Por Andalucía

BQ10

Programa de Gobierno

ANDALUCISMO, DEMOCRACIA, CULTURA, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS

10.1 Andalucismo del S.XXI

El andalucismo del s. XXI, más allá de ser entendido como una cuestión puramente estética o nostálgica, tiene que tener un trasfondo real con propuestas y soluciones concretas ante problemáticas del día a día.

Las fuerzas políticas andaluzas que realmente estén decididas a trabajar para y por Andalucía, deben poner a nuestra tierra en el centro de sus políticas tanto sociales, como culturales, medioambientales y económicas.

Por Andalucía considera que el peso de la población y de las necesidades de Andalucía debe tener una importante presencia en el Parlamento andaluz para poder hacer posible la imprescindible transformación de Andalucía como pueblo desde políticas progresistas y conscientes de la realidad que arroja el siglo XXI.

Aspirar a gobernar Andalucía supone, hoy por hoy, llevar a su máximo exponente las posibilidades que ofrece nuestro Estatuto de Autonomía. Esta forma de estar en política, desde el pragmatismo y la coherencia, es la que permite entender y defender la identidad colectiva que ha construido el pueblo andaluz a lo largo de su historia. Es necesario que hablemos de sus problemas, pero también tenemos la obligación de aportar soluciones para seguir avanzando, teniendo como referencia nuestra propia historia al mismo tiempo que la realidad que se impone en este s. XXI.

Defensa y ampliación de la autonomía andaluza

  1. Explorar, desarrollar e impulsar al máximo las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
  2. Asumir el compromiso de defensa de nuestras instituciones de autogobierno y reivindicar el modelo de Estado federal, defendiendo los intereses de Andalucía dentro de las instituciones políticas del Estado, sea cual sea el signo político del Gobierno central.
  3. Empujar con propuestas propias para que el Gobierno central avance en un proceso de desconcentración de las instituciones del Estado en Andalucía como elemento clave ante el reto demográfico y la reactivación económica.
  4. Solicitar la reactivación de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Andalucía, contemplada en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y paralizada desde el año 2011, al no haber sido convocada por los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía.
  5. Reforzar la participación y la presencia de la delegación de la Junta de Andalucía en la Unión Europea, con el objetivo de defender los intereses de Andalucía en el proceso de elaboración de normativa comunitaria y promocionar la cultura y economía andaluza en el exterior.
  6. Garantizar en Andalucía el carácter civil de los actos oficiales, incluida la toma de posesión de los cargos públicos, los funerales de Estado, lutos oficiales e izados de bandera, entre otros, evitando cualquier tipo de connotación, rito o simbología religiosa.

Andalucía: una historia compartida

  1. Reconocer y poner en valor el pensamiento, la vida y la obra de Blas Infante, padre de la patria andaluza, contando para ello con la Fundación Blas Infante, las asociaciones para la Memoria Histórica, los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía y la Ruta de Blas Infante.
  2. Incorporar en los programas educativos contenidos en los que se den a conocer los hitos claves en la historia de Andalucía, así como los de nuestra autonomía con el estudio de los hitos del 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980 profundizando en el Andalucismo histórico.
  3. Fomentar y apoyar al tejido asociativo organizado fuera de Andalucía, que tenga como objetivo impulsar y divulgar las identidades y la cultura andaluza, así como generar puntos de encuentro entre andaluces y andaluzas emigradas.

10.2 Profundización Democrática

Las derechas dijeron que vinieron a cambiarlo todo, pero no han cambiado nada. En todo caso, Andalucía se encuentra peor que antes de su llegada a las instituciones. Andalucía ha sufrido la lacra de la corrupción durante muchos años y sigue siendo unos de los principales problemas que preocupan a los andaluces y las andaluzas. El Gobierno actual, por mucho que se esfuerce en disimularlo, no ha estado exento de polémica.

Ha destacado por su incoherencia: cuando prometió que se iban a reducir el número de altos cargos, los aumentó; cuando dijo que retirarían su indemnización por vivienda, las mantuvo; y cuando las prácticas clientelares pasaron a ser su máxima en el proceso de colocación de cargos públicos.

Pero también ha destacado por sus casos de corrupción. El corredor del Mediterráneo de la corrupción, que pasa por Baleares, Valencia y Murcia, también ha llegado a Andalucía. Desde la implicación de Javier Arenas en los sobresueldos del PP, la detención del vicepresidente de la Diputación de Almería o la imputación de la consejera de Agricultura.

Andalucía no se puede permitir una legislatura más del PP. No se puede seguir consintiendo que sigan instaladas prácticas que confunden lo público con lo privado; los intereses de un partido con el interés general.

Participación Ciudadana

  1. Garantizar y llevar a su máximo grado de cumplimiento el desarrollo efectivo de la Ley de Transparencia y la Ley de Participación Ciudadana en Andalucía.
  2. Modificar las figuras del Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas para lograr mayor capacidad de vigilancia, control y persecución de las acciones de las instituciones, procurando la máxima independencia y acentuando para ello su carácter técnico; así como abrirla a la participación de la sociedad civil organizada y dotarlas de medios suficientes para ejercer un control efectivo.

Una democracia mejor

  1. Asegurar la imparcialidad y la dotación de medios suficientes de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía, e instar a llevar a cabo una investigación contra los casos de fraude y corrupción del Gobierno de la Junta de Andalucía en la pasada legislatura.
  2. Suprimir los aforamientos y limitar el mandato presidencial a dos legislaturas.
  3. Presentar una nueva Ley Electoral de Andalucía, actualizada al tiempo actual, que entre otras medidas contemple: un régimen de compatibilidades que no prime la dedicación profesional privada sobre la pública, garantizar un sistema electoral más proporcional y la contención del gasto en las campañas electorales.
  4. Impulsar, en coordinación con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, medidas para eliminar la brecha de género y la brecha territorial existentes en nuestra comunidad autónoma, así como una regulación para el control de los algoritmos en redes sociales, que permita conocer cómo son tratados los datos personales y eliminar la desigualdad en la venta online de productos y servicios.
  5. Implantar de forma inmediata la lectura fácil y/o el lenguaje claro en todos los documentos, comunicados, publicaciones y publicidad institucional (en este caso también a través del subtitulado y por medio del uso de intérprete de LSE) que lleve a cabo la administración autonómica o, en su defecto, las empresas, colectivos y/o entes en los que la Junta de Andalucía haya licitado o delegado algún servicio público, debiendo llevar un seguimiento mensual de los anuncios y publicaciones realizadas.
  6. Regular la rendición de cuentas del Gobierno andaluz en funciones tras la celebración de elecciones, así como ejecutar y dar cumplimiento a las iniciativas de impulso aprobadas en el Parlamento de Andalucía.

10.3 Cultura

La cultura andaluza se configura como un eje vertebrador de su sociedad; como una parte esencial de la identidad del pueblo andaluz y como un antídoto contra la desigualdad. Sin la cultura, la transformación y evolución de los pueblos no es posible. Es por esta razón que Por Andalucía le da una singular importancia.

Así quedó reflejado durante la pandemia. El sector de la cultura actuó como salvavidas contra la soledad y la ansiedad en los momentos más duros del confinamiento. Sin embargo, a pesar de su imprescindible contribución para la sociedad y como factor de desarrollo económico, trabajar en el sector de la cultura en muchas ocasiones es sinónimo de precariedad y desprotección.

Más allá de las propias personas que hacen posible la cultura, cuidar a la cultura significa también cuidar el patrimonio andaluz, uno de los más valiosos a nivel internacional. Tanto para las personas como para el patrimonio andaluz, una mayor inversión en cultura es la condición necesaria para lograr un mejor modelo de sociedad y para ahondar en nuestra conciencia e identidad y nuestros valores puestos al servicio de la sociedad del s. XXI.

Apoyo a la producción y el fomento de la cultural

  1. Organizar un Grupo de Trabajo con entidades sindicales y agentes de los distintos sectores culturales para atender a las principales demandas de sus profesionales, teniendo en cuenta la cambiante realidad producida tras la pandemia y sus secuelas económicas, para poder así desarrollar las políticas públicas adecuadas y en sintonía con las medidas del Estatuto del Artista.
  2. Promover actuaciones que potencien el conocimiento del trabajo de las mujeres creadoras, impulsando y apoyando el espíritu emprendedor en las iniciativas empresariales de carácter cultural o artístico, promovidas y lideradas por mujeres en Andalucía.
  3. Desarrollar la Ley de Cine y la Ley Audiovisual de Andalucía, cuyo desarrollo ha sido incumplido por el gobierno andaluz a pesar de haber sido aprobadas por unanimidad.
  4. Crear un bono cultural para todas las iniciativas culturales dependientes de la Junta de Andalucía y eliminar las tasas para la entrada, el uso y la cesión de los espacios museísticos.
  5. Asegurar la estabilidad económica de las Orquestas Institucionales e impulsar las Enseñanzas de Régimen Especial bajo el concepto de Educación permanente en conservatorios, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas.
  6. Fomentar la difusión, conocimiento y puesta en valor de la cultura del pueblo gitano en Andalucía en todos aquellos medios de comunicación públicos, especialmente la RTVA.

Patrimonio

  1. Aumentar el personal en los principales enclaves culturales de Andalucía, por medio de convocatorias públicas y abiertas, para mejorar tanto la calidad del empleo como la difusión, conocimiento y conservación de nuestro patrimonio cultural, histórico y arqueológico
  2. Promover que las entidades locales puedan colaborar con la administración competente en materia de patrimonio cultural, específicamente en las labores de tutela y protección, con el objeto de lograr una mejor definición de su patrimonio.
  3. Proceder a inventariar el patrimonio inmatriculado en Andalucía por la Iglesia al amparo de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario, creando para ello comisiones mixtas provinciales, en las que participen las entidades locales y asociaciones patrimonialistas.

Flamenco

  1. Debatir con el propio sector y aprobar, si así se considera, una Ley del Flamenco en Andalucía.
  2. Garantizar desde la institución pública el apoyo financiero para todas las entidades organizadoras de actuaciones y festivales de flamenco en Andalucía.

10.4 Memoria: verdad, justicia y reparación

La memoria es la herramienta de la que disponen los pueblos para dignificar a todas aquellas personas que a lo largo de la historia han sido víctimas de algún tipo de opresión o violencia.

La llegada de la ultraderecha a las instituciones ha puesto en jaque los grandes consensos y avances alcanzados en los últimos tiempos. Las políticas relativas a la Memoria Histórica y Democrática son también objeto de esta ofensiva. Los herederos ideológicos del franquismo tienen obsesión por retorcer el relato de una de las épocas más negras de nuestra historia y por evitar el reconocimiento social a todas las víctimas que exigen verdad, justicia y reparación. La parálisis de las políticas de Memoria Histórica del Gobierno andaluz es un claro ejemplo, ya que solo se limitan a cumplir con las tareas pendientes del Gobierno anterior.

  1. Cumplir con todo el contenido de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (LMDHA). Para ello es necesario el desarrollo normativo de la Ley, priorizando el régimen sancionador y un nuevo protocolo de exhumaciones, así como la creación de un banco de ADN y un censo de víctimas. Para controlar la acción del ejecutivo en Memoria Democrática y el cumplimiento de sus obligaciones se creará una comisión parlamentaria.
  2. Poner en marcha líneas de financiación para investigaciones que avancen en la recuperación y difusión en materia memorialista, así como impulsar un plan de digitalización de archivos de la Guerra Civil y la Dictadura.
  3. Reclamar oficialmente al Gobierno central la desclasificación de toda la documentación que guarde relación con hechos acontecidos en Andalucía, así como la de toda la documentación incautada en Andalucía por las fuerzas golpistas durante la Guerra civil y el franquismo.
  4. Instar al titular de la Basílica de la Macarena a que, en el plazo de un mes como máximo, proceda con la exhumación del golpista Queipo de Llano por sus vínculos con la Dictadura franquista y como dirigente militar del fracasado golpe de estado que dio inicio a la Guerra civil. En el caso de no cumplir con sus obligaciones legales, será la Junta de Andalucía la que realice la exhumación, actuando de oficio de acuerdo con las competencias que establece la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.
  5. Proceder a la catalogación e inmediata retirada de toda simbología franquista, imponiendo las sanciones pertinentes, cuando corresponda, a la administración incumplidora.
  6. Inscribir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.6 de la LMHDA, en el Catálogo de Lugares y Senderos de la Memoria, la carretera Málaga-Almería, como Sendero de la Memoria, y La Colonia de Víznar como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía.
  7. Incorporar a los planes de formación del profesorado, en aplicación del artículo 47 de la LMHDA, la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía, respecto al periodo comprendido entre 1931 y el final de la Transición.
  8. Poner en marcha procesos de verdad, justicia y reparación sobre la represión sexuada de las mujeres con la creación de comisiones de investigación y mecanismos de recogida de testimonios, con medidas efectivas y especial atención en instituciones como las cárceles, el Patronato de Protección a la Mujer, las Salas de Mujeres de los Manicomios y la Sección Femenina.
  9. Investigar y reparar el robo de la maternidad practicado sistemáticamente durante el franquismo y ya en democracia, no solo en cárceles y maternidades del Patronato, sino también en hospitales públicos. Recuperar también los lugares vinculados a estos hechos, resignificando espacios de tortura, violencias y represión en espacios de memoria y reivindicación del papel de las mujeres en la resistencia antifranquista y su lucha por el derecho al aborto y la conquista de derechos y libertades.
  10. Implementar medidas que favorezcan la inclusión de la memoria de la represión a las mujeres y sus luchas en el ámbito educativo: en el currículum y en materiales y recursos educativos.

10.5 Andalucía cuna de la multiculturalidad y de los Derechos Humanos

La historia de Andalucía se construye gracias al crisol de culturas que han habitado su tierra, comenzando por la propia cultura autóctona. La convivencia entre culturas heterogéneas ha posibilitado que tengamos uno de los patrimonios más ricos y una población con una mentalidad abierta y alineada con los Derechos Humanos.

Por desgracia, en estos últimos años se han tenido que presenciar actos racistas y de acoso contra la población migrante practicados por la ultraderecha en Andalucía.

Igual de preocupante resulta que la Junta de Andalucía durante los últimos años haya estado dando carta de naturaleza al radicalismo más xenófobo y racista que se ha conocido en las instituciones del país desde la democracia. Todo ello, mientras que se reducía el gasto para las políticas de acogida de personas migrantes o mientras que se recortaba el presupuesto para  Cooperación Internacional.

Distraer la atención centrando el foco del problema en el odio al diferente, es una de las maneras más ruines de estar en política y es indicativo de la falta de propuestas. Por todo ello, urge revertir esta situación y poner límites al intolerante.

  1. Combatir la criminalización contra la población migrante y, en particular, contra los menores no acompañados, así como aumentar el número de profesionales que atienden a estos menores y poner en marcha un protocolo homogéneo de atención a los mismos.
  2. Implementar un programa social de transición para los menores extranjeros no acompañados una vez cumplida la mayoría de edad con medidas de acompañamiento, vivienda, inserción socio laboral, para garantizar a medio plazo la acogida integral en previsión de la posible evolución de la llegada de menores a nuestras costas, asegurando las dotación suficiente de recursos de equipamiento, técnicos, humanos y económicos.
  3. Garantizar que los menores y las menores que migran solos reciben un tratamiento acorde a la Convención sobre los Derechos de la Infancia, considerando siempre su condición de menores por delante de su estatus migratorio. Dentro de la prioridad de su tratamiento como niños, niñas y adolescentes, es relevante evitar su segregación en instituciones ad hoc, así como las medidas que impidan su socialización.
  4. Asegurar que el Servicio Andaluz de Empleo priorizará entre sus objetivos la superación de la segregación ocupacional y laboral. En este sentido, se prestará especial atención a la discriminación y sobreexplotación de las mujeres migrantes y con discriminaciones múltiples, favoreciendo su plena integración social y laboral.
  5. Mejorar la gestión del trinomio inmigración-crisis-campo andaluz, poniendo en marcha un programa, en colaboración con el sector empresarial concernido y los ayuntamientos del entorno, para erradicar los asentamientos chabolistas de temporeras en Huelva y Almería, dotando de alojamientos dignos a las trabajadoras que resultan esenciales para el desarrollo de la actividad.
  6. Combatir cualquier tipo de discriminación o acto racista que vulnere los derechos fundamentales del pueblo gitano en Andalucía, e impulsar políticas públicas para la formación, el empleo y la lucha contra la segregación escolar.
  7. Impulsar en todos los niveles, por justicia y coherencia, la solidaridad con las reivindicaciones de los pueblos saharaui y palestino. Y se solicitará la creación del Intergrupo Parlamentario “Paz en el Sáhara” en el Parlamento de Andalucía.
  8. Declarar Andalucía como Comunidad libre de trata y llevar a cabo la realización de un memorial que repare a las víctimas de la trata de personas de todos los tiempos.
  9. Revertir los recortes en la política andaluza en Cooperación Internacional y trabajar por el fortalecimiento de la cooperación internacional como seña de identidad propia recogida en el Estatuto de autonomía, considerándola una política necesaria para promover soluciones globales para problemas globales.
  10. Garantizar que los presupuestos autonómicos hagan suyo el principio de solidaridad del Fondo Europeo de Reconstrucción, a través de una vigorosa política andaluza en Cooperación Internacional que se aproxime a la senda del 0,7%.
  11. Aumentar la partida para las convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBIQ+, acción social y voluntariado, en el ámbito de la consejería con competencias en Igualdad y publicarlas antes de la finalización del primer trimestre de la anualidad.
  12. Impulsar una Ley Autonómica Antirracista, por la que se creará un organismo específico de asistencia a víctimas que recogerá las denuncias presentadas por actos de racismo y discriminación.
  13. Crear un Observatorio Penitenciario, de Migraciones y Frontera Sur, que vele y garantice el cumplimiento de los Derechos humanos.
  14. Elevar al Gobierno central cuantas peticiones, medidas y recursos sean necesarios hasta lograr la total erradicación de los CIES en nuestra comunidad.
  15. Frenar y revertir los recortes en integración de la inmigración y vigilar estrictamente el mal uso y desvío de fondos de uso finalista que puedan estar realizando ayuntamientos y diputaciones.
  16. Suprimir las trabas administrativas que impiden el acceso normalizado de las personas extranjeras en situación documental irregular a los servicios de escuela infantil, comedor escolar y de sanidad, admitiendo para el trámite la declaración jurada de ingresos, tal y como ya se hace para otros trámites administrativos de la propia Junta de Andalucía.