resiliencia, como las energías renovables, la recuperación de líneas de ferrocarril que vertebren nuestro territorio o la rehabilitación energética de los edificios. Este debe ser el motor de la creación de empleo en nuestra Autonomía.

7.1 Lucha contra la emergencia climática

Nuestra situación geográfica ante el cambio climático nos expone a una subida de las temperaturas que constituye una gran amenaza ya que el Mediterráneo se está calentando más rápidamente que la mayoría de zonas del mundo. Esto está generando perturbaciones económicas como la reducción de los rendimientos agrícolas, daños a las infraestructuras críticas y aumento de los precios de los productos básicos.

Cualquier modelo económico sensato tiene que garantizar el respeto y la conservación de los valores naturales, culturales y patrimoniales del territorio y de las gentes que lo componen y lo mantienen vivo. Debemos promover la territorialización de la cadena productiva, junto a nuevas pautas de consumo basado en la eficiencia y no en el derroche de recursos, con criterios de proximidad, sostenibilidad y equidad. Porque la economía debe estar al servicio de las personas, de la comunidad y de la reproducción de la vida y de la naturaleza. Por eso, apoyaremos a las personas autónomas, a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, para conseguir un tejido empresarial denso y consistente que tenga acceso a los mercados de financiación o a las líneas tradicionales de las entidades de crédito.

Andalucía es una comunidad rica en biodiversidad. Sin embargo, la desprotección de nuestras costas, bosques y ecosistemas naturales frente a actividades agrarias o industriales agresivas, están provocando gravísimos daños en enclaves únicos como Doñana con captaciones de aguas ilegales o las amenazas a especies en peligro como el lince.

Impulsaremos una transición ecológica justa, que haga de Andalucía una tierra líder en energías renovables y nos permita reducir la dependencia energética y construir un modelo económico más justo y sostenible.

  1. Crear la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra la Emergencia Climática, y tomar como primera decisión la declaración de la emergencia climática y ecológica en Andalucía. Se impulsarán acciones y medidas claras, contundentes, eficaces y justas que palien y mitiguen los efectos del cambio climático en Andalucía y nos hagan resilientes.
  2. Aumentar la ambición de la Ley 8/2018, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un modelo energético en Andalucía, estableciendo un plan de acción para lograrlo.
  3. Fomentar nuevos yacimientos de empleo verde, ligados entre otras a la transición energética, la rehabilitación del parque de viviendas, la economía circular o la movilidad sostenible.
  4. Reforzar la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, evaluando y reestructurando la red de estaciones de medición, así como poniendo a disposición de la ciudadanía dichas mediciones, utilizando criterios demográficos, poblacionales y epidemiológicos.

7.2 Patrimonio natural andaluz

Hay una vinculación directa entre patrimonio natural y desarrollo. La UNESCO y diversos organismos internacionales han hecho declaraciones de protección de espacios naturales señalando la necesidad de poner en valor estos recursos, al considerarlos básicos para propiciar el desarrollo de los lugares donde se encuentra la naturaleza bien conservada y con valores específicos que merecen algún reconocimiento.

  1. Aprobar medidas que protejan a los principales enclaves naturales andaluces amenazados, con especial atención al Parque Nacional de Doñana, un ecosistema natural único en el que se ha de impulsar una estrategia que garantice su supervivencia y el desempeño de la actividad económica de forma sostenible. Para ello se impulsará el reconocimiento de personalidad jurídica al Parque Nacional de Doñana en los términos propuestos para el Mar Menor en Murcia por la iniciativa ciudadana que se tramita en el Congreso.
  2. Adoptar medidas específicas tendentes a revertir el proceso de desertificación de Doñana y la salinización de sus aguas. A tal efecto, se creará una oficina de seguimiento para la puesta en marcha del plan de Ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana en los términos aprobados en 2014, garantizando el cierre de pozos ilegales. Además, se tomarán las siguientes medidas que complementen su protección:
    1. Reforzar las medidas de cooperación y coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en orden a intensificar la labor de vigilancia del estricto cumplimiento de la legalidad en materia de recursos hídricos.
    2. Elaborar un plan de restauración hídrica del Espacio Natural de Doñana que haga retornar las aguas del Guadiamar a sus marismas.
    3. Reforzar el papel del Consejo de Participación de Doñana como espacio de participación de todos los actores implicados y de la sociedad en su conjunto en el diseño e implementación de medidas para su conservación y el desarrollo económico y social del entorno.
    4. Declarar Doñana zona libre de almacenamiento de Gas en su subsuelo.
    5. Dotar de un fondo que permita la implementación de medidas para la transición hacia un modelo económico sostenible y compatible con la conservación del parque en un contexto de adaptación al cambio climático.
  3. Avanzar hacia la clausura de vertederos de residuos peligrosos y no peligrosos, como el de Nerva, por ser una instalación completamente llena y sobrepasada, y fuera de la vida útil que se proyectó en el momento de su construcción; o el cierre del centro de almacenamiento de residuos radioactivos de El Cabril.
  4. Declarar a Andalucía como territorio libre de fractura hidráulica o fracking.
  5. Plan de reforestación andaluz con acento en la biodiversidad y las especies autóctonas, ampliando zonas a proteger y conservar activamente mediante la renaturalización, implicando a población local y creando empleo al mismo tiempo. Estos programas de reforestación se acompañarán de medidas para recuperar las tierras con criterios científicos que permita luchar contra el cambio climático y la erosión, así como mejorar los suelos e impulsar sistemas de aprovechamiento tradicionales.
  6. Impulsar medidas destinadas a la recuperación de los caminos públicos de Andalucía.
  7. Impulsar una normativa sobre tala y podas del arbolado urbano en las ciudades, que recoja la prohibición de podas o talas en época de cría.
  8. Elaborar un nuevo Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de Biodiversidad, que tenga en cuenta los últimos informes de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos con el objetivo de revisar la legislación actual e incorporar medidas realistas, presupuestadas y efectivas para detener la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Entre ellas:
    1. Especies amenazadas: Revisión del Catálogo Español de Especies Amenazadas con la inclusión del lobo ibérico o la tórtola europea y desarrollo de los Planes de Gestión con objetivos y recursos económicos efectivos.
    2. Estímulo a la protección de los servicios ecosistémicos, mediante apoyo a los programas de custodia del territorio, incentivos fiscales y proyectos piloto de pago por la conservación de recursos hídricos, forestales o de biodiversidad.
    3. Impulsar la coordinación de todas las administraciones, la implicación del sector agrario y la participación ciudadana en la conservación del patrimonio natural.
    4. Impulsar una transición ecológica de la agricultura intensiva en el campo de Doñana mediante su reconversión hacia un modelo sostenible y susceptible de ser beneficiado por medidas agroambientales de la PAC. Iremos de la mano de la comunidad científica en las propuestas y seremos firmes en la persecución de ilegalidades y búsqueda de responsabilidades.
    5. Incentivar la protección del subsuelo y los recursos hídricos del mismo.

7.3 Energía

El nuevo modelo energético que proponemos permite llegar a la autosuficiencia energética, basado en fuentes renovables, más limpias, descentralizadas, y con una gestión en manos de cooperativas y comunidades de producción y consumo energético. Teniendo como meta un sistema eléctrico 100% renovable para 2030, se acompaña de una reducción sustancial de la demanda energética final y del cierre de las centrales de carbón y nucleares para 2025 en España.

Esto es un primer paso fundamental para alcanzar una reducción del 55% de las emisiones de CO2 en España (65% en Europa) para 2030 y unas emisiones netas cero en 2040, a nivel nacional y europeo. Asimismo, es necesario eliminar los subsidios y las exenciones fiscales para todas las energías fósiles.

  1. Impulsar una estrategia integral para el control y la reducción de la contaminación lumínica.
  2. Llevar a cabo medidas conducentes a la rehabilitación ecológica de las viviendas para ahorro energético y mejor utilización del espacio urbano (techos verdes para paneles, huertos y espacios de convivencia).
  3. Promover y facilitar desde las instituciones el autoconsumo energético y la creación de comunidades energéticas de producción, distribución y consumo local en bloques de viviendas, barriadas y pequeñas poblaciones.
  4. Planificar y llevar a efecto la instalación de infraestructuras de producción eléctrica fotovoltaica en los edificios de instituciones públicas de toda Andalucía (centros educativos y sanitarios, equipamientos deportivos, centros de asistencia a personas mayores, etc.).
  5. Impulsar la planificación autonómica, provincial y comarcal previa a la implantación de grandes infraestructuras de producción y transporte de energías renovables, con participación de los habitantes de las poblaciones afectadas y la exclusión de las zonas de alto valor ambiental, agroganadero o paisajístico.
  6. Asistir técnicamente a los ayuntamientos que se vean afectados por megaproyectos de energías renovables, en coordinación con las diputaciones provinciales, de manera que puedan establecer medidas para la necesaria planificación de estas instalaciones en sus municipios. Dicha asistencia técnica incluirá asesoramiento con el fin de evaluar la capacidad máxima de producción de energía solar fotovoltaica de todos los inmuebles de propiedad municipal, para que cada consistorio andaluz, cuya capacidad lo permita, tenga la oportunidad de cubrir las necesidades de consumo eléctrico del parque público municipal, produciendo su propia electricidad 100% renovable.
  7. Aprobar una nueva estrategia energética para Andalucía con objetivos para los próximos 10 años, que garantice la soberanía energética y la lucha contra el cambio climático, que garantice la autosuficiencia energética a partir de recursos endógenos y, especialmente, a partir de fuentes renovables; un modelo energético neutro en carbono y con un objetivo claro de reducción de las emisiones de CO2 en Andalucía en consonancia con los objetivos previstos en la Agenda 2030; y como medida estratégica fundamental para afrontar, especialmente en el sector agrario y en el transporte de mercancías, una eventual situación de bloqueo de suministros en el mercado internacional.
  8. Establecer programas que ayuden en la Transición justa para todas las andaluzas y andaluces:
    1. Programa de fomento de la rehabilitación energética de edificios, para reducir las necesidades energéticas de las familias.
    2. Programa de auditorías públicas para la reducción de las necesidades energéticas de Pymes.
    3. Programa público de inversiones en instalaciones de autoconsumo en edificios de viviendas, públicos y empresas.
    4. Apoyo a la creación de comunidades energéticas renovables que aprovechen el sol y el viento de nuestra tierra.
      1. Ayudas directas a cargo de los Fondos Next Generation.
      2. Exenciones/bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF/ sociedades, actividad económica (municipales IAE, IBI, residuos).
    5. Crear una comercializadora de electricidad pública andaluza para el impulso de las energías renovables en Andalucía como palanca del cambio de modelo energético que acompañe a la población en el cambio de cultura energética hacia un menor consumo, hacia la demanda de un origen renovable de su electricidad y hacia su capacitación para ser a la vez que consumidores, productores de energía renovable, limpia y local.
  9. Aprobar una estrategia de lucha contra la pobreza energética con la instauración de un bono social eléctrico, la reducción del término fijo de la electricidad (con un IVA reducido aumentando el peso del término variable) y la bonificación de una potencia mínima. Incluyendo la microfinanciación para pequeñas instalaciones de autoconsumo.

7.4. Agua

El agua es un patrimonio natural y un recurso estratégico del que dependen las actividades productivas, la calidad de vida de todas y la supervivencia de ecosistemas de gran valor ecológico. El futuro del recurso debe pasar por una gestión sostenible e integral, como así se establece en la Directiva Marco de Aguas (DMA), considerando un mayor control en la demanda o limitando la oferta que hasta ahora se ha gestionado como si fuese infinita.

En los últimos tiempos se ha hecho evidente la merma de recursos hídricos disponibles en Andalucía por los efectos del cambio climático, y una creciente actividad extractiva que no respeta en muchas ocasiones la capacidad de carga de los acuíferos, ni la disponibilidad de agua de las distintas cuencas hidrográficas, lo que ha suscitado grandes controversias entre comunidades y comarcas cedentes y receptoras. El estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea y evidencia los desequilibrios entre disponibilidades reales y consumos de agua.

Tendremos que abordar la problemática del uso y gestión con la responsabilidad que se merece, recuperando e intentando conservar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargan de absorber y amortiguar los problemas de eutrofización o aumento de los niveles de salinidad de nuestras aguas, los impactos del cambio climático y que mejoran la calidad de las masas de agua tanto superficiales como subterráneas. Es nuestra responsabilidad teniendo en cuenta que en las tres últimas décadas ha disminuido hasta un 20% la disponibilidad de agua, debido a la disminución de precipitaciones y al aumento de la evapotranspiración de las plantas a causa del aumento de temperaturas.

  1. Aprobar un plan para la gestión pública del agua, basado en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y desde el paradigma de la Nueva Cultura del Agua. Para ello, es preciso sustituir los sistemas de gestión del agua basados en el aumento de la oferta por otros basados en el control de la demanda, considerando que existen límites en el consumo de agua basados en los recursos naturales de las cuencas hidrográficas y en el respeto a los caudales ecológicos.
  2. Controlar la contaminación de los ríos y limpieza de cauces y aguas superficiales. Contar para ello con agentes locales, pero sobre todo con el cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, ampliando sus competencias y dotándolo de suficientes recursos materiales y humanos y un marco normativo que los ampare como personal estatutario.
  3. Establecer una moratoria a nuevos regadíos, para garantizar el mantenimiento real del ciclo del agua, evitar la sobreexplotación de los acuíferos y garantizar la calidad de sus masas de agua, así como para mantener los niveles de los embalses y evitar los descensos significativos de los mismos de los últimos años.
  4. Controlar todos los acuíferos andaluces para evitar su sobreexplotación, los sondeos ilegales y la especulación hídrica.
  5. Establecer un plan de choque, de mejora de la red de agua y saneamiento en el rural, tanto en modernización para acabar con las fugas como para sustitución de conducciones de fibrocemento. Ofrecer subvenciones a los ayuntamientos con la red de contadores en alta.
  6. Establecer un Pacto Social del Agua, que instaure una fuerte planificación y una gestión garantista, con los objetivos que se establezcan, siempre conforme a la realidad de la situación hídrica de nuestro territorio.
  7. Impulsar una política de vertidos cero, a través de infraestructuras depuradoras sostenibles, huyendo de macroproyectos que se eternizan en el tiempo con un enorme coste ambiental y económico. Apostar por la redistribución de las plantas de fácil y rápida construcción preservando los cauces de ríos y arroyos, priorizando modelos de depuración (en aquellas zonas que lo permitan) naturales por decantación que precisan un coste energético cero y un mantenimiento mínimo.

7.5. Economía circular

En un planeta sobreexplotado y de recursos finitos, es indispensable que sustituyamos nuestro actual sistema productivo, basado en una economía lineal (producir -usar- tirar), por un modelo circular inspirado en el funcionamiento de la naturaleza. Este modelo descansa sobre la reducción en la generación de residuos y la transformación de estos en recursos, que se reintroducen en el medio o en el sistema productivo una y otra vez, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los materiales.

El enfoque que introduce la economía circular pretende conseguir que los productos y recursos conserven su utilidad y valor en todo momento, con lo que se conseguiría llevaría una prácticamente nula generación de residuos.

  1. Impulsar una Ley de Economía Circular Andaluza, basada en la sostenibilidad del entorno en el que vivimos, es decir, reduciendo el uso de materiales prescindibles y aplicando las 4 R: Reducir, Reutilizar, Reparar y Reciclar; con compromiso presupuestario para su desarrollo.
  2. Ayudar al desarrollo de la economía circular promoviendo una reducción del uso de los recursos naturales mediante el ecodiseño, minimizar la generación de residuos, reducir, reutilizar y reciclar, así como prohibir la obsolescencia programada de todo tipo de productos.
  3. Implantar de forma obligatoria un certificado de buenas prácticas en la eliminación y reciclaje de los residuos agrícolas y ganaderos, que habrá de exhibirse para poder retirar de las empresas productoras, plásticos, semillas, antibióticos, fertilizantes y demás insumos.
  4. Promover la modificación de la actual Ley de Residuos y Suelos Contaminados para adaptar «de forma acelerada» sus objetivos de disminución, prevención, reutilización, reciclaje y compostaje al contenido de las futuras directivas europeas, y sustituir las grandes instalaciones de tratamiento por una red distribuida de instalaciones de tamaño mediano y pequeño. Incorporar a la gestión del compostaje de los restos orgánicos de los agricultores/as y otros posibles usuarios (ayuntamientos, entidades de gestión de zonas verdes, etc.), para poderlos gestionar de forma más eficiente y barata.

 7.6 Bienestar animal

El bienestar animal está indisolublemente ligado con cuestiones éticas, políticas, económicas, ambientales y sociales. Y con derechos tan fundamentales como el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas, sustento, condiciones de trabajo dignas, y justicia social en general; y con bienes globales tan comunes como la biodiversidad y los recursos naturales.

La producción industrializada de animales para consumo humano resulta perjudicial no solo el bienestar de los animales, sino que también es una importante contribuyente a la contaminación del agua, del suelo y del aire y tiene una alta dependencia de insumos como agua, tierras, energía, pesticidas y fertilizantes, medicamentos como antibióticos.

Cambiar a sistemas agroecológicos con un mayor bienestar, y niveles reducidos y más saludables de consumo de productos animales, tendrá un impacto significativo en las principales causas de degradación ambiental.

  1. Aprobar una ley de Bienestar Animal de Andalucía que garantice el bienestar animal, con medidas encaminadas a alcanzar paulatinamente una correcta gestión ecológica y medida contra el maltrato animal. Que proteja y otorgue derechos a los animales, y donde se recoja el Sacrificio CERO de animales de compañía.
  2. Dotar de los recursos necesarios a las Entidades de protección animal dedicadas al rescate de animales y para planes de concienciación y control contra el abandono de animales. Dotarlas también para que se puedan controlar las poblaciones urbanas en libertad por esterilización respetuosa.
  3. Atención especial a los animales de personas en situación de vulnerabilidad.
  4. Evitar las subvenciones de espectáculos crueles con animales como la tauromaquia o su promoción como evento cultural. Redirigir las subvenciones que hasta ahora se otorgaban a escuelas de tauromaquia a la implantación del método CER de Captura, Esterilización y Retorno.
  5. Actualizar la regulación de las actividades de caza y pesca, basado en criterios científicos, que permitan el mantenimiento adecuado de las poblaciones, que sea compatible con la preservación de los ecosistemas y evite pérdidas de biodiversidad, y con el uso público de los espacios naturales.