Por Andalucía

BQ3

Programa de Gobierno

MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS PARA UNA MEJOR DEMOCRÁCIA

3.1 Sanidad

La crisis generada por la Covid-19 ha puesto en el foco la importancia de los servicios públicos. Detrás de cada profesional se encuentra el orgullo de un país que ha aprendido a valorar más que nunca el patrimonio de lo común. Tras la aparición de la pandemia, los y las profesionales sanitarios se han dejado la piel para combatir una de las peores crisis que se recuerdan.

Sin embargo, el Gobierno andaluz no ha sabido aterrizar los aplausos y alabanzas al heroísmo en propuestas concretas y útiles para reforzar la sanidad pública. La inauguración de estatuas no ha cambiado ni la sobrecarga de trabajo, ni la temporalidad de los profesionales, ni ha frenado su éxodo a otros territorios que sí han ofrecido estabilidad.

De su gestión sí se puede afirmar que hay un gran beneficiado: la sanidad privada. Durante la pandemia, ha conseguido hacer negocio gracias a las derivaciones por casos no relacionados con la Covid-19; y se ha llegado a dar casos tan inauditos como la celebración de conciertos con la privada, mientras que centros públicos, listos para funcionar, han permanecido cerrados.

Si bien los y las profesionales sanitarios han dado lo mejor de sí, el Gobierno andaluz ha conseguido que la sanidad pública esté peor que nunca. La estampida a la sanidad privada a costa del abandono de la Atención Primaria está siendo la consecuencia palpable del enfado de muchas personas que se sienten cada vez más desamparadas ante un sistema público de salud que no les responde. Esta situación es fruto de una serie de decisiones que están debilitando cada vez más la sanidad pública, como el despido de los 8.000 profesionales sanitarios/as en 2021.

Hay que decirlo: la alternativa a la mala gestión de las derechas no es pagar un seguro privado. El rescate a la sanidad pública pasa por un aumento de la política de gasto que refuerce la Atención Primaria, acabar con la precariedad que sufren sus profesionales y garantizar el derecho real a la protección de salud mediante un sistema sanitario público universal.

Fortalecer los servicios sanitarios públicos

 
  1. Establecer una financiación adecuada y suficiente para garantizar el fortalecimiento del sistema público de salud, aumentando en un 17% el gasto sanitario público por habitante durante la legislatura, de forma que Andalucía alcance la media nacional.
  2. Garantizar la estabilidad laboral de los y las 12.000 profesionales sanitarios/as, refuerzos Covid con contrato prorrogado actualmente, y asumir el compromiso de contratar a los 8.000 profesionales sanitarios/as despedidos durante la pandemia, como primera medida para el necesario refuerzo de la plantilla de profesionales sanitarios/as, mediante contratos estables y con salarios dignos.
  3. Aumentar al máximo la capacidad de las infraestructuras y recursos públicos existentes (con ampliación de horarios de uso de las instalaciones) y dimensionamiento adecuado de las plantillas, finalizando las obras pendientes, poner en funcionamiento las finalizadas, y actualizando las infraestructuras, medios diagnósticos y terapéuticos obsoletos o deteriorados.
  4. Reforzar la atención sanitaria en centros de especialidades y hospitales andaluces por las tardes, para poder reducir de forma urgente las listas de espera.
  5. Potenciar la autonomía de gestión de Centros Sanitarios y Áreas de Salud, todo bajo criterios de calidad, eficiencia y de participación ciudadana, adaptando, asimismo, el mapa sanitario a las necesidades de nuestra población.
  6. Establecer los Consejos de Salud con representación de profesionales y de la ciudadanía para la participación, conocimiento y control de los asuntos que afecten a la Sanidad Pública, para fomentar así la corresponsabilidad y la participación comunitaria y de los/as trabajadores/as de la salud.
  7. Fomentar las compras centralizadas de medicamentos a nivel autonómico, tanto los dispensados en oficina de farmacia como los hospitalarios, y revisar el actual modelo de subasta de medicamentos para establecer mayores sanciones en caso de desabastecimiento por parte del laboratorio y de detección de afán de lucro desmedido de las compañías farmacéuticas.
 

Garantizar la equidad sanitaria

  1. Garantizar la equidad sanitaria para toda Andalucía, estableciendo por ley la obligación de disponer de servicios sanitarios de Atención Primaria, Especializada y Hospitalaria, de Emergencias y de Salud Pública en todas las Áreas de Salud, para eliminar la actual falta de equidad entre los distintos territorios.
  2. Asegurar y priorizar la provisión publica de todos los servicios sanitarios, justificando la excepcionalidad de los conciertos con entidades privadas, delimitándolos en el tiempo, y estableciendo objetivos mensurables de calidad asistencial, y la equiparación de las condiciones laborales de las/os trabajadoras/es de dichos centros a los estándares existentes en la sanidad pública. Se establecerá la incompatibilidad público/privada para los profesionales que trabajan en la Sanidad Pública.
  3. Aumentar los servicios sanitarios de naturaleza pública en rehabilitación, atención odontológica, podológica y óptica, especialmente para población vulnerable, e implantando un plan progresivo de financiación pública de la atención a la salud bucodental, del copago farmacéutico y de prótesis, y con incentivos específicos para las zonas rurales.
  4. Garantizar el acceso a la prestación de Ayuda a Morir (Eutanasia) en Andalucía, eliminando la necesidad de ratificar los Documentos de Voluntades Anticipadas que recogiesen dicho deseo antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia del 23 de marzo de 2021, y facilitando asimismo la implementación de dicho derecho, mediante la provisión de recursos asistenciales suficientes para poder efectuar los procedimientos
  5. Aumentar la dotación de Equipos de Cuidados Paliativos (ECP) Domiciliarios, atendiendo a las ratios de un ECP Domiciliario por cada 80.000 habitantes, y el acceso efectivo a equipos completos en Cuidados Paliativos, asegurando su acceso y mecanismos de coordinación efectiva con todos los niveles asistenciales, especialmente Atención Primaria.
  6. Aumentar los recursos de asistencia Sociosanitaria a la cronicidad y enfermedad avanzada (Unidades de Media y Larga estancia de Cuidados Paliativos, Unidades de Daño Cerebral Adquirido, Unidades de Afectados por lesiones medulares, Unidades para personas en Estado Vegetativo Persistente, Centros de Días para distintas afectaciones, Unidades Específicas para descanso de las personas cuidadoras, etc.), acordes a las comunidades autónomas más destacadas en España en esta materia.
  7. Desarrollar una ley andaluza de implantación de la Enfermería Escolar, que desarrolle el cuidado de la salud de la comunidad educativa, asegurando la ratio de la figura profesional enfermera escolar por cada 750 alumnos/as y una por cada 350 en atención a la diversidad.
  8. Crear el Observatorio de la Violencia Obstétrica e impulsar una revisión y actualización de la humanización en la Atención Perinatal en Andalucía. Además, atendiendo a las reivindicaciones de los agentes sociales, se aumentará el número de especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica con el fin de tener un profesional por cada centro de salud y turno.

Mejorar la Prevención, Protección y Promoción de la Salud

  1. Desarrollar al completo la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía en todos sus ámbitos, el marco de los determinantes sociales de la salud, pero, especialmente, reforzando y adaptando las medidas necesarias para la protección de la salud frente a los contaminantes ambientales y alimentarios, la evaluación del impacto en salud, la vigilancia epidemiológica de las desigualdades sociales y territoriales en salud, la salud laboral,  los planes locales de salud, los activos de salud, y la salud en todas las políticas.
  2. Adaptar y preparar los Servicios Sanitarios y de la ciudadanía para minimizar el impacto que el cambio climático y el deterioro ambiental puedan tener en la salud poblacional. Asimismo, preparar un plan de respuesta frente a posibles futuras pandemias, que afecten lo menos posible a la economía, a los derechos y libertades ciudadanas, y a la gobernanza, manteniendo la prioridad de la protección de la salud.
  3. Crear la Agencia de Salud Pública en la consejería con competencias en salud, con el fin de integrar todo el personal y los recursos tecnológicos de los servicios de salud pública, actualmente dispersos a diferentes niveles de los servicios sanitarios, en una sola organización funcional, para poder así garantizar la protección de la salud pública, la reducción de las desigualdades en salud, y la eficacia de las medidas, actuaciones y normativa de la salud pública en la comunidad autónoma andaluza. Para poder desarrollar estas funciones y todas aquellas establecidas en la normativa se prevé que el 5% del gasto sanitario será dedicado a dicha Agencia, considerando que se parte de un gasto actual consolidado que no alcanza el 2% del gasto sanitario.
  4. Apostar por la investigación pública en salud, realizando una gestión pública de todo tipo de financiación privada a tal efecto, así como destinar una partida presupuestaria para la investigación de enfermedades raras y medicamentos huérfanos.
  5. Proteger la identidad y el prestigio de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y garantizar su actividad en el marco de una colaboración responsable con las entidades administrativas planteadas por los poderes públicos; continuar cumpliendo sus funciones en salud pública y gestión sanitaria, siendo referente autonómico, nacional e internacional en la formación, investigación, consultoría y cooperación internacional; y mantener su “sede social” en Granada, cumpliendo con su compromiso social y sanitario desde hace 37 años.

Atención Primaria

 
  1. Fortalecer la atención a la población desde este nivel del sistema, blindando el 20% de la inversión en la sanidad pública, para lograr, al menos, 4.000 contrataciones nuevas y estables, hasta conseguir las ratios de profesionales acordes a las demandas de las principales sociedades y asociaciones, incluyendo pediatras y matronas, entre otros.
  2. Organizar la Atención Primaria como una entidad específica dentro del sistema público de salud, independiente de la Atención Especializada/Hospitalaria y bajo la coordinación de sus profesionales. Recuperar los programas de salud comunitaria y medicina preventiva, promover el acceso de sus profesionales a la indicación de pruebas diagnósticas de ámbito hospitalario y a la formación continuada y a la actividad de I+D.
  3. Garantizar la atención presencial en las ciudades y en los pueblos con el objetivo de 0 demora; ampliar los turnos de atención a la ciudadanía de 8 a 20 horas en los centros de salud; y establecer mecanismos efectivos de continuidad asistencial con el resto del sistema sanitario.
  4. Mejorar la dotación de recursos tecnológicos para el diagnóstico y/o tratamiento en los Centros de Salud y de Atención de Urgencias, reforzar los sistemas de atención y prevención secundaria, rehabilitación y fisioterapia a los pacientes crónicos, y aumentar las Unidades de Cuidados Paliativos, y recuperar los equipos de urgencias especialmente en el Medio Rural.

Salud Mental y Salud Psicológica

 
  1. Desarrollar la atención a la Salud Mental/Psicológica en nuestro territorio, revisando el modelo actual y aumentando sus recursos, tanto desde los propios Servicios Sanitarios Especializados de Salud Mental –tanto hospitalarios como comunitarios- como en otros subsidiarios/partícipes de dicha atención, especialmente los preventivos, ya sea de modo indicado, selectivo o universal. Todo ello, aumentando el gasto público dentro del presupuesto general de sanidad hasta el 10% para Salud Mental, de modo que se aseguren las actuaciones que siguen.
  2. Ajustar las ratios de profesionales de Psiquiatría y Psicología a la media europea, alcanzando los 18 profesionales de cada disciplina anterior por cada 100.000 habitantes, y dimensionando la enfermería, ya que Andalucía posee la mitad de la ratio de profesionales para la atención psicológica de España y casi la sexta parte de los estándares europeos.
  3. Asegurar la existencia de profesionales de Psicología en todos los Centros de Salud de Atención Primaria (1/10.000 habitantes) además de la prestada en los Centros de Salud Mental Comunitaria; en Psicooncología y/o Psicología Paliativa y en Neuropsicología en los Servicios o Unidades Hospitalarios/as (mínimo 1 por cada Servicio correspondiente); de Psicología de la Intervención Social en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios (1/20.000 habitantes); de Psicología Educativa en todos los centros educativos (1/250 alumnas/os), y aumentar la provisión de plazas para la Atención Temprana según las necesidades actuales evitando las listas de espera.
  4. Aumentar la oferta de plazas de formación de Psicólogos/as Internos/as Residentes (PIR) para la Especialidad de Psicología Clínica, e instar al Ministerio de Sanidad a la creación de los títulos de Especialista del Sistema Nacional de Salud de Psicología Clínica Infanto-juvenil, Psicooncología y Psicología Paliativa, y Neuropsicología.
  5. Dotar de recursos específicos para la prevención y atención a la conducta suicida en la población andaluza, con especial atención a la infancia y la adolescencia, dotando de medios humanos suficientes para las actuaciones correspondientes dentro de un Plan Andaluz de Prevención de la Conducta Suicida.
  6. En materia de actuación ante situaciones de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) asegurar la existencia de Unidades de Día en todas las provincias y suficientes Unidades de Hospitalización.
  7. Potenciar la red de recursos de la fundación pública FAISEM para la integración social de las personas con trastornos mentales, blindando dicha entidad como pública, evitando su privatización.

Salud Sexual y Reproductiva

 
  1. Garantizar financiación para la reducción de precios de la anticoncepción, asegurando el acceso a éstos en todas las poblaciones, minimizando así las situaciones de embarazo no deseado y aborto.
  2. Asegurar la posibilidad de aborto dentro del sistema público de salud para toda la población en todas las provincias de Andalucía y lo más cerca posible del domicilio.
  3. Disponer de anticonceptivos barrera en los centros educativos de Secundaria y etapas postobligatorias (Bachillerato y Ciclos Formativos).
  4. Formar de manera específica en educación sexual y menstrual a educadores/as y trabajadores/as públicos/as, e incorporar contenidos sobre salud, derechos sexuales y reproductivos en las carreras relacionadas con las Ciencias Jurídicas, Educativas y Sociales.
  5. Revertir el desmantelamiento de la atención a la salud sexual en la sanidad pública andaluza; y específicamente de los centros de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Apostar por una red de centros provinciales de ITS con suficiente dotación de personal y medios. Reducir la diferencia entre géneros en los recursos destinados a medidas de protección frente a ITS.

Profesionales de la Sanidad

  1. Poner en marcha medidas para mejorar las condiciones laborales de los y las profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, reduciendo la temporalidad obligando a que los contratos sean por un periodo mínimo de tres meses, y que las remuneraciones en todas las categorías se equiparen a la media estatal, que actualmente se encuentran muy por debajo.
  2. Dimensionar las plantillas de profesionales sanitarios/as tomando como referencia las medias europeas en cada una de las categorías para evitar la sobrecarga y garantizar la calidad asistencial y la seguridad del paciente, dado que Andalucía está por debajo de las ratios de profesionales por habitantes en casi todas las categorías, tanto de la media española como de la europea.
  3. Mantenimiento de apertura de la Bolsa de Profesionales del Sistema Andaluz de Salud de forma permanente en el tiempo para el reconocimiento de méritos de la carrera profesional en todas las categorías sanitarias, equiparando sus requisitos a los de profesionales procedentes de otros sistemas sanitarios.
  4. Establecer el desarrollo competencial de las enfermeras (graduadas, especialistas y enfermeras de prácticas avanzadas) como objetivo para la próxima legislatura, respetando el valor curricular de su trayectoria académica y experiencia profesional, para aumentar la calidad de los cuidados, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario y favoreciendo la orientación a resultados con el compromiso de potenciar su desarrollo profesional.
  5. Garantizar la protección de los derechos laborales de quienes trabajan en empresas que contratan con la Administración andaluza, asegurando entre otros aspectos salarios justos y equiparados a los de la administración pública, condiciones laborales dignas y medidas para la conciliación, eliminando la situación de merma de las condiciones laborales de las plantillas de contratas y subcontratas que se viene produciendo respecto de servicios esenciales en materia de sanidad y educación, como en el caso de los profesionales de atención telefónica del 061, 112 o Salud Responde.

3.2 Educación y formación profesional

La educación pública es uno de los principales servicios públicos, de cuya calidad depende directamente el nivel de nuestra democracia. Garantizar el acceso público a este servicio es la condición de posibilidad de lograr una igualdad real de oportunidades, una ciudadanía más comprometida en el futuro y desarrollo personal al que tienen derecho todas los andaluces y andaluzas.

A lo largo de estos años, cada uno de los cursos escolares ha estado marcado por los recortes de docentes, la supresión de plazas escolares y la ausencia de medidas para que Andalucía deje de liderar el ranking de las ratios de alumnos y alumnas por aula más elevadas de España abanderando también el abandono escolar temprano.

Todo ello ha ocurrido mientras que se ignoraban las demandas de la comunidad educativa. Por su parte, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha allanado el campo para que la privada pueda hacer negocio en Andalucía.

Frente a esta visión, desde Por Andalucía entendemos que la inversión en la educación pública no es una opción, sino una obligación; un imperativo moral y una responsabilidad que tienen todos los gobiernos de cara al futuro de Andalucía.

Mejora de la calidad y equidad educativa

  1. Reducir las ratios en todas las etapas educativas obligatorias y postobligatorias de la educación pública andaluza, aumentando así los recursos humanos y la calidad de la enseñanza:
    1. En Educación Infantil de 3 a 6 años, máximo de 15 alumnos/as por aula.
    2. En aulas que cuenten con alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), 15 alumnos/as por aula.
    3. En Educación Primaria y Secundaria, 20 alumnos/as por aula.
    4. En etapas postobligatorias (Bachillerato y Ciclos Formativos), 25 alumnos/as por aula.
  1. Mejorar la Atención a la Diversidad en todo el sistema educativo andaluz público. Se ha de aumentar el personal docente de Pedagogía Terapéutica (PT), de Audición y Lenguaje (AL), Monitoras y Monitores de Educación Especial o Personal Técnico de Integración (PTI), Mediadores y Mediadoras de Comunicación (MECO), más orientadores y orientadoras. Y, sobre todo, que los recursos vayan al alumnado en el centro en el que se matriculen, y no que el alumnado deba ir al centro en el que están los recursos.
  2. Establecer la siguiente ratio para Unidades Específicas en los centros docentes ordinarios o específicos:
    1. Diversidad psíquica: 5 alumnos/as.
    2. Diversidad sensorial: 5 alumnos/as.
    3. Diversidad física: 5 alumnos/as.
    4. TEA o psicóticos: 3 alumnos/as.
    5. Diversidades múltiples: 4 alumnos/as.
    6. Diferentes diversidades en la unidad específica: 5 alumnos/as.
  1. Establecer la siguiente ratio por especialistas de atención a la diversidad:
    1. Una orientadora por cada fracción de 250 alumnos/as.
    2. Una especialista de audición y lenguaje por cada fracción de 250 alumnos/as.
    3. Una especialista de pedagogía terapéutica por cada fracción de 250 alumnos/as.
    4. Una educadora de educación especial por cada fracción de 250 alumnos/as.
    5. Una profesional de PTIS por centro escolar que aumentaría a 2 en los centros que tengan una unidad específica.
  1. Frenar el proceso de eliminación de unidades (clases) en los centros escolares públicos, aprovechando el descenso de la natalidad, para reducir el número de niños y niñas en cada aula. Se ha de mantener las mismas plantillas del curso anterior e ir avanzando paulatinamente hacia el desdoble de grupos sin sobrecoste alguno,
  2. Recuperar las líneas educativas cerradas en estos años, garantizar la Educación Pública gratuita de 0 a 3 años, ampliar hasta cubrir la demanda total de climatización, bilingüismo, aula matinal, comedor, actividades extraescolares y personal para atender las necesidades educativas especiales y las necesidades educativas específicas.
  3. Avanzar hacia la apertura de los centros educativos por la tarde.
  4. Trabajar por la recuperación para lo público de servicios externalizados en los centros públicos educativos que pasarán a gestión directa, a la vez que para los comedores escolares se realicen convenios para la gestión a través de Ayuntamientos o Ampas.
  5. Ampliar hasta cubrir la demanda total de bilingüismo (con una mejora de la metodología y capacidades), aula matinal, actividades extraescolares y personal para atender las necesidades educativas especiales y las necesidades educativas específicas, comedor, creando comedores propios, con cocina, en los centros educativos en los que prime el uso de los productos alimenticios de cercanía.
  6. Estabilizar en la etapa de la Educación Infantil la figura del monitor o monitora de apoyo para la atención adecuada del alumnado más pequeño de nuestro sistema educativo público (una persona por centro escolar como mínimo).
  7. Dotar a los barrios más desfavorecidos de más Trabajadoras y Trabajadores/as Sociales que ayuden a reducir las desigualdades personales del alumnado para que acudan a sus Centros educativos en las mismas condiciones de igualdad que el resto de niños y niñas.
  8. Ampliar el número de educadores/as sociales en los centros educativos públicos andaluces, que deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo e implementación de la normativa en materia educativa relativa con sus funciones y ámbitos de intervención, quedando expresamente recogida su figura profesional.
  9. Impulsar alternativas públicas donde no existen a día de hoy, así como rechazar la financiación a la educación concertada de ciclos medios y formativos, y disminuyendo progresivamente la financiación de la educación privada concertada.

Sostenibilidad y la salud en los centros educativos

  1. Adecuar y bioclimatizar de los edificios y espacios públicos, en especial de los edificios destinados a la educación pública para que sean más sostenibles: restauración de los edificios, entoldado y/o instalación de equipos de bioclimatización y renovación del aire, arbolado de los patios y/o espacios al aire libre, mejora de las instalaciones eléctricas, así como colocación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo y ahorro energético.
  2. Asegurar el cumplimiento de los plazos de la Ley de Bioclimatización para las infraestructuras educativas y ampliar las inversiones en centros educativos para evitar la presencia de temperaturas extremas dentro del aula.
  3. Crear caminos saludables para llegar a los centros educativos y aumentar, cuando sea necesario, la disponibilidad de transportes públicos para el uso del alumnado.
  4. Elaborar un plan de Educación para la Salud, a impartir como asignaturas en los Colegios e Institutos, de acuerdo con los parámetros y contenidos que los expertos en educación determinen en el sistema curricular de cada fase, con especial atención a los aspectos nutricionales, medioambientales, psicológicos, relacionales, y hábitos saludables
  5. Establecer las medidas necesarias para que los centros educativos cuenten con instalaciones saludables, eficientes desde el punto de vista de agua y energía, y sostenibles.
  6. Incluir en el currículum de todas las etapas educativas objetivos, contenidos y actividades relacionadas con la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica.
  7. Incluir la educación ambiental y la educación emocional en los planes escolares de todos los centros desde preescolar.
  8. Implementar campañas de prevención de la obesidad y el sobrepeso, y la mejora de la salud, a través de la educación física y la actividad deportiva, entre los escolares.
  9. Implantar tanto la figura de enfermería escolar en todos los centros educativos públicos como la figura de la fisioterapia escolar.
  10. Limitar la apertura de las casas de apuestas físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación o por núcleos de población, para así frenar su expansión. Además, realizar actividades informativas en los centros de enseñanza de Andalucía para concienciar de los posibles problemas derivados del juego online y en casas de apuestas entre los y las jóvenes.

Educación sexual y la igualdad

  1. Promover la educación para la salud y para una sexualidad saludable libre de discriminación y violencia en todas las etapas educativas, con el fin de alcanzar la coeducación real en las escuelas en todos los niveles educativos, y desarrollar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.
  2. Garantizar una educación sexo-afectiva de calidad en los centros escolares que prevenga de conductas tóxicas, con atención a la diversidad y que no se centre exclusivamente en la realización o no del acto sexual o el miedo a la trasmisión de infecciones de transmisión sexual.
  3. Formar de manera específica en educación sexual y menstrual a educadores/as y trabajadores/as públicos/as.
  4. Favorecer la modificación de estructuras físicas de los centros educativos que faciliten la coeducación (patios inclusivos) y promover una revisión feminista de contenidos de los libros de texto.
  5. Impulsar la implantación de un modelo educativo donde la corresponsabilidad en el cuidado sea un valor central a transmitir a los niños y niñas.
  6. Dar impulso a la formación permanente en centros educativos sobre violencia de género y educación afectivo-sexual. Diseñar un sistema de formación permanente sobre los diferentes tipos de violencia de género.
  7. Defender la profesionalidad de las y los docentes como educadores/as en los valores de igualdad, respeto y tolerancia, y como constructores de la escuela como espacio de paz y libre de discriminación. Rechazar la censura escolar a través de medidas como el pin parental.
  8. Reforzar la transversalización del sistema educativo desde una perspectiva de género. Incluir medidas para la formación del profesorado, con créditos de formación para promover su participación.
  9. Desarrollar un plan de formación continua para el profesorado, incluyendo contenidos de igualdad y prevención de violencia machista, así como información y talleres con alumnado y familias, en todas las etapas educativas, desde Educación Infantil.
  10. Formación continuada del profesorado y personal de salud dentro de su horario laboral y adecuándose a los problemas más importantes de salud, en este caso la violencia de género.

Formación Profesional

  1. Adaptar la oferta de la Formación Profesional a la demanda real ampliando las plazas en las distintas especialidades y adecuando los centros educativos a las necesidades que se produzcan de espacios y horarios.
  2. Frenar el proceso de privatización de la Formación Profesional y alcanzar la ampliación de 45.000 plazas nuevas para la Formación Profesional.
  3. Invertir 250 millones de euros de recursos propios, para, en coordinación con el Gobierno central, impulsar la dotación en cada comarca andaluza de, al menos, un centro público de formación, capacitación y transformación digital, con el objetivo de favorecer el proceso de capacitación y reconversión al entorno digital.
  4. Llevar a cabo una estrategia de implementación de grados medios y superiores de formación profesional en yacimientos de empleo verde: como agroecología, permacultura, reparación de aparatos y  utensilios, recuperación de materiales, minería urbana, economías circulares, artesanías, entre otras materias.
  5. Aumentar la oferta formativa y plazas en los eSports y gestión formativa.

3.3 Universidades

Las Universidades Públicas andaluzas vienen arrastrando una serie de problemas que se han cronificado durante esta legislatura. A la infrafinanciación estructural, que se cifran en unos 90 millones de euros al año, se ha sumado un recorte de 135 millones de euros durante 2020  y un sistema de financiación injusto.

Frente al proceso de infrafinanciación y recortes, se está produciendo un proceso de privatización en la educación universitaria en una doble vertiente. Por un lado, la escasa oferta de cursos de posgrados públicos hace que, incluso en aquellos que son habilitantes, para acceder a los mismos se exijan unas notas medias cercanas al sobresaliente.

Por otro lado, se está produciendo una alarmante apertura de puertas a universidades privadas, de baja calidad. En esta legislatura se han aprobado la tramitación de dos de las siete que ahora mismo están en trámite, a pesar de que cuentan tanto con los informes de Junta y Ministerio en contra como con el Consejo Andaluz de Universidades.

Además, persisten los elevados niveles de precariedad laboral en las universidades totalmente inasumibles. Una parte importante de la plantilla universitaria está cubierta por contratos de (falso) profesorado asociado y profesorado sustituto interino que en muchos casos cobran menos de 500 euros al mes. El Gobierno de la Junta no ha hecho nada para coordinar la oferta pública de profesorado universitario, lo que hace que gran parte de este tenga contratos por debajo de sus méritos.

  1. Garantizar la financiación al conjunto de Universidades Públicas Andaluzas mediante un nuevo modelo de financiación autonómica que emane del consenso entre rectorados y comunidades universitarias.
  2. Revertir el recorte de 135 millones de euros realizado en 2020 de forma coyuntural, reponiendo por tanto los superávits de las universidades que deberán ser destinados a un plan de digitalización y mejora de las infraestructuras.
  3. Aumentar la financiación ordinaria de las universidades en un 10%, vinculada a la ampliación sustancial de la Oferta Pública de Posgrados para garantizar una oferta acorde a la demanda de los mismos para asegurar una educación pública al 100%.
  4. Impulsar, en coordinación con las Universidades, planes para la dignificación del personal docente con el objetivo, entre otros, la reducción sustancial de la figura del profesorado asociado.
  5. Promover un sistema garantista de concursos públicos, con una única aplicación mejorada para todo el sistema universitario andaluz que emplee un único formato para todos los concursos y acreditaciones y que sea compatible con el formato nacional (Aneca).
  6. Promocionar la visibilidad social de los trabajos y proyectos de investigación mediante incentivos y un mejor aprovechamiento de los recursos existentes de difusión de los mismos.
  7. Racionalizar la gestión económica de las universidades, evitando que el peso de la administración recaiga sobre el personal investigador, con una mejor definición de las tareas del Personal de Administración y Servicios (PAS).
  8. Establecer como vinculantes los informes preceptivos de los distintos organismos de la Junta de Andalucía y del ministerio con competencias en universidades, que evalúan la calidad de las propuestas de universidades privadas para poderse aprobar el inicio de su tramitación como proyecto de ley para su instalación.

3.4 Derechos sociales

La crisis mundial generada por la aparición de la Covid-19 ha tenido la capacidad de paralizar gran parte de la economía de los países y la movilidad de las personas. Sin embargo, otros aspectos de la vida se han intensificado, como pueden ser todas aquellas tareas ineludibles e imprescindibles que forman parte de lo que comúnmente se conoce como los cuidados; el sostén de la sociedad humana. En este contexto, las políticas encargadas de proteger lo común y los cuidados han sido amparadas dentro de los conocidos derechos sociales.

Cuando se habla de derechos sociales en Andalucía, se hace referencia a las posibilidades que hay desde el Gobierno andaluz de desplegar políticas públicas eficaces para garantizar el derecho a la vida, la protección de la salud y la plena integración de todas las personas, especialmente dirigidas a sectores poblacionales más vulnerables (como pueden ser la infancia y las personas mayores).

Pero también para atajar con políticas las demandas de otros sectores ya conocidos (el modelo de servicios sociales, las políticas de discapacidad o la dependencia).

Servicios sociales

  1. Alcanzar en Andalucía el gasto anual consolidado per cápita medio del conjunto de España tanto en gasto sanitario como en gasto en servicios sociales y promoción social durante la próxima legislatura.
  2. Aprobar el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, así como garantizar la prioridad de las entidades de la iniciativa social antes que las entidades privadas para la gestión del Sistema Público de Servicios Sociales mediante el régimen de concierto social.
  3. Asegurar que la provisión de los servicios sociales será realizada de forma prioritaria bajo titularidad pública y gestión directa, procediéndose a la gradual asunción pública de los servicios sociales que estén privatizados.
  4. Efectuar un plan de mejora laboral de las y los profesionales de los servicios sociales de Andalucía, equiparando sus condiciones laborales y formativas y estableciendo mecanismos de planificación y dimensionamiento efectivo de sus plantillas, reduciendo las contrataciones extraordinarias.
  5. Establecer un periodo máximo de 60 días para obtener la calificación del Grado de Discapacidad. A su vez, acabar con las listas de espera en el acceso a las prestaciones: Pensiones No Contributivas (PNC), Renta Mínima de Inserción de Andalucía (RMISA), plazas en residencias de mayores, discapacidad intelectual, enfermos mentales, acceso a pisos tutelados, casa hogar y otros recursos.
  6. Vincular el desarrollo de los servicios sociales a un trabajo comunitario real y la creación de empleo estable y de calidad, dado el potencial de este sistema para generar empleo y su elevado nivel de retorno económico.
  7. Mejorar la formación de los equipos de los servicios sociales en interculturalidad, migraciones y, en general, en las nuevas diversidades que se van desarrollando en los contextos vulnerables en los que se intervienen.
  8. Ampliar la red de recursos comarcales para la prevención y tratamiento de la drogodependencia y otras adicciones, impulsando la prevención en el sistema educativo, siendo prioridad en los planes de salud pública, en el ámbito laboral junto a los sindicatos y organizaciones sociales.

Calidad en la política de cuidados para acabar con la Pobreza

  1. Incrementar considerablemente los fondos de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) para atender las necesidades de las y los andaluces más vulnerables en una doble vía, a través de ayudas directas facilitando que se garantice su compatibilidad y armonización con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como la puesta en marcha, entre otros, en cada uno los barrios más empobrecidos de Andalucía de planes integrales participados en los que se diseñen propuestas decididas de intervención de cada una de las administraciones en el ámbito de sus competencias participadas y concertadas con los colectivos sociales que existen y trabajan en cada barrio.
  2. Reforzar las plantillas y mejorar los procedimientos para cumplir como mínimo las distintas normativas en cuanto a los plazos para el acceso a los distintos programas de cuidados y ayudas públicas:
  3. Aprobar anualmente, mientras existan niveles superiores al 20% de población en riesgo de pobreza, un plan extraordinario para la inclusión social dotado con una cantidad mínima de 100 millones de euros, desarrollado por los ayuntamientos.
  4. Incrementar progresivamente el complemento autonómico a las pensiones más bajas y Pensiones No Contributivas (PNC). En cuatro años se fija el objetivo de llegar en las PNC al 75% de la media de las contributivas de la comunidad autónoma con el aumento progresivo del complemento autonómico.
  5. Establecer un sistema para coordinar las distintas iniciativas de las distintas instituciones en materia de protección social asignando recursos y herramientas a los ayuntamientos para establecer los censos locales de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, determinando y baremando las necesidades a cubrir a corto plazo, un plan de estabilización y un seguimiento de la eficacia en base al informe previo a cada caso.
  6. Mejorar la coordinación con otros sistemas de protección social por medio de las siguientes acciones:
    1. Impulsar la coordinación entre el sistema de servicios sociales, empleo y el de garantía de ingresos.
    2. Potenciar la construcción del espacio sociosanitario.
    3. Fomentar el trabajo en red con centros escolares.
    4. Lograr la coordinación con otros sistemas de justicia, vivienda y transporte.
    5. Vincular las prestaciones de garantía de ingresos a una perspectiva de género que limite las desigualdades.
  7. Garantizar en la próxima estrategia andaluza sobre el sinhogarismo el detalle un protocolo de intervención integral y coordinada para evitar que ninguna persona se vea en la calle condenada a la exclusión social y se garantice el acceso a la salud de las personas sin hogar en condiciones de igualdad.
  8. Diseñar medidas de compensación y becas relacionadas con el proceso educativo (etapas no obligatorias incluidas) o, en su caso, aumentar la cuantía de instrumentos para las familias con menos recursos, incluyendo las etapas no obligatorias, para abordar el absentismo y el fracaso escolar.
  9. Ampliar la cobertura de plazas y becas de comedor escolar, de manera que ningún niño o niña que por situación social tenga derecho a ellas se quede sin plaza de comedor.

Discapacidad

  1. Destinar los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para incrementar las plazas residenciales y de estancias diurnas para personas con discapacidad, las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y las plazas de alojamiento para personas sin hogar.
  2. Evitar el retraso en los pagos de los servicios concertados con las entidades de personas con discapacidad, calendarizando de forma anual la realización de los pagos ordinarios. Además, se implementarán mecanismos que reduzcan el tiempo de cobertura de las plazas vacantes, el cual nunca podrá ser superior a dos meses, elaborando propuestas de compensación económica cuando se produce un notable retraso entre la baja de un usuario y la adquisición de la plaza que ocupe su lugar.
  3. Desarrollar una línea de ayudas para la homogenización de centros de día, centros de Alzheimer y escuelas de memoria, dado que es frecuente que las asociaciones están instaladas en centros cedidos por ayuntamientos que no pueden entrar a conciertos por cuestiones técnicas de la edificación.
  4. Reducir los tiempos de ejecución del diagnóstico precoz (análisis, evaluación, diagnóstico pautas de atención) de las niñas y niños con posibles trastornos.
  5. Continuar la labor desarrollada por la Atención Infantil Temprana después de los 6 años de edad a través de la puesta en marcha de manera inmediata del Plan de Segunda Infancia y Adolescencia. Para ello, la administración garantizará al 100% de la población los recursos humanos necesarios.
  6. Implantar la asistencia personal en Andalucía, asesorar sobre los requisitos para poder acogerse a las mismas, así como establecer vías de apoyo económico a las personas que necesiten de esta figura.
  7. Garantizar la inclusión laboral como el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres con discapacidad, como de aquellas que tienen en su seno familiar una persona con discapacidad, con planes específicos de empleo.
  8. Dignificar la tarea de cuidados profesionales mediante la puesta en marcha de un plan integral con el sector que abarque la formación continua, la mejora salarial e incentivos públicos para la contratación.
  9. Formar a la sociedad andaluza y visibilizar a todos los colectivos de personas con discapacidad tanto de forma específica como de forma transversal y con perspectiva de género, usando todos los medios a su alcance como RTVA, centros educativos, publicidad institucional, etc.
  10. Garantizar la accesibilidad universal en los diferentes medios de transporte a través de la implantación del 100% de la flora de autobuses accesibles, de medidas de carácter sensorial como pictogramas, braille, lectura fácil, información acústica, visual y se velará por su obligado cumplimientos por medio del aumento del número de inspecciones en materia de accesibilidad.
  11. Elaborar un plan de accesibilidad 100% de los edificios de titularidad pública de Andalucía a través de la eliminación de barreras arquitectónicas, la insonorización de espacios, la instalación del sistema de bucles en aulas, teatros, y salas de usos múltiples, suministro a todos los centros educativos que necesiten el sistema FM y bucle magnético, así como la sustitución de los sistemas FM averiados de forma inmediata por otros durante el período de reparación de los dispositivos.
  12. Desarrollar un programa de accesibilidad destinado a eliminar las barreras existentes tanto en los espacios comunes de los edificios como en la propia vivienda para facilitar la permanencia de las personas con discapacidad en su entorno aumentando la bonificación hasta casi su totalidad para aquellas familias que posean menos ingresos.
  13. Ampliar y actualizar la red de consultas ginecológicas adaptadas a una por cada centro de especialidad sanitaria en toda Andalucía.
  14. Ampliar en la cartera ortoprotésica el umbral de edad de cobertura en la adquisición de audífonos. Además, se creará un equipo de ortoprótesis en todas las provincias de Andalucía.
  15. Elaborar un informe de impacto en las políticas públicas enfocadas a las personas con discapacidad con el fin de incluirlo en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
  16. Aprobar un protocolo de actuaciones urgentes para proporcionar los apoyos y recursos necesarios para situaciones personales y familiares de emergencias sobrevenidas sobre las personas cuidadoras, así como de emergencias económicas que puedan afectar a la vida digna de la persona.

Dependencia

  1. Realizar un cambio estructural en el sistema de cuidados empezando por el impulso de un sistema público, universal y de calidad de residencias de mayores y personas dependientes que termine con las carencias del actual y que acabe con la precariedad laboral del personal sociosanitario, que mayoritariamente tiene perfil de mujer, así como el negocio de fondos de inversión que sólo tienen un interés económico en la atención a las personas mayores y dependientes.
  2. Llevar a cabo medidas de conciliación real de la vida familiar y la laboral, que permitan compatibilizar la vida laboral con el cuidado de menores o dependientes, segmentando las políticas para su puesta en marcha en función del ámbito y el tipo de trabajo.
  3. Reforzar los sistemas de protección y atención a la dependencia, cronicidad e impulso de los cuidados y soporte social en todas sus áreas.
  4. Desarrollar un marco normativo efectivo a la realidad andaluza en materia social, dando cumplimiento a la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, y priorizar la intervención comunitaria como mecanismo de intervención social para garantizar dichas prestaciones para la población.
  5. Garantizar un periodo máximo de tres meses en la valoración para acceder a las prestaciones de la Ley de Dependencia, y a otros tres máximos la puesta en marcha de cada Plan Individual de Actuación (servicios de ayuda a domicilio -SAD-, plazas en residencia, acceso a pisos tutelados, casa hogar y otros recursos), implementando de forma efectiva las actuaciones por vía de urgencia, reduciendo dicho plazo total a dos meses máximos (uno para cada fase de dicho procedimiento) en las situaciones que así lo requieran (como pacientes con enfermedades avanzadas y pronóstico de vida limitado).
  6. Incrementar el número de recursos humanos (profesionales del trabajo social, educación social, psicología de la intervención social, personal administrativo); facilitar y simplificar los procedimientos para la ciudadanía; coordinar de forma efectiva los distintos organismos implicados y reducir de la burocratización existente; implementar los medios suficientes para hacer efectivos los Planes Individuales de Actuación correspondientes (aumento de plazas residenciales y de dotación de los Servicios de Ayuda a la Dependencia), todo ello desde recursos de gestión netamente pública.

Infancia

  1. Asegurar el cumplimiento de la Ley de Infancia, así como impulsar medidas frente a la violencia contra la infancia y ante el aumento de trastornos mentales y de conducta en la infancia tras la pandemia.
  2. Impulsar la participación de la infancia en sus decisiones a través de la constitución de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIAS).
  3. Establecer una ayuda por hijo o hija a cargo (hasta los 18 años) de 1.200 euros anuales, condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza.
  4. Bonificar más de una actividad extraescolar al alumnado en riesgo de exclusión social en Primaria, ampliándola, además, para los centros de Secundaria y atender a todo el alumnado en riesgo de exclusión social para garantizar que pueden asistir a las actividades extraescolares.
  5. Desarrollar la Ley de Atención Temprana, para poder, entre otras cuestiones, continuar la labor desempeñada por la Atención Infantil Temprana después de los 6 años de edad a través de la puesta en marcha de manera inmediata del Plan de Segunda Infancia y Adolescencia. Para ello, la administración garantizará al 100% de la población los recursos humanos necesarios. Paralelamente a la tramitación de la Ley es necesario aumentar los precios de las sesiones para converger con los fijados por otras comunidades autónomas, así como aumentar las plazas hasta cubrir las necesidades existentes que se han visto aumentadas debido a pandemia.
  6. Poner en marcha los mecanismos específicos previstos en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPÎVI), introduciendo las figuras de coordinadores de bienestar en los centros educativos y los delegados de protección en entornos deportivos, que serán figuras encargadas de coordinar planes de prevención y detección de casos de violencia en sus entornos.
  7. Asegurar la formación obligatoria sobre violencia contra la infancia de los y las profesionales de centros educativos y otros/as con responsabilidades en atención a la infancia, de manera que puedan detectar de manera temprana casos de violencia y poner en marcha los mecanismos de atención y protección correspondientes, así como con problemas de salud mental.
  8. Elaborar e implementar protocolos para la detección precoz con el objetivo de crear entornos seguros para la infancia, para que los niños y las niñas se desarrollen en condiciones de buen trato y libres de cualquier forma de violencia en todos los ámbitos en que se desenvuelvan.
  9. Implantar el modelo de atención a infancia víctima de violencia sexual Barnahus o “Casa de los Niños y Niñas” mediante la adecuación de las dependencias judiciales para la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia (prevista en la LOPIVI), en coordinación con el Gobierno Central e integrando del modelo Barnahus.
  10. Impulsar la construcción de escuelas infantiles públicas priorizando las zonas geográficas con baja cobertura y población de bajo nivel socioeconómico.
  11. Ofrecer mayor flexibilidad en horarios para las familias, así como incorporar modalidades de atención educativa donde participen niños y niñas con sus familias y fomentar el desarrollo de habilidades parentales positivas.
  12. Introducir medidas de ayuda para el pago de gastos asociados a la vivienda (alquiler e hipoteca) para los perceptores de la RMISA. La vivienda es uno de los determinantes sociales más influyentes en la exclusión social y la pobreza, y supone uno de los gastos al mes más importante para las familias, por lo que es imprescindible para que la RMISA funcione y cumpla con su misión que esta cuestión se contemple.
  13. Elaborar un informe sobre el estado de situación de las secuelas que ha dejado la pandemia de la Covid-19 en la salud mental de la infancia, con medidas de actuación contundentes para paliar esta problemática respaldadas con un presupuesto suficiente.
  14. Implementar programas de prevención y sensibilización en salud mental en los centros educativos para dotar a los niños y niñas de herramientas de gestión y control de la ansiedad y el estrés, así como el fomento de hábitos saludables.
  15. Redactar protocolos específicos sobre prevención del suicidio en los centros educativos, incluyendo así lo previsto en la LOPIVI para la prevención de la violencia y la creación de entornos seguros.
  16. Establecer planes de acción de contingencia para la infancia en supuestos de aumento repentino de flujos migratorios en territorio fronterizo, centrándose en el mapeo de recursos, formación de profesionales y diagnóstico de escenarios de respuesta.
  17. Apostar por una evaluación holística y multidisciplinar de la edad que siga una metodología respetuosa, protectora y que tenga en cuenta la voz del niño, niña o adolescente migrante.
  18. Establecer protocolos de detección, derivación y seguimiento de perfiles vulnerables en la infancia (víctimas de trata, protección internacional, violencia basada en género, minoría de edad no respetada etc.) en lugares de recepción en frontera o primeros recursos de acogida.
  19. Apoyar en la inclusión efectiva de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) migrantes en el entorno comunitario para combatir la segregación laboral, residencial y educativa.
  20. Establecer servicios de atención específicos para NNA fuera del sistema de protección como en situación de tránsito o calle, proporcionándoles acceso a servicios básicos, así como provisión de información y asesoramiento especializado.

Mayores

  1. Potenciar la colaboración con universidades y diversas instituciones andaluzas en proyectos y cursos relativos a facilitar el acceso y gestión en Internet dirigidos a personas mayores, que han probado tener un gran éxito tras el proceso de colaboración de las entidades anteriormente referidas con el Consejo Audiovisual de Andalucía.
  2. Impulso de la Estrategia Andaluza de Envejecimiento Activo y contra la Soledad no deseada, a través de tres líneas de actuación: autonomía personal y buen trato, convivencia solidaridad generacional, acceso a los servicios públicos, reto demográfico y participación.
  3. Aprobar un plan frente a la soledad no deseada, con el objetivo de mejorar las intervenciones destinadas al apoyo a las personas que viven solas.

3.5 Vivienda

El acceso a la vivienda digna y adecuada se configura como un derecho constitucional imprescindible para el desarrollo de una vida. Sin embargo, el encarecimiento del precio medio de la vivienda libre o un mercado de alquileres cada vez más tensionado en determinadas zonas, son algunas de las razones que han propiciado que la vivienda se vuelva a situar como el primer factor de exclusión social, al igual que ocurría antes de la anterior crisis económica.

Ante este debate, el Gobierno andaluz no ha dudado en colocarse desde un primer momento del lado de los fondos buitres y otros grandes tenedores de vivienda. No se han planteado en ningún momento intervenir el límite de los precios del alquiler, tomar medidas para evitar el fenómeno de la vivienda vacía o garantizar el acceso a la vivienda para las personas con mayor riesgo de exclusión.

Desde Por Andalucía, queremos darle a la vivienda la función social que tiene constitucionalmente reconocida.

Normativa general sobre vivienda

  1. Desarrollar en Andalucía y en su máximo exponente la futura ley de vivienda aprobada por el Gobierno central, implementando prioritariamente la necesaria regulación del límite del precio de los alquileres, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y el impulso de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado.
  2. Establecer el marco normativo pertinente para que el suelo y la vivienda se utilice de acuerdo con el interés general y garantizando su función social.
  3. Incorporar en el marco normativo andaluz la siguiente definición de la especulación: la acción sobre el suelo y/o la vivienda que realiza una persona física o jurídica, consistente en la compra y venta, así como cualquier otro negocio jurídico preparatorio de los anteriores, de terrenos o viviendas con el objeto o resultado de obtener un beneficio incrementando su precio de adquisición, sin invertir ni transformar o mejorar el bien, despreciando su valor de uso.
  4. Incorporar medidas de vigilancia, inspección y sanción que impidan la especulación. Impedir  que el precio de venta de aquellos suelos y/o viviendas que no han sido mejorados, transformados ni han satisfecho su función social, queden limitados al precio de adquisición incrementados exclusivamente por el IPC más los gastos documentados inherentes a la transmisión.
  5. Reforzar el concepto de la función social de la vivienda, que incluye el deber de destinar la misma al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, en el marco de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, así como el de mantener, conservar y rehabilitar la vivienda, atribuyendo a los poderes públicos la función de asegurar su adecuado cumplimiento.
  6. Establecer un sistema de transparencia en relación con el diseño, aprobación y ejecución de los fondos europeos en materia de vivienda impulsados por la administración andaluza, que permita su seguimiento y evaluación e impulse la participación de agentes sociales y económicos, de los promotores públicos de vivienda, así como de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Movilizar recursos

  1. Sancionar a las entidades financieras por mantener viviendas deshabitadas y no cumplir con su función social: estar habitadas.
  2. Impulsar un plan urgente de movilización de recursos, incluidas las liquidaciones de los saldos positivos de las fianzas de alquileres y suministros, para la ampliación del Parque Público de Vivienda Social de la Junta de Andalucía en alquiler, que permita la construcción de 40.000 alojamientos y viviendas protegidas, 20.000 de ellas, al menos, destinadas a jóvenes.
  3. Destinar 1.000 millones de euros de fondos propios autonómicos para la ejecución de las políticas de vivienda, independientemente de la financiación con fondos europeos o estatales.
  4. Incorporar al marco normativo andaluz como uso compatible de los suelos dotacionales, el destinado a la construcción de viviendas y alojamientos protegidos, de titularidad pública, en régimen de alquiler.
  5. Garantizar el cumplimiento de destinar el 70% de las liquidaciones de fianzas a programas de vivienda, dando cumplimiento a la ley.
  6. Impulsar la modificación de la previsión normativa anterior elevando al 90% el porcentaje de los saldos positivos de fianzas destinados a programas de vivienda, estableciendo asimismo acuerdos con los promotores públicos para la ejecución de dichos programas de ampliación del parque residencial público destinado a alquiler protegido y asequible.
  7. Poner en marcha el servicio de información del parque residencial de vivienda de Andalucía (SIPRA), establecido en la ley de vivienda.
  8. Dar cumplimiento a la previsión legal de activar el Registro de vivienda deshabitada, así como el impulso de una estrategia andaluza para movilizar la vivienda vacía.
  9. Poner en marcha un Plan para la limitación de la expansión de la transformación de viviendas en establecimientos hosteleros, así como la reconversión de una parte de los existentes en zonas de alquiler tensionado.

Normativa específica y medidas para la calidad de la vivienda

 
  1. Incorporar al marco normativo andaluz el concepto de habitabilidad de las viviendas, entendida como el conjunto de los requisitos mínimos de calidad, funcionalidad y accesibilidad universal que deben cumplir las mismas para garantizar la dignidad y la salud de las personas, para satisfacer sus necesidades de habitación en las diferentes etapas de su vida, y como base para el efectivo ejercicio de derechos y libertades.
  2. Incorporar al marco normativo andaluz el concepto de Infravivienda, entendida como la edificación, o parte de ella, destinada a vivienda, que no reúne las condiciones mínimas exigidas de conformidad con la legislación aplicable.
  3. Incorporar al marco normativo andaluz el concepto de Vivienda Digna y Adecuada: la vivienda que, por razón de su tamaño, ubicación, condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal, eficiencia energética y utilización de energías renovables y demás características de la misma, y con acceso a las redes de suministros básicos, responde a las necesidades de residencia de la persona o unidad de convivencia en condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero, constituyendo su domicilio, morada u hogar en el que poder vivir dignamente, con salvaguarda de su intimidad, y disfrutar de las relaciones familiares o sociales
  4. Incorporar al marco normativo andaluz el concepto de Condiciones Asequibles Conforme al Esfuerzo Financiero: aquellas condiciones de precio de venta o alquiler que eviten un esfuerzo financiero excesivo de los hogares teniendo en cuenta sus ingresos netos y sus características particulares, considerando, tanto la cuota hipotecaria o la renta arrendaticia, como los gastos y suministros básicos que corresponda satisfacer al propietario hipotecado o al arrendatario, no debiendo superar con carácter general el 30%de los ingresos de la unidad de convivencia.
  5. Presentar un plan de reprogramación de actuaciones en las Áreas de Rehabilitación Integral y Áreas de Rehabilitación concertada delimitadas en planes de viviendas andaluces anteriores.
  6. Aprobar una estrategia de rehabilitación de edificios ambiciosa y holística, basada en la economía circular, que sirva al mismo tiempo para estimular las economías locales, apoyar la cohesión social y las condiciones de vida más saludables, con altos estándares de confort y salubridad, para todas las personas, y la consecución de edificios y barrios de “consumo energético casi nulo” o de saldo positivo.
  7. Atender a las personas con discapacidad en el derecho a la vivienda digna:
    1. Reservar, de forma preceptiva, viviendas accesibles de toda nueva construcción pública y privada de participación pública.
    2. Implantar el diseño integral e inclusivo para toda la ciudadanía en viviendas de nueva construcción, las cuales deberán estar situadas en zonas comunicadas con el resto de la ciudad con una nueva red de transporte público, paradas e itinerarios peatonales accesibles.
    3. Desarrollar un programa de accesibilidad, destinado a eliminar las barreras existentes tanto en los espacios comunes de los edificios como en la vivienda para facilitar la permanencia de las personas en su entorno.
  8. Aprobar la Ley Andaluza sobre Rehabilitación y Eficiencia Energética, que permita, mediante la definición de un marco jurídico basado en la sostenibilidad, la reactivación de los oficios de la construcción, así como la mejora de las condiciones de calidad, accesibilidad, estado de conservación y eficiencia energética de las edificaciones residenciales y sus entornos.

Régimen de vivienda protegida

  1. Incorporar al marco normativo el régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación de la vivienda pública de alquiler.
  2. Establecer la prohibición de venta de la vivienda protegida pública en régimen de alquiler.

Protección de colectivos en situación de vulnerabilidad

 
  1. Erradicar la pobreza energética y de suministros de los hogares andaluces, estableciendo medidas para garantizar que todas las viviendas tengan suministros de luz, agua y gas.
  2. En conexión con el apartado anterior, incorporar al marco normativo andaluz el concepto gastos y suministros básicos: el importe del coste de los suministros energéticos (de electricidad, gas, gasoil, entre otros), agua corriente, de los servicios de telecomunicación, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual.
  3. Impulsar un plan especial de erradicación del chabolismo y la eliminación de las infraviviendas en Andalucía.
  4. Impulsar un plan contra el sinhogarismo, que tenga en cuenta a los colectivos en riesgo de exclusión (mujeres, minorías étnicas, infancia, LGTBIQ+ y migrantes).
  5. Proponer un convenio a las entidades propietarias (SAREB, bancos, promotoras, etc.), para la cesión de uso de aquellas promociones de viviendas inacabadas o deshabitadas y su puesta a disposición del parque público de alquiler. De igual manera, se llevará a cabo la paralización inmediata de los desahucios en el parque público de vivienda, así como a la retirada y paralización de las denuncias por lo penal a familias sin alternativa habitacional.
  6. Frenar los procesos de especulación, gentrificación y turistificación de los cascos históricos de las ciudades, en colaboración con los ayuntamientos, para garantizar el derecho a la ciudad de la ciudadanía andaluza.

Ayudas vivienda para jóvenes y otros colectivos

  1. Creación de un nuevo “Programa de Primera Vivienda” de ayuda de hasta 10.800 euros para la adquisición de la vivienda habitual para los jóvenes menores de 35 años, independientemente de las que pueda contener el Plan Estatal de Vivienda.
  2. Impulsar un programa de promoción pública de alojamientos protegidos como fórmula óptima para dar respuesta habitacional a colectivos con especial incidencia de demanda insatisfecha como jóvenes en proceso de emancipación familiar, jóvenes extutelados, familias monoparentales y monomarentales, estudiantes, personas mayores, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad.
  3. Establecer nuevas ayudas autonómicas para el acceso a la vivienda en alquiler y propiedad con una dotación mínima inicial de 100 millones de euros y programas específicos de ayuda para el acceso de los jóvenes a la vivienda, con una dotación mínima adicional de 50 millones de euros, independientemente de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda.
  4. Establecer que la acción social de los promotores públicos consiste en ampliar su parque residencial, especialmente el destinado al alquiler y por tanto, la cobertura económica a aquellas familias que no pueden pagar íntegramente el alquiler de la vivienda pública, debe ser satisfecho mediante un programa de ayudas específico de naturaleza autonómico, diseñado y ejecutado de manera eficaz y ágil, consensuado con los promotores públicos.
  5. Poner en marcha con carácter urgente, las convocatorias de ayudas al alquiler para la anualidad 2022 y siguientes, así como la convocatoria específica para Andalucía del Bono Joven.

Régimen sancionador

  1. Incorporar al marco normativo andaluz el concepto de Acoso Inmobiliario, entendido como toda acción u omisión con abuso de derecho con el objetivo de perturbar a cualquier persona en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que le ampara de uso y disfrute de la vivienda.
  2. Realizar tareas de información y asesoramiento a las personas que pudieran ser víctimas de acoso inmobiliario, así como a Comunidades de Propietarios o Inquilinos y asociaciones vecinales del entorno.
  3. Emprender desde el Gobierno andaluz acciones judiciales frente a los autores de la situación de acoso inmobiliario, cuando se observe la concurrencia de indicios graves de acoso inmobiliario y con el fin de proteger a las víctimas, tanto personas físicas como Comunidades y Asociaciones que han denunciado los hechos.

3.6 Justicia

El Gobierno andaluz tiene un importante margen de actuación para la mejora del servicio público de Justicia.

Desde garantizar la calidad de los servicios de la administración de justicia, la atención a las víctimas y el acceso a la justicia gratuita, hasta cuestiones relacionadas con el buen estado de las infraestructuras judiciales.

El objetivo de las siguientes medidas es reducir la sobrecarga y el nivel de litigiosidad, contribuir a la modernización del sistema de Justicia, mejorar notablemente las infraestructuras actuales y garantizar una justicia con perspectiva feminista.

  1. Destinar recursos para lograr una mayor inversión en justicia proteja, que permita reforzar el sistema de justicia gratuita; potenciar la mediación; proveer de bienes muebles y materiales en las dependencias judiciales y fiscales; incrementar la dotación de personal ante escasos medios de los que dispone las plantillas auxiliares y los fiscales de Justicia; y avanzar hacia el camino de la digitalización de los expedientes judiciales.
  2. Aprobar el Plan Andaluz para la Mejora de las Infraestructuras de Justicia.
  3. Garantizar una justicia feminista en Andalucía, para identificar la violencia machista y proteger a las víctimas sin que sean revictimizadas, que contemple las siguientes acciones:
    1. Aprobar un plan para la formación integral de todo el personal de la judicatura de los juzgados de violencia sobre las mujeres de Andalucía, junto a la puesta en marcha de las Unidades Integrales de Valoración Forense y la mejora de las oficinas de atención a la víctima.
    2. Conseguir psicólogos y psicólogas de guardia en los juzgados de violencia de género para atender a las víctimas: realización de informes que después puedan ser utilizados como periciales en los procedimientos.
    3. Que sea preceptiva la intervención de letrados y letradas del turno específico cuando las víctimas presentan denuncias.

3.7 Deporte y Actividad Física

El deporte no es sólo un servicio público, es un derecho universal de la ciudadanía, amparado por el artículo 43.3 de la Constitución Española y la Carta Europea del Deporte. El deporte es una práctica básica transversal y saludable que mejora la calidad de vida, a la que debe garantizarse el acceso universal tanto al deporte formativo como al competitivo.

Es una herramienta socializadora, de cohesión e integración en todos los ámbitos (personas en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, migradas), y, por tanto, inclusiva y cooperativa que vertebra el territorio y fomenta valores comunitarios. Para impulsar este derecho, son necesarias políticas públicas efectivas y dotación de los recursos necesarios que hagan posible un deporte para todos, erradicando barreras discriminatorias y protegiendo esta práctica de los efectos negativos de la mercantilización.

Pero el deporte también es un motor económico que genera puestos de trabajo de forma estructural, vinculados a la investigación, la innovación, la mejora de la práctica y la metodología por su impacto beneficioso en la salud y el bienestar, y que genera también ahorro en el gasto sanitario.

  1. Abordar medidas para incentivar la práctica deportiva entre la población no activa y lograr unas tasas satisfactorias de práctica para contribuir a erradicar el sedentarismo y las enfermedades que imposibiliten una vida longeva, activa y de calidad.
  2. Impulsar los planes comarcales y municipales de equipamientos e instalaciones deportivas y poner en marcha programas de implementación deportiva en los territorios con menor ratio de equipamientos deportivos, con el objetivo de que exista en todas las localidades de menos de 5.000 habitantes, al menos, un centro polivalente cubierto que permita la práctica de las distintas modalidades deportivas tanto individuales como colectivas.
  3. Incorporar profesionales de la actividad física y deportiva dentro sistema andaluz de salud para el tratamiento multidisciplinar en tratamientos para la readaptación deportiva y funcional y en programa de prevención de salud pública. Es necesario pasar de recomendar a recetar y prescribir hacer deporte desde la Atención Primaria, como elemento clave para una vida saludable, para prevenir la enfermedad y su cronificación, fomentar hábitos saludables y prevenir el sobrepeso, garantizando mayor autonomía personal en edades avanzadas.
  4. Garantizar un mayor número de horas de educación física y deporte extraescolar en los centros educativos de Andalucía, en colaboración con escuelas deportivas municipales, clubes y federaciones deportivas y ONGs, facilitando la apertura de los centros educativos en horario no lectivo, tanto para la práctica de deporte base en sus espacios e instalaciones deportivas, como para uso libre por los vecinos y vecinas del barrio para actividad física y lúdica.
  5. Garantizar la perspectiva feminista en el sistema deportivo, potenciando para ello medidas de alto impacto como:
    1. Aumentar la presencia de deporte femenino en la prensa, así como en la radio y televisión pública de Andalucía.
    2. Acabar con las cláusulas antiembarazo.
    3. Garantizar la equiparación salarial entre deportistas hombres y mujeres en los clubes deportivos profesionales.
    4. Dotar de ludotecas a los espacios deportivos.
    5. Establecer medidas contra la cosificación del cuerpo de la mujer en las entregas de premios en los grandes eventos deportivos.
  1. Elaborar un Plan andaluz por la diversidad sexo- género y contra la LGTBIfobia en el deporte donde participen los colectivos implicados con el objeto de formar y generar conciencia crítica entre las personas entrenadoras, técnicas, profesorado de educación física, responsables de clubes y federaciones deportivas y periodistas deportivos, a través de buenas prácticas que normalicen la diversidad sexo-género en el ámbito deportivo.
  2. Dada la importancia de la actividad física y deportiva para la integración social, diseñar y promover los programas específicos para su logro:
    1. Promover la práctica deportiva como medio de integración y desarrollo personal en los centros penitenciarios y los centros de menores de toda Andalucía, garantizando el disfrute de este derecho para la salud y el bienestar físico, psicológico y social, entre reclusos y menores ingresados y tutelados.
    2. Diseñar programas deportivos orientados a facilitar la integración social de personas migrantes en los principales núcleos urbanos residenciales.
    3. Poner en marcha planes específicos de actividad física y deportiva en áreas urbanas especialmente afectadas por problemas de pobreza y exclusión social, para emplear la práctica deportiva como elemento de integración, desarrollo personal y social.
  3. Reforzar todos los programas de actividad física y deportiva dirigidos a las personas con discapacidad, a fin de garantizar la equidad social ante el derecho a la práctica deportiva, la participación en el deporte reglado y la adquisición de salud y bienestar, por medio de medidas como:
    1. Llevar a cabo la completa eliminación de barreras arquitectónicas.
    2. Mejor dotación de recursos para la práctica deportiva especializada.
    3. Especialización de profesionales del deporte.
    4. Incrementar de la financiación pública a clubes y federaciones.
  4. Potenciar la práctica deportiva en el medio rural y los espacios naturales de Andalucía, tales como el senderismo, deportes náuticos o bicicleta de montaña, impulsando la creación de infraestructuras y equipamientos no convencionales, para favorecer el disfrute del medio natural entre la población andaluza, la educación ambiental y el desarrollo local y rural.
  5. Establecer un programa de subvenciones a las entidades deportivas, federaciones y asociaciones deportivas. Las subvenciones deben ser otorgadas con procedimientos de libre concurrencia, transparencia, objetividad y publicidad, con bases reguladoras concretas y estables para toda la legislatura, que garanticen un acceso real de las entidades a líneas de subvenciones.
  6. Reconocer y regular la figura del voluntariado deportivo en la gestión de las entidades deportivas sin ánimo de lucro y entes públicos. Promover medidas de apoyo al sector que les permita concienciar, regularizar y fomentar la contratación de los/as trabajadores/as, así como regular las percepciones de personal técnico deportivo amateur.
  7. Reconocer el patrocinio y mecenazgo para la actividad física y el deporte. Promover un marco legal que regule el patrocinio y el mecenazgo en la actividad física y el deporte de base.
  8. Impulsar políticas de fomento de turismo activo y turismo deportivo.

3.8 RTVA

Los artículos 207 y 211 del Estatuto de Autonomía consagran el derecho a una información independiente, veraz y plural, así como que los medios de comunicación públicos se guiarán por los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad.

No han sido unos años fáciles para la RTVA. La falta de pluralidad informativa ha sido una constante denunciada por el Consejo de Profesionales de Canal Sur. Este problema se ha unido a las contrataciones de personas abiertamente racistas, machistas y homófobas en tertulias televisivas y radiofónicas; el uso y abuso de la figura del colaborador en detrimento de los recortes y la precariedad de la plantilla; o la manipulación ejercida desde San Telmo para anteponer criterios políticos a los criterios periodísticos.

Más allá de la propia RTVA, la Junta de Andalucía ha consentido la privatización de las emisoras locales, ha empleado constantemente la figura del publirreportaje para vender logros y ha financiado a medios privados dedicados a la desinformación para afianzar su consolidación en Andalucía.

Ante este panorama, urge revertir esta situación para proteger los principios recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía.

  1. Frente la amenaza externa del cierre, garantizar la continuidad de la RTVA, reforzando sus plantillas y sus condiciones laborales, asegurar el pluralismo informativo y la contratación de colaboradores que cumplan con un mínimo de estándares éticos.
  2. Consignar una asignación suficiente para que se garantice la dotación de medios técnicos y humanos a los centros provinciales de la RTVA que permitan asegurar las emisiones durante los 365 días del año.
  3. Garantizar la participación, con voz y voto, de los trabajadores y trabajadoras en el Consejo de Dirección de la RTVA.
  4. Apostar por la producción propia de contenidos de la RTVA y garantizar la participación de todo el sector audiovisual en la producción ajena; dando prioridad al aumento de la programación cultural, en especial la andaluza, y la divulgativa.
  5. Crear en la RTVA un Departamento de Igualdad y fomentar en todos los medios de comunicación públicos y privados una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de hombres y mujeres, así como campañas para concienciar acerca de la corresponsabilidad.
  6. Garantizar la profesionalización de los puestos de los órganos de extracción parlamentaria en el Consejo Audiovisual y la RTVA.
  7. Revertir el proceso de privatización de las emisoras locales llevado a cabo por el Decreto-ley 2/2020 y el Decreto-ley 26/2021, así como establecer un reparto justo del espacio radioeléctrico andaluz para garantizar la pluralidad y el equilibrio entre los operadores públicos y privados, con y sin ánimo de lucro, así como los comunitarios.
  8. Garantizar el derecho a la verdad y la puesta en marcha de un portal público para combatir la desinformación. Este portal, a diferencia del que existe actualmente, contará con medios suficientes para asegurar publicaciones estables en el tiempo, la imparcialidad y la participación ciudadana.
  9. Contemplar por medio de ley la prohibición de venta de logros del Gobierno por medio de la contratación de publirreportajes en medios de comunicación. A su vez, se establecerán más mecanismos de control y limitación de la publicidad institucional del Gobierno.
  10. No financiar con dinero público a medios de comunicación dedicados por y para la desinformación de noticias.

3.9 Consumo

La defensa de los y las consumidoras andaluces aparece consagrada en el artículo 58.2.4º del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Entre su contenido se reconoce también la regulación de los procedimientos de mediación, información y educación en el consumo y la aplicación de reclamaciones.

En este sentido, se plantean una serie de propuestas para atender la situación en la que se encuentran los derechos de los y las consumidoras en Andalucía. El objetivo es lograr una mejor financiación a las políticas de protección de los y las consumidoras, revisar y actualizar la legislación actual en esta materia, así como fomentar el asociacionismo, la mediación y el arbitraje en Andalucía.

  1. Incrementar el presupuesto autonómico destinado a las políticas de protección de las personas consumidoras. Actualmente es absolutamente insuficiente para dotar a las personas consumidoras de medidas de protección y transparencia en el ámbito del mercado.
  2. Reforzar los servicios de inspección en aquellos centros directivos que afecten de forma directa a relaciones con usuarios finales, incrementando la actividad de control de mercado.
  3. Revisar y actualizar el régimen sancionador recogido en la Ley de Defensa y Protección de las personas consumidoras en Andalucía, con incremento de cuantías y revisión de tramos en función del nivel de gravedad de la infracción, garantizando la función disuasoria de las sanciones.
  4. Reconocer expresamente el carácter de interesado en el procedimiento sancionador para el consumidor individual denunciante.
  5. Definir y desarrollar un plan estratégico en materia de consumo en el ámbito de la comunidad autónoma estableciendo estrategias de protección de las personas consumidoras y usuarias desde una óptica transversal e implicando a todas las áreas del Gobierno andaluz.
  6. Crear en Andalucía de un sistema público de mediación como mecanismo de solución extrajudicial de los conflictos con la colaboración y la concertación de las organizaciones de consumidores/as y usuarios/as y el sector empresarial.
  7. Incrementar el apoyo y mejorar el Sistema Arbitral de Consumo como un instrumento para la resolución extrajudicial de los conflictos en materia de consumo y alternativa a la vía judicial
  8. Desarrollar campañas de fomento del asociacionismo. Modificar las herramientas administrativas de fomento y la regulación de las ayudas públicas existentes en aras de potenciar un movimiento de consumidores/as potente, de forma que las organizaciones puedan ejercer su papel de agentes económicos y sociales con eficacia.
  9. Crear la Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores y las Consumidoras, que concentre las competencias en materia de protección de los consumidores/as una sola estructura administrativa, que actúe de forma global y coordinada con el resto del Ejecutivo, y que tenga autonomía para ello.
  10. Establecer un mayor control y contundencia en la respuesta frente a prácticas publicitarias que atentan contra los derechos de los/as consumidores/as y la dignidad de las mujeres. En particular, reforzar el control y la sanción sobre la actividad publicitaria ilegal, especialmente aquella que presenta a las mujeres de forma vejatoria y discriminatoria, bien utilizando directamente sus cuerpos o partes del mismo como meros objetos desvinculados del producto que se pretende promocionar, bien utilizando la imagen de las mujeres asociada a comportamientos estereotipados que atentan contra la igualdad de género y fomentan el sexismo desde edades muy tempranas.
  11. Reforzar la protección del consumidor en relación con servicios esenciales (acceso a la vivienda, banca, telecomunicaciones, energía, etc.) y regular la protección de las personas consumidoras vulnerables y mínimos vitales, garantizando el acceso a servicios básicos de luz, agua y vivienda.

3.10. Prevención de incendios

La estacionalidad de los incendios forestales se está acabando. De hecho, la propia condición de los fuegos está cambiando. Se vuelven impredecibles, pueden llegar a tener carácter explosivo y llegan a ser inabarcables, inextinguibles. Son los llamados incendios de sexta generación que se dan cada vez con más frecuencia. La intensidad del fuego crea su propia meteorología, dificultando aún más si cabe la actuación en dicho incendio.

Pese a ello, en octubre de 2021 se despidieron a 700 bomberos forestales cada año, que sólo trabajan en la temporada de verano.

Actualmente hay unos 800 trabajadores/as temporales, la cifra casi se ha multiplicado por cinco en cinco años. En total, la plantilla del INFOCA está compuesta por unas 4.000 personas.

El envejecimiento de la plantilla es consecuencia de un bloqueo durante años de la entrada de nuevo personal. Durante una década, la tasa de reposición de la plantilla de AMAYA fue de cero y sigue siendo de cero para todo el personal que no está en INFOCA. No disponen de un Estatuto específico de bombero forestal que reconozca el riesgo y la penosidad del trabajo que realizan.

Por estas cuestiones y por el ataque que están sufriendo a través de una auditoría privada, que es tendenciosa y que se basa en datos inciertos, desde Por Andalucía vamos a poner marcha medidas para impedir la privatización de esta Agencia Pública.

  1. Garantizar la supervivencia de los montes invirtiendo en prevención de los mismos por medio de los bomberos forestales de INFOCA, asegurando la estabilidad laboral y condiciones de trabajo dignas para la plantilla.
  2. Transformar los contratos en fraude de ley del personal eventual del dispositivo INFOCA en contratos fijos discontinuos tal y como reconoce la jurisprudencia.
  3. Garantizar que todas las vacantes estructurales del dispositivo INFOCA pertenecientes al grupo operativo (bomberos forestales especialistas, bomberos forestales conductores de VCI y bomberos forestales técnicos de operaciones), sean ocupadas con personal interino mientras estas plazas puedan ser ocupadas a través de ofertas públicas de empleo.
  4. Garantizar que las ofertas públicas de empleos sean anuales, tal y como indica el propio convenio colectivo, con la tasa de reposición del 100%.
  5. Proceder al pago del complemento de antigüedad para el personal de la Agencia AMAYA, por tratarse de las únicas trabajadoras y trabajadores públicos a los que no se les reconoce este derecho.
  6. Reclamar ante la Seguridad Social el coeficiente reductor para los bomberos forestales y garantizar una segunda actividad digna llegado el límite de edad de permanencia en primera línea de fuego.
  7. Realizar las acciones pertinentes ante los competentes para que se reconozcan como enfermedades profesionales las generadas por la actividad de los bomberos forestales.
  8. Constituir un Grupo de Trabajo en el Parlamento de Andalucía, relativo a la prevención social y la extinción de grandes incendios en Andalucía.
  9. Poner en marcha el plan forestal andaluz.