Por Andalucía propone garantizar citas médicas en 48 horas, frenar la especulación en vivienda y reforzar los servicios públicos
La coalición Por Andalucía ha presentado esta mañana en el Parlamento andaluz sus principales líneas programáticas en un desayuno informativo con medios de comunicación, en el que han participado Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida en Andalucía y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta; Esperanza Gómez, coportavoz de Movimiento Sumar Andalucía, parlamentaria y candidata por la provincia de Cádiz; José Antonio Jiménez, coportavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz y candidato por la provincia de Huelva; y Rafael Sánchez Rufo, responsable institucional de IU Andalucía y candidato por la provincia de Granada.
Durante el encuentro, los representantes de la coalición han defendido un programa centrado en garantizar derechos básicos y mejorar las condiciones de vida de la mayoría social andaluza, apostando por el refuerzo de los servicios públicos frente a las políticas de privatización y debilitamiento de los mismos por parte del gobierno andaluz de Moreno Bonilla.
Además, han anunciado el inicio de un proceso programático participativo con el que recorrerán las ocho provincias andaluzas, impulsando encuentros sectoriales con colectivos sociales, profesionales y ciudadanía.
El objetivo es enriquecer el programa electoral, concebido como una herramienta viva y fundamental para transformar Andalucía. En este sentido, han subrayado que sus propuestas parten de cuatro años de intenso trabajo parlamentario, así como de la construcción de alianzas con quienes se han opuesto y han sufrido las políticas de Moreno Bonilla y del Partido Popular.
En materia sanitaria, Por Andalucía ha planteado como objetivo prioritario asegurar que cualquier ciudadano pueda obtener una cita con su médico de atención primaria en un plazo máximo de 48 horas. Para ello, han defendido el refuerzo de las plantillas del sistema público, la eliminación de intermediarios y el fin de los procesos de privatización impulsados por el Gobierno del Partido Popular.
En el ámbito de la vivienda, la coalición ha sido contundente al reclamar un freno a la especulación, proponiendo la prohibición de nuevas viviendas turísticas en Andalucía y la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda. Entre sus medidas destacan el control de precios del alquiler y la creación de un parque público de vivienda con precios asequibles ajustados a la renta de las familias, alejados del mercado especulativo.
Asimismo, han subrayado la necesidad de reforzar la educación pública como eje de igualdad, apostando por la reducción de ratios en las aulas, el aumento de recursos para el alumnado con necesidades específicas y el apoyo al profesorado para mejorar la calidad educativa en todas las etapas. En este sentido, han defendido el fin progresivo de los conciertos educativos, con una posición clara: concierto que finalice, concierto que no se renueva, avanzando hacia un sistema plenamente público que garantice la equidad y la igualdad de oportunidades.
Los portavoces han concluido señalando que Andalucía necesita un cambio de rumbo político que sitúe en el centro a la mayoría social trabajadora, defendiendo que “Andalucía tiene solución con un gobierno que luche por Andalucía”.