Por Andalucía

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Programa de Gobierno

EMPLEO DE CALIDAD

Andalucía continúa padeciendo un paro que se sitúa en torno al 20%, totalmente inasumible (según la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro es de un 16,2% en hombres y de un 23,2%). La promesa electoral del PP de los 600.000 empleos se ha quedado en eso, una promesa, tras una legislatura en las mismas o peores condiciones que antes. El paro estructural; el desempleo juvenil; la brecha de género, tanto en cifras de empleo como en salarios; la precariedad, la estacionalidad, la temporalidad y la parcialidad del empleo andaluz arrojan cifras negativas que hacen que siga siendo el principal problema a afrontar.

El desempleo se ha cronificado como la principal preocupación de los y las andaluzas. Sin un trabajo digno, desarrollar una vida resulta prácticamente imposible. Es el carácter de “digno” es el que supone entender que nadie que esté trabajando debería ser pobre. Desgraciadamente, esta realidad tiene lugar en Andalucía y la alternativa nunca debería ser tener que emigrar forzosamente por falta de oportunidades.

Es necesario y urgente avanzar hacia un cambio del modelo productivo al tiempo que debemos articular políticas activas de empleo con medidas a medio-largo plazo basadas principalmente en la formación y recapacitación de trabajadores/as y empresas al tiempo que se debe trabajar en planes extraordinarios de empleo. Tareas en las que el gobierno andaluz de las derechas, con el apoyo de la ultraderecha, ha suspendido: la falta de voluntad para cambiar el modelo productivo; la inejecución de recursos en políticas activas de empleo (más de 1.500 millones de euros sin ejecutar en tres años); y la incapacidad de poner en marcha ningún plan extraordinario de empleo (es más, el plan ordinario con los ayuntamientos, que solo se ha convocado en 2020, salió con un recorte de 113 millones de euros).

Junto a ellos, las medidas con las que nos comprometemos desde Por Andalucía no se olvidan que la Junta de Andalucía es el principal empleador de Andalucía, tanto directamente con nómina de la administración, como indirectamente a través de los contratos de obras, servicios y principalmente servicios cuyo responsable último es la Administración Autonómica. Sin embargo, las personas que llevan a cabo esos trabajos, servidores públicos, en demasiadas ocasiones lo hacen en unas condiciones de precariedad totalmente insostenibles e inexplicables.

Políticas activas de empleo

  1. Apoyar y acompañar la labor del Ministerio de Trabajo y su política, anclada en el diálogo social, de protección del empleo y las iniciativas frente a la precariedad, continuando con los aumentos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y otros avances pendientes tras la reforma laboral. A este tenor, poner en marcha una mesa permanente con agentes sociales y económicos para realizar el seguimiento exhaustivo y articular medidas en los expedientes de reducción de plantillas en las empresas andaluzas.
  2. Aprobar un plan de choque en empleo, dotado con los más de 1.500 millones de euros no ejecutados en estos años, centrado en los colectivos más castigados y con mayor riesgo de precariedad por la crisis del empleo (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años), y que entienda el empleo como un instrumento fundamental para la inclusión social.
  3. Asegurar el cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas, atendiendo al cumplimiento de la obligación por parte de las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras.
  4. Establecer un complemento autonómico para los ERTES a trabajadores y trabajadoras con salarios más bajos mientras la situación actual persista.
  5. Aprobar un plan de empleo a través de los ayuntamientos, consignado con 400 millones de euros para el año 2023 y con 300 millones de euros para el año 2024, incorporando las mejoras planteadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), principalmente la relativa a articular las ayudas a los salarios según los convenios municipales.
  6. Impulsar el Programa de Transición al Empleo, con transferencias a las Entidades Locales, especialmente las menores de 20.000 habitantes, para el impulso de proyectos que tengan una incidencia directa en la generación de empleo estable.
  7. Aprobar el Plan “Trabajar para vivir”, con medidas encaminadas a garantizar la conciliación laboral, la incorporación de programas de deporte en ámbitos laborales, el fomento del teletrabajo (tanto en el sector público como el privado) y con partidas presupuestarias orientadas a investigar la implantación de la jornada de cuatro días.
  8. Poner en marcha de manera urgente un programa de empleo a través de incentivos directos a empresas, principalmente a Pymes y autónomos/as, para la contratación de personas desempleadas con obligación de mantenimiento del empleo al menos durante dos años.
  9. Aprobar el Plan por la Calidad del Empleo en Andalucía, como herramienta frente a la precariedad y la siniestralidad laboral, implementando, como en otras comunidades están haciendo, un refuerzo autonómico en la inspección laboral.
  10. Revisar los protocolos y actuaciones del sistema público de salud en Andalucía, respecto de la valoración de las enfermedades profesionales, que simplifiquen la detección, gestión y tramitación de las declaraciones de enfermedad profesional por parte del personal del Servicio Andaluz de Salud.
  11. Impulsar una convocatoria específica para personas que cuiden a familiares dependientes, con el fin de reconocer profesionalmente su experiencia laboral en materia de dependencia, dando prioridad en la convocatoria a mujeres que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.

Una contratación pública al servicio de la calidad del empleo y lo hecho en Andalucía

  1. Impulsar dentro de los primeros 100 días de gobierno una Ley Andaluza para una Contratación Pública Económica, Social, Medioambiental y Laboralmente Sostenible, que establezca las bases, a través de la cual se garanticen condiciones laborales dignas de las y los servidores públicos que prestan los servicios al tiempo que protejamos a nuestro tejido empresarial, nuestras Pymes, autónomos/as y se favorezca el suministro de lo hecho en Andalucía:
    1. La Ley afectará a todas las administraciones: la administración autonómica, a las universidades, a los ayuntamientos y diputaciones en programas financiados al 60% por la Junta de Andalucía y al resto de administraciones que quieran adherirse.
    2. Nuevos paradigmas en la contratación: se podrá contratar externamente únicamente cuando se trate de una actividad impropia o por razones coyunturales.
    3. Mejora y ampliación de los mecanismos control cumplimiento contratos.
    4. Factor Precio se descompone en dos criterios para favorecer el principio calidad-precio. Por un lado, lo que la administración va a desembolsar y por otro los retornos que va a recibir fomentando lo hecho en Andalucía y las mejores condiciones laborales y salariales.
    5. Garantizar el empleo de calidad: desde el principio “igual trabajo, igual salario” hasta incorporar en los criterios de adjudicación la generación y la calidad del empleo.
    6. Fomentar lo hecho en Andalucía: la menor huella de carbono, fomentando la compra de cercanía, se valorará a la hora de adjudicar un contrato de suministro.
    7. Más transparencia y participación para favorecer el acceso a los contratos a Pymes, autónomos/as y cooperativas.

Función Pública: cuidar a quienes nos cuidan

  1. Aprobar la Ley de Función Pública, que por fin solucione el problema de catalogación de los grupos profesionales de las y los trabajadores y garantice la estabilidad de todo el personal funcionarial o laboral en fraude de ley (interinos) por abuso de la temporalidad.
  2. Incorporar a los y las profesionales jóvenes con estabilidad y retribución adecuada en los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, etc.), para dar garantía de continuidad y recambio generacional, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
  3. Regular la incompatibilidad del ejercicio público-privado en servicios sociales, con especial preocupación para que estas profesiones tengan salarios dignos y jornadas adecuadas y estabilidad laboral en el empleo público.
  4. Aprobar la Ley de Policías Locales, participada por los Ayuntamientos y sindicatos, que fije de forma justa los requisitos para acceder a los procedimientos selectivos para el ingreso por el turno libre en los cuerpos de la Policía Local de Andalucía.